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Sigue la corrupción en Alcaldía de San Marcos
La municipalidad declaró desierta la licitación para disposición final de la basura, con la finalidad de tener un pretexto para prorrogar el contrato con la empresa de Salume.
La municipalidad de San Marcos del departamento de San Salvador, continúa reflejando los hechos de corrupción del pasado y esto se ha visto sensiblemente en la forma en que se están manejando los procesos de contratación de bienes y servicios, el último caso ocurrió el 23 de diciembre del presente año, pues a solamente horas del cierre administrativo de la Alcaldía, el Concejo Municipal de San Marcos decidió declarar desierto (invalidar) la contratación de servicio de disposición final de la basura, a pesar de contar con un ofertante que cumplía y estaba brindando condiciones más favorables para las finanzas municipales.
Con esta declaratoria, el favorecido es el Sr. Salume, ya que al no haberse formalizado el contrato de enero a diciembre del año 2022 a tiempo, a pesar que con esa finalidad se abrió el proceso de licitación, de acuerdo a una fuente interna de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de la alcaldía de San Marcos, las autoridades edilicias han dado instrucciones para que se prorrogue el contrato para seguir disponiendo la basura recolectada en el municipio en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra PULSEM, empresa propiedad del Sr. Salume. Según la fuente el contrato qu vencía y que se prorrogará ilegalmente es más oneroso que el monto ofertado por la sociedad que participó en la Licitación y que técnica y legalmente cumplía con las condiciones para ser adjudicada.
Cabe recordar que el contrato entre la municipalidad de San Marcos y la empresa de Salume fue acordado por la anterior administración edilicia, a cargo del FMLN, lo que significó un mayor costo por la disposición final de la basura, además que la fuente resaltó que internamente se cuestionó por qué se contrataba una empresa que tenía tantos señalamientos públicos por el mal manejo de los desechos sólidos depositados en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que repercute en la contaminación ambiental de la zona, cuyos proyectos están orientadas a convertirse en un corredor turístico del país.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
