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Seguridad proyecta cerrar este año con tasa menor a dos homicidios por cada 100,000 habitantes
«Vamos a finalizar, primero Dios, con cifras abajo de los dos (homicidios por cada 100,000 habitantes) y esto nos ubica como el país más seguro del continente», destacó el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, al referirse este miércoles, a las proyecciones del Gabinete de Seguridad sobre la tasa de homicidios de 2024.
El funcionario resaltó que desde la implementación del Plan Control Territorial, en junio de 2019, El Salvador ha experimentado una significativa mejora en la seguridad, con una reducción drástica en la tasa de homicidios, pasando de 105 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2015 a 2.4 en 2023.
«El 2023, que ya tuvimos todo el año completo con régimen de excepción, logramos una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes y esto ya ubicaba a nuestro país como el país más seguro del continente, de América Latina, pero ahí estaba Canadá que tenía niveles más bajos», mencionó.
El funcionario subrayó que los niveles de seguridad con los que cuenta el país son tan altos que el pasado octubre solo se registraron cuatro homicidios, «cuando antes, un día que hubieran cuatro homicidios, era un día que habíamos estado en paz, ahora es todo en un mes, cuatro homicidios».
Según Merino Monroy, mantener esos niveles de seguridad requieren del gabinete de seguridad que esté empeñado al 100 %, y que a pesar de tener bajo control a las pandillas el trabajo continúa para erradicar otros delitos.
«Que los que crean que porque se ha logrado controlar a las pandillas ya estamos tranquilos, no, el trabajo todavía es constante, todavía mucho más fuerte porque hay que mantener niveles, pero eso no es porque, por el ego de nosotros, es porque la población así lo requiere, porque la población ya experimentó estar viviendo en paz, ya vio lo bonito que es este país, cómo lo pueden disfrutar y no sólo los salvadoreños», destacó.
Merino Monroy resaltó que el clima de seguridad incrementó el turismo, «es impresionante la cantidad de extranjeros que vienen al país y lo promocionan afuera, porque hay gente que dice, yo tenía miedo de ir a El Salvador porque dicen que el régimen de excepción, empiezan a hablar de eso, y ahora dicen que aquí no existe eso, y van y les cuentan a la gente y que aquí es bonito, que la gente es muy amable».
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
