El sicario de la Mara Salvatrucha, Irving Humberto Linares, alias «Mico» o «Demente», fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para expulsarlo hacia El Salvador.

Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), lo arrestaron en la aldea San Jerónimo, El Tumbador, San Marcos, ar suroeste de Guatemala.

«Se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que será expulsado a su país de origen para que sea procesado por agrupaciones ilícitas», publicó la PNC de Guatemala.

En esa nación no tiene antecedentes de algún delito que haya cometido, pero al estar indocumentado y verificar que es un miembro activo de la MS, lo dejaron en detención para entregarlo por un punto fronterizo, a la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Tampoco se ha informado que sea reclamado por algún tribunal salvadoreño, pero por ser pandillero una vez sea expulsado hacia El Salvador, será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.

El marero será incorporado a un expediente único presentado en los tribunales de crimen organizado para que en los próximos dos años enfrente la audiencia en la que un juez dictará una resolución.

El año pasado la Policía del vecino país detuvo a 93 pandilleros, a 47 los entregaron a El Salvador, por tener órdenes de captura por agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidio, tráfico ilícito, limitación ilegal a la libertad de circulación, y otros delitos de crimen organizado.

Otros 46 quedaron detenidos y procesados en esa nación por delitos relativos a las drogas, extorsión, tráfico de drogas y homicidio.

En lo que va de 2026, en Guatemala, han sido detenidos más de 15 pandilleros quienes fueron expulsados hacia El Salvador, a varios los capturaron en México.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.

“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.

Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.

Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.

Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.

La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.

Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.

En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.

El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.

El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.

La estrella colombiana Shakira dará al menos media docena de conciertos en Madrid en septiembre para cerrar su gira mundial, en sus primeras actuaciones en España en ocho años, anunció el lunes el gigante del entretenimiento en vivo Live Nation.

Por el momento, la artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la cantante, de 49 años, podría dar hasta diez en total.

«En un tiempo de tantas incertidumbres», el espectáculo será una «celebración» de «la vida» y «de toda la cultura latina», indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.

Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un «estadio Shakira», un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.

«España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a ver una producción nunca antes vista. Me hace mucha ilusión», afirmó Shakira en una entrevista publicada el domingo por el diario El País

La intérprete de éxitos como «Hips dont’ lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada «Las mujeres ya no lloran», el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap dirigida contra Piqué.

A principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400.000 fanáticos en un concierto gratuito en México.

En noviembre de 2023, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros.

Ya había abonado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación.