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Sigue la corrupción en Alcaldía de San Marcos
La municipalidad declaró desierta la licitación para disposición final de la basura, con la finalidad de tener un pretexto para prorrogar el contrato con la empresa de Salume.
La municipalidad de San Marcos del departamento de San Salvador, continúa reflejando los hechos de corrupción del pasado y esto se ha visto sensiblemente en la forma en que se están manejando los procesos de contratación de bienes y servicios, el último caso ocurrió el 23 de diciembre del presente año, pues a solamente horas del cierre administrativo de la Alcaldía, el Concejo Municipal de San Marcos decidió declarar desierto (invalidar) la contratación de servicio de disposición final de la basura, a pesar de contar con un ofertante que cumplía y estaba brindando condiciones más favorables para las finanzas municipales.
Con esta declaratoria, el favorecido es el Sr. Salume, ya que al no haberse formalizado el contrato de enero a diciembre del año 2022 a tiempo, a pesar que con esa finalidad se abrió el proceso de licitación, de acuerdo a una fuente interna de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de la alcaldía de San Marcos, las autoridades edilicias han dado instrucciones para que se prorrogue el contrato para seguir disponiendo la basura recolectada en el municipio en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra PULSEM, empresa propiedad del Sr. Salume. Según la fuente el contrato qu vencía y que se prorrogará ilegalmente es más oneroso que el monto ofertado por la sociedad que participó en la Licitación y que técnica y legalmente cumplía con las condiciones para ser adjudicada.
Cabe recordar que el contrato entre la municipalidad de San Marcos y la empresa de Salume fue acordado por la anterior administración edilicia, a cargo del FMLN, lo que significó un mayor costo por la disposición final de la basura, además que la fuente resaltó que internamente se cuestionó por qué se contrataba una empresa que tenía tantos señalamientos públicos por el mal manejo de los desechos sólidos depositados en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que repercute en la contaminación ambiental de la zona, cuyos proyectos están orientadas a convertirse en un corredor turístico del país.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que, tras el aparatoso accidente de un camión repartidor de bebidas sobre la carretera al Puerto de La Libertad, dos personas resultaron lesionadas.
“Al menos cinco personas resultaron lesionadas en el accidente ocurrido en el km 19½ carretera al Puerto de La Libertad”, reportó la PNC.
Las autoridades indicaron que en el percance estuvieron involucrados el camión repartido y otros vehículos particulares.
Agregaron que dos de los lesionados eran acompañantes del conductor del camión, quienes fueron trasladados a un centro médico cercano.
Por el momento el paso vehicular está cerrado debido a que el producto está esparcido sobre la carretera y equipos de primera respuesta realizarán el levantamiento de los escombros.
Como Jorge Ramírez, ha sido identificado el joven motociclista que falleció esta mañana al accidentase en el departamento de San Miguel Oeste.
Las autoridades informaron que la tragedia se reportó en carretera que conduce al distrito de San Jorge, cerca del cantón Placitas.
Según información compartida, Ramírez vivía en el cantón Conacastal, en cercanías donde se registró el accidente que acabó con su vida.
Las autoridades policiales llevaron a cabo las investigaciones pertinentes para determinar las causas del trágico accidente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de cárcel a los colombianos Luis Alberto Cuero, Yulian Duván Ortiz y Herminsuk Victoria Gamboa, por el delito de tráfico ilícito. Historia
Los ahora condenados fueron capturados el 23 de noviembre de 2024, durante una intervención realizada por la Marina Nacional a una lancha localizada a 406 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, en el departamento de La Paz, en la cual transportaban 2,000 kilos de cocaína.
La droga está valorada en más de $50 millones. En la vista pública se valoraron las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República, con base en las cuales el tribunal declaró responsables a los imputados.
