Nacionales
Señalan a exfiscal Douglas Meléndez y exjefe UIF, Jorge Cortez, son señalados de utilizar a un mismo testigo criteriado para “fabricar” sonados casos
El abogado Sergio Manuel Peñate Fajardo, quien formó parte del concejo municipal de Ayutuxtepeque y fue aspirante al cargo de coordinador general del partido político FMLN, hizo público este día que presentó denuncia penal en contra del exfiscal general de la República Douglas Arquímides Meléndez, los exjefes de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) Jorge Orlando Cortez y Tovías Armando Menjivar; los exfiscales Auxiliares, Héctor Nahún Martínez y David Ramírez Guevara; así como también contra otros agentes fiscales que aún se encuentran formando parte de la Fiscalía.
Los antes mencionados, fueron denunciados por la supuesta comisión de los delitos de Omisión de Investigación, Fraude Procesal y Falso Testimonio (este último solamente en contra de Tovías Menjiva) ilícitos que habrían sido cometidos al manipular, alterar o suprimir información a través de los diversos testimonios que ha brindado el “testigo criteriado” que es un exjefe UIF, con los que se han aperturado varios expedientes en contra del expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y el exfiscal general Luis Martínez, uno de ellos el caso “Corruptela”, que de acuerdo al denunciante, fue “creado” bajo instrucción del exfiscal general Douglas Meléndez, quien buscaba su reelección y para ello necesitaba un “Show mediático” después de perder toda su credibilidad al otorgar un proceso abreviado al expresidente Elías Antonio Saca, con lo que evitó que se conociera la totalidad de los beneficios y provechos ilegales obtenidos como por ejemplo, el financiamiento ilícito al Partido ARENA, los sobresueldos de funcionarios públicos y “mentas” a periodistas.
Para el profesional del derecho, conforme a lo que ha podido verificar por información contenida en distintas notas de los medios de prensa, el caso “Corruptela” se fabricó con la declaración como testigo criteriado por parte del exjefe UIF y por las confesiones de cuatro fiscales auxiliares y dos empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) que fueron presionados por sus propios compañeros fiscales asignados al caso, bajo la dirección de Jorge Orlando Cortez.
También destacó el abogado denunciante, que es curioso que casos que en teoría tienen líneas de investigación distintas, se encuentren sostenidos por las declaraciones del exjefe UIF. Solamente en el caso del expresidente Funes, existe una que fue formulada inicialmente para proceder contra el expresentador televisivo Jorge Hernández, otra en el expediente del Registro de Operaciones Sospechosas (ROS) emitido por movimientos financieros efectuados por el expresidente Francisco Flores, a través de cheques provenientes de Taiwán y que fueron a parar a organizaciones que manejaban los fondos de ARENA y la tercera, en el antes referido caso “corruptela” donde basado en el testimonio del exjefe UIF, en los tres casos, esas declaraciones han sido fundamento para emitir órdenes de captura contra Mauricio Funes.
Por otra parte, el denunciante manifiesta que con relación al exfiscal Luis Martínez, también el exjefe UIF aparece como testigo criteriado y con su testimonio perfila dos acusaciones en contra del primero, una es siempre en el caso corruptela y la otra en el conocido como caso “Rais Martínez” y en ambas brinda declaraciones contradictorias, de las que se desprenden indicios para considerar que sus confesiones se han ido ajustando para calzar con los hechos que la fiscalía pretendía probar.
De acuerdo a Peñate, no se trata con su denuncia, por ningún motivo justificar conductas que les son incriminadas ni a Mauricio Funes, ni al exfiscal Martínez, se trata de “defender la legalidad de las pruebas y el debido proceso que es una garantía del Estado de Derecho, del que forman parte integral los jueces, la fiscalía y en general todos los abogados en el libre ejercicio de la profesión, pues cualquier persona puede llegar a verse sometida a un proceso penal y en esa circunstancia es importante encontrarse con instituciones imparciales e independientes, que velen por los derechos y garantías de acusados y víctimas”.
