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Sigue la corrupción en Alcaldía de San Marcos
La municipalidad declaró desierta la licitación para disposición final de la basura, con la finalidad de tener un pretexto para prorrogar el contrato con la empresa de Salume.
La municipalidad de San Marcos del departamento de San Salvador, continúa reflejando los hechos de corrupción del pasado y esto se ha visto sensiblemente en la forma en que se están manejando los procesos de contratación de bienes y servicios, el último caso ocurrió el 23 de diciembre del presente año, pues a solamente horas del cierre administrativo de la Alcaldía, el Concejo Municipal de San Marcos decidió declarar desierto (invalidar) la contratación de servicio de disposición final de la basura, a pesar de contar con un ofertante que cumplía y estaba brindando condiciones más favorables para las finanzas municipales.
Con esta declaratoria, el favorecido es el Sr. Salume, ya que al no haberse formalizado el contrato de enero a diciembre del año 2022 a tiempo, a pesar que con esa finalidad se abrió el proceso de licitación, de acuerdo a una fuente interna de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de la alcaldía de San Marcos, las autoridades edilicias han dado instrucciones para que se prorrogue el contrato para seguir disponiendo la basura recolectada en el municipio en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra PULSEM, empresa propiedad del Sr. Salume. Según la fuente el contrato qu vencía y que se prorrogará ilegalmente es más oneroso que el monto ofertado por la sociedad que participó en la Licitación y que técnica y legalmente cumplía con las condiciones para ser adjudicada.
Cabe recordar que el contrato entre la municipalidad de San Marcos y la empresa de Salume fue acordado por la anterior administración edilicia, a cargo del FMLN, lo que significó un mayor costo por la disposición final de la basura, además que la fuente resaltó que internamente se cuestionó por qué se contrataba una empresa que tenía tantos señalamientos públicos por el mal manejo de los desechos sólidos depositados en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que repercute en la contaminación ambiental de la zona, cuyos proyectos están orientadas a convertirse en un corredor turístico del país.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
