Nacionales
Sancionarán a empresas que induzcan el voto a sus trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.
En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.
También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.
«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.
Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.
El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.
Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.
Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.
El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.
Nacionales
Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores
El Ministerio de Educación confirmó que los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 se realizarán de la manera tradicional, como en años anteriores.
Mediante el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Trigueros, se anularon todas las disposiciones emitidas previamente sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones. La medida aplica a todos los centros educativos públicos y privados del país.
Los directores y docentes podrán organizar los actos cívicos de septiembre bajo el formato acostumbrado.
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.