Recordó además que él mismo tuvo que afrontar acusaciones infundadas, pero que al final prevaleció el derecho y la justicia, siendo ese el interés de poner bajo la lupa el trabajo de los agentes fiscales, pues hay una percepción generalizada que se trata de una institución que en ciertos casos se convierte en acusadora a ultranza, con pocas o nulas pruebas y en otros da la impresión de no proceder aunque existan hechos notorios que dan apariencia del cometimiento de delitos.
Sobre el uso de los testigos criteriados, Peñate no pasa por alto, que en múltiples ocasiones, a pesar que los casos se inician por las declaraciones de estos y se sostienen durante toda la etapa de instrucción, los Jueces que conocen de la vista pública no les acreditan veracidad porque se contradicen en elementos tan fundamentales de sus confesiones, que si se hubieran podido controvertir en etapas previas evitarían el desgaste jurisdiccional, pero más importante, significaría que una persona sobre la que no hay suficientes pruebas de culpabilidad no deba permanecer arbitrariamente entre 24 a 36 meses detenido en una bartolina o centro penitenciario.
Por eso, le parece emblemático que se revise la situación del exjefe UIF, quien también aparece como testigo criteriado en el caso tramitado contra Adán Salazar, conocido como “Chepe Diablo”, donde ha manifestado, como lo hizo ver ya en una publicación del 23 de octubre de 2018, LA PRENSA GRÁFICA, que fue el exfiscal PORTADA (https://lanoticiasv.com) EN VIVO (https://lanoticiasv.com/cat/en-vivo) 19/12/2020 La Noticia Sv https://lanoticiasv.com/denuncian-que-exfiscal-douglas-melendez-y-exjefe-uif-jorge-cortez-utilizaron-a-un-mismo-testigo-crit 3/6 Martínez quien le ordenó el archivo del expediente 22UIF2014 en el que se investigaba a Chepe Diablo y otros allegados por delitos relacionados con Lavado de Dinero y Activos.
Pero, a pesar de estas afirmaciones, de acuerdo a Peñate una fuente judicial le confirmó que por esos hechos no existe acusaciones en el Juzgado 4º de Instrucción, como si hubo por supuestas dádivas en contra del expresidente Mauricio Funes. “¿Por qué se supone que el ex fiscal ordenó cerrar de forma contraria a la ley un expediente contra ‘Chepe Diablo’, pero resulta que en el caso corruptela, que se inició posteriormente no hay acusaciones contra este, por dádivas a Martínez, o se supone que cerró la investigación sin ningún beneficio?”, cuestionó.
Esta clase de contradicciones, son las que no dan certeza -a criterio del abogado- sobre el hilo conductor que se supone debía ser el testigo criteriado. Más parece que va saltando de proceso en proceso diciendo lo que se acomoda al caso, advirtió. “Hay que recordar que el criteriado, aún no se ha librado de ser procesado por los delitos por los que se le ha otorgado ese beneficio, pues para ello deben ser eficientes y eficaces sus declaraciones para las resultas del juicio”, apuntó.
Por último, también manifestó que en su denuncia hay una exigencia para que haya una revisión interna por posibles omisiones en la investigación. Por ejemplo, se ha dicho en distintos medios de prensa y es un secreto a voces en pasillos judiciales, que el caso “corruptela” inició como una investigación por situaciones sospechosas en el manejo financiero de Banco Promérica, S.A., pero luego nada se sabe de esta, sencillamente desaparece del proceso penal; también con respecto a por qué no se investigó y procesó a Oscar Ortiz, cuando aparece vinculado a “Chepe Diablo por dichos de peritos judiciales -según ciertos medios de prensa- a ciertas actividades que podrían ser constitutivas del delito de lavado de dinero, previno el abogado.
Principal
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Economia
Comisión de Hacienda inicia el estudio del presupuesto estatal de 2027
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto inició este viernes el estudio de la propuesta de presupuesto estatal para 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó el proyecto y señaló que habrá una necesidad de financiamiento de $515 millones, que podría cubrirse con emisión de títulos valores o con préstamos complementarios. Atribuyó esa brecha a la expansión del gasto en educación y a las inversiones vinculadas a ese sector.
