Nacionales
Señalan a exfiscal Douglas Meléndez y exjefe UIF, Jorge Cortez, son señalados de utilizar a un mismo testigo criteriado para “fabricar” sonados casos
El abogado Sergio Manuel Peñate Fajardo, quien formó parte del concejo municipal de Ayutuxtepeque y fue aspirante al cargo de coordinador general del partido político FMLN, hizo público este día que presentó denuncia penal en contra del exfiscal general de la República Douglas Arquímides Meléndez, los exjefes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Jorge Orlando Cortez y Tovías Armando Menjivar; los exfiscales Auxiliares, Héctor Nahún Martínez y David Ramírez Guevara; así como también contra otros agentes fiscales que aún se encuentran formando parte de la Fiscalía.
Los antes mencionados, fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de Omisión de Investigación, Fraude Procesal y Falso Testimonio (este último solamente en contra de Tovías Menjiva) ilícitos que habrían sido cometidos al manipular, alterar o suprimir información a través de los diversos testimonios que ha brindado el “testigo criteriado” que es un exjefe UIF, con los que se han aperturado varios expedientes en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y el exfiscal general Luis Martínez, uno de ellos el caso “Corruptela”, que de acuerdo al denunciante, fue “creado” bajo instrucción del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba su reelección y para ello necesitaba un “Show mediático” después de perder toda su credibilidad al otorgar un proceso abreviado al expresidente Elías Antonio Saca, con lo que evitó que se conociera la totalidad de los beneficios y provechos ilegales obtenidos como por ejemplo, el financiamiento ilícito al Partido ARENA, los sobresueldos de funcionarios públicos y “mentas” a periodistas.
Para el profesional del derecho, conforme a lo que ha podido verificar por información contenida en distintas notas de los medios de prensa, el caso “Corruptela” se fabricó con la declaración como testigo criteriado por parte del exjefe UIF y por las confesiones de cuatro fiscales auxiliares y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron presionados por sus propios compañeros fiscales asignados al caso, bajo la dirección de Jorge Orlando Cortez.
También destacó el abogado denunciante, que es curioso que casos que en teoría tienen líneas de investigación distintas, se encuentren sostenidos por las declaraciones del exjefe UIF. Solamente en el caso del expresidente Funes, existe una que fue formulada inicialmente para proceder contra el expresentador televisivo Jorge Hernández, otra en el expediente del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por movimientos financieros efectuados por el expresidente Francisco Flores, a través de cheques provenientes de Taiwán y que fueron a parar a organizaciones que manejaban los fondos de ARENA y la tercera, en el antes referido caso “corruptela” donde basado en el testimonio del exjefe UIF, en los tres casos, esas declaraciones han sido fundamento para emitir órdenes de captura contra Mauricio Funes.
Por otra parte, el denunciante manifiesta que con relación al exfiscal Luis Martínez, también el exjefe UIF aparece como testigo criteriado y con su testimonio perfila dos acusaciones en contra del primero, una es siempre en el caso corruptela y la otra en el conocido como caso “Rais Martínez” y en ambas brinda declaraciones contradictorias, de las que se desprenden indicios para considerar que sus confesiones se han ido ajustando para calzar con los hechos que la fiscalía pretendía probar.
De acuerdo a Peñate, no se trata con su denuncia, por ningún motivo justificar conductas que les son incriminadas ni a Mauricio Funes, ni al exfiscal Martínez, se trata de “defender la legalidad de las pruebas y el debido proceso que es una garantía del Estado de Derecho, del que forman parte integral los jueces, la fiscalía y en general todos los abogados en el libre ejercicio de la profesión, pues cualquier persona puede llegar a verse sometida a un proceso penal y en esa circunstancia es importante encontrarse con instituciones imparciales e independientes, que velen por los derechos y garantías de acusados y víctimas”.
Recordó además que él mismo tuvo que afrontar acusaciones infundadas, pero que al final prevaleció el derecho y la justicia, siendo ese el interés de poner bajo la lupa el trabajo de los agentes fiscales, pues hay una percepción generalizada que se trata de una institución que en ciertos casos se convierte en acusadora a ultranza, con pocas o nulas pruebas y en otros da la impresión de no proceder aunque existan hechos notorios que dan apariencia del cometimiento de delitos.
