El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.

En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.

También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.

«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.

Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.

El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.

Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.