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Sigue la corrupción en Alcaldía de San Marcos
La municipalidad declaró desierta la licitación para disposición final de la basura, con la finalidad de tener un pretexto para prorrogar el contrato con la empresa de Salume.
La municipalidad de San Marcos del departamento de San Salvador, continúa reflejando los hechos de corrupción del pasado y esto se ha visto sensiblemente en la forma en que se están manejando los procesos de contratación de bienes y servicios, el último caso ocurrió el 23 de diciembre del presente año, pues a solamente horas del cierre administrativo de la Alcaldía, el Concejo Municipal de San Marcos decidió declarar desierto (invalidar) la contratación de servicio de disposición final de la basura, a pesar de contar con un ofertante que cumplía y estaba brindando condiciones más favorables para las finanzas municipales.
Con esta declaratoria, el favorecido es el Sr. Salume, ya que al no haberse formalizado el contrato de enero a diciembre del año 2022 a tiempo, a pesar que con esa finalidad se abrió el proceso de licitación, de acuerdo a una fuente interna de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) de la alcaldía de San Marcos, las autoridades edilicias han dado instrucciones para que se prorrogue el contrato para seguir disponiendo la basura recolectada en el municipio en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que administra PULSEM, empresa propiedad del Sr. Salume. Según la fuente el contrato qu vencía y que se prorrogará ilegalmente es más oneroso que el monto ofertado por la sociedad que participó en la Licitación y que técnica y legalmente cumplía con las condiciones para ser adjudicada.
Cabe recordar que el contrato entre la municipalidad de San Marcos y la empresa de Salume fue acordado por la anterior administración edilicia, a cargo del FMLN, lo que significó un mayor costo por la disposición final de la basura, además que la fuente resaltó que internamente se cuestionó por qué se contrataba una empresa que tenía tantos señalamientos públicos por el mal manejo de los desechos sólidos depositados en el botadero municipal del Puerto de La Libertad, que repercute en la contaminación ambiental de la zona, cuyos proyectos están orientadas a convertirse en un corredor turístico del país.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