Sobre el uso de los testigos criteriados, Peñate no pasa por alto, que en múltiples ocasiones, a pesar que los casos se inician por las declaraciones de estos y se sostienen durante toda la etapa de instrucción, los Jueces que conocen de la vista pública no les acreditan veracidad porque se contradicen en elementos tan fundamentales de sus confesiones, que si se hubieran podido controvertir en etapas previas evitarían el desgaste jurisdiccional, pero más importante, significaría que una persona sobre la que no hay suficientes pruebas de culpabilidad no deba permanecer arbitrariamente entre 24 a 36 meses detenido en una bartolina o centro penitenciario.
Por eso, le parece emblemático que se revise la situación del exjefe UIF, quien también aparece como testigo criteriado en el caso tramitado contra Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”, donde ha manifestado, como lo hizo ver ya en una publicación del 23 de octubre de 2018, LA PRENSA GRÁFICA, que fue el exfiscal PORTADA (https://lanoticiasv.com) EN VIVO (https://lanoticiasv.com/cat/en-vivo) 19/12/2020 La Noticia Sv https://lanoticiasv.com/denuncian-que-exfiscal-douglas-melendez-y-exjefe-uif-jorge-cortez-utilizaron-a-un-mismo-testigo-crit 3/6 Martínez quien le ordenó el archivo del expediente 22UIF2014 en el que se investigaba a Chepe Diablo y otros allegados por delitos relacionados con Lavado de Dinero y Activos.
Pero, a pesar de estas afirmaciones, de acuerdo a Peñate una fuente judicial le confirmó que por esos hechos no existe acusaciones en el Juzgado 4º de Instrucción, como si hubo por supuestas dádivas en contra del expresidente Mauricio Funes. “¿Por qué se supone que el ex fiscal ordenó cerrar de forma contraria a la ley un expediente contra ‘Chepe Diablo’, pero resulta que en el caso corruptela, que se inició posteriormente no hay acusaciones contra este, por dádivas a Martínez, o se supone que cerró la investigación sin ningún beneficio?”, cuestionó.
Esta clase de contradicciones, son las que no dan certeza -a criterio del abogado- sobre el hilo conductor que se supone debía ser el testigo criteriado. Más parece que va saltando de proceso en proceso diciendo lo que se acomoda al caso, advirtió. “Hay que recordar que el criteriado, aún no se ha librado de ser procesado por los delitos por los que se le ha otorgado ese beneficio, pues para ello deben ser eficientes y eficaces sus declaraciones para las resultas del juicio”, apuntó.
Por último, también manifestó que en su denuncia hay una exigencia para que haya una revisión interna por posibles omisiones en la investigación. Por ejemplo, se ha dicho en distintos medios de prensa y es un secreto a voces en pasillos judiciales, que el caso “corruptela” inició como una investigación por situaciones sospechosas en el manejo financiero de Banco Promérica, S.A., pero luego nada se sabe de esta, sencillamente desaparece del proceso penal; también con respecto a por qué no se investigó y procesó a Oscar Ortiz, cuando aparece vinculado a “Chepe Diablo por dichos de peritos judiciales -según ciertos medios de prensa- a ciertas actividades que podrían ser constitutivas del delito de lavado de dinero, previno el abogado.
Nacionales
Motociclista sufre accidente y resulta con varias lesiones en Soyapango
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en la colonia San José, Soyapango.
En el lugar, un motociclista resultó lesionado tras accidentarse. Los paramédicos brindaron asistencia al hombre, quien presentaba varias lesiones en su cuerpo.
Luego de ser estabilizado, los equipos de primera respuesta trasladaron al motociclista a un centro médico cercano.y


Nacionales
Dos rastras chocan en la carretera a Metapán y una impacta contra una vivienda
Dos rastras colisionaron en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el occidente del territorio nacional.
Tras el fuerte impacto, una de las rastras se estrelló contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera.
La segunda rastra quedó a un costado de la carretera que conduce hacia Metapán y la frontera Anguiatú.
Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban orientando la circulación en la zona, debido a que uno de los carriles permanecía bloqueado.
Nacionales
Policía reporta 197 jornadas sin homicidios en lo que va de 2026
La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.
De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.