La apuesta central del documento es educación. El monto propuesto es de $3,416 millones, equivalentes al 8.1 % del PIB estimado para 2027 y al 27.5 % del presupuesto total. De esa cifra, $2,700 millones corresponden a la asignación directa del Ministerio de Educación. El resto se reparte en proyectos educativos de otras instituciones. Entre las partidas específicas figuran $118.5 millones para la Universidad de El Salvador, $100 millones para el proyecto Dos escuelas por día y $112 millones para el plan de mejoramiento de centros escolares que ejecuta la Dirección de Obras Municipales. Posada dijo que el cálculo usa el PIB estimado de 2027 y que, de tomarse el de 2026, la inversión educativa representaría el 8.9 %. “Nunca se había visto en el país un presupuesto tan alto para el Ministerio de Educación”, afirmó.
En otros sectores, la propuesta incluye $59 millones para el bono agrícola, $60 millones para los agromercados y $150 millones para el funcionamiento de DoctorSV. Las remuneraciones aumentan 1.9 % y la adquisición de bienes y servicios crece 28.3 %. Durante la sesión, la diputada Claudia Ortiz cuestionó recortes de $80 millones en la red de hospitales públicos y de $55 millones en el primer nivel de atención en salud. Posada respondió que los recursos para hospitales están contemplados, que las compras de medicamentos se centralizan para ganar eficiencia y que el presupuesto es una planificación preliminar. “No hay ninguna falla”, dijo. Explicó que las variaciones durante el año se deben a excedentes de ingresos, nuevos préstamos y mandatos legales.
En la comparecencia también estuvieron el viceministro de Hacienda, Luis Sánchez; el director general del Presupuesto, Carlos Salazar, y el director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera. La comisión acordó un calendario de ocho jornadas para escuchar a titulares de ministerios e instituciones. Las próximas sesiones incluirán a Justicia y Seguridad Pública, Defensa y la Fiscalía General de la República; luego a Obras Públicas, la DOM y Desarrollo Local, y después a Agricultura, Medio Ambiente y Turismo.
Educación está prevista para la sexta jornada. Economía y Salud comparecerán en la séptima, junto con otras instituciones. Posada insistió en que el documento es una planificación de partida y que puede incorporar proyectos o recursos adicionales cuando se aprueben durante el ejercicio fiscal.
#Política | La Comisión de Hacienda inició este viernes el estudio del Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2027, que asciende a $12,421.1 millones. El ministro de Hacienda, Jerson Posada, presentó los detalles de las asignaciones y la necesidad de emitir deuda para cubrir la brecha presupuestaria.
— La Noticia SV (@lanoticiasv) October 9, 2026
Nacionales
Fiscalía destruiiye de más de 35 kilos de droga valorada en $52,230
La Fiscalía General de la República (FGR) verificó la destrucción de 35,009.61 gramos de droga, valorada en $52,230.86, vinculada a 48 casos de incautaciones realizadas a escala nacional.
El procedimiento se llevó a cabo en el predio Changallo, ubicado en el distrito de Ilopango, municipio de San Salvador Este, con el acompañamiento de agentes de la División Antinarcóticos y personal del Laboratorio de Sustancias Controladas del Centro de Investigación Forense de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía detalló que, del total de droga destruida, 34,525.81 gramos correspondían a marihuana, 410.55 gramos a cocaína y 73.311 gramos a metanfetamina.
«La destrucción de los estupefacientes se desarrolló por mandato judicial, como parte del proceso penal contra las personas capturadas durante las incautaciones», indicó el fiscal que verificó el procedimiento.
Según la institución, la droga fue decomisada durante operativos realizados por las autoridades en los últimos años en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y San Salvador.
Por otra parte, durante los siete años de gestión del presidente Nayib Bukele, la Marina Nacional y la Policía han incautado un total de 90.1 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en $2,141 millones.
El último cargamento mencionado en el informe fue incautado el pasado 17 de julio por la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional, a 947 millas náuticas (1,764 kilómetros) al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.
Durante ese procedimiento, las autoridades decomisaron 1.36 toneladas de cocaína y capturaron a los ciudadanos ecuatorianos Jhony Eugenio Garay Velis, de 42 años, y Pedro Leonardo Delgado Pilligua, de 31.
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