Nacionales
Sancionarán a empresas que induzcan el voto a sus trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.
En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.
También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.
«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.
Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.
El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.
Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.
Un fuerte accidente de tránsito fue reportado esta mañana en las inmediaciones del redondel del bypass del departamento de Usulután.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran un vehículo color rojo, con placas P721-980, que chocó contra una champa construida con lámina y madera, ubicada a un costado de la vía.
Las autoridades acudieron a la escena para determinar las causas que originaron el percance vial.
Hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó lesionada de gravedad.
Una menor de un año y nueve meses fue encontrada sin vida en el interior de la piscina de un restaurante ubicado en la playa San Marcelino, departamento de La Paz.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, la menor se encontraba junto a su madre, quien se dedica a vender minutas en la zona.
Según las indagaciones, la madre tuvo que alejarse momentáneamente para atender asuntos relacionados con su actividad. Al regresar a su puesto, no encontró a su hija, por lo que comenzó a buscarla.
Instantes después, la menor fue encontrada inconsciente dentro de la piscina infantil. Ante la situación, fueron llamados los cuerpos de socorro, quienes confirmaron que la niña no presentaba signos vitales.
ENTREGA ESPECIAL
Audios confirmados reabren cuestionamientos sobre negocios de Roberto Arzú con señalado líder de “Los Caradura” en Guatemala
El escenario político guatemalteco rumbo a las elecciones de 2027 vuelve a colocar bajo escrutinio a Roberto Arzú García-Granados. El excandidato presidencial, quien actualmente participa en la estructura del partido Cabal como secretario de Formación Política y busca reposicionarse de cara al próximo proceso electoral, ha enfrentado cuestionamientos tras la difusión de conversaciones con Francisco Edgar “Paco” Domínguez Higueros, señalado por autoridades e investigaciones como una figura vinculada a la estructura conocida como “Los Caradura”. Arzú confirmó públicamente a La Hora que una de las conversaciones divulgadas es auténtica.
En la grabación, Domínguez reclama a Arzú por una deuda millonaria, mientras el político hace referencia a un contrato mediante el cual un “canal” realizaría un pago. Consultado por La Hora, Arzú explicó que la conversación estaba relacionada con negocios de venta de publicidad en televisión abierta y negó que se tratara de operaciones con dinero ilícito. Según su versión, ha trabajado en el sector publicitario desde joven y desconocía los señalamientos criminales contra Domínguez cuando mantuvo relaciones comerciales con empresas relacionadas con él.
La figura de “Paco” Domínguez adquirió relevancia después de su muerte en 2025 y de la circulación de distintos audios en redes sociales. Investigaciones periodísticas han relacionado a Domínguez con “Los Caradura”, estructura señalada por actividades de narcomenudeo y otros delitos en la capital guatemalteca. República publicó posteriormente una extensa investigación en la que afirma haber revisado audios y documentos relacionados con deudas y operaciones comerciales entre Arzú y Domínguez; sin embargo, algunas de las conclusiones más graves planteadas por ese medio —como un eventual uso de dinero vinculado al narcotráfico para financiar la campaña de 2019— aparecen formuladas como señalamientos o hipótesis periodísticas y no como una sentencia judicial firme.
También han circulado versiones según las cuales Arzú habría utilizado certificados o contratos publicitarios que posteriormente no podían hacerse efectivos, e incluso acusaciones de una supuesta estafa. Sin embargo, la revisión de fuentes públicas realizada para esta nota no permitió confirmar mediante resoluciones judiciales, documentos oficiales o testimonios independientes suficientes que esos certificados fueran falsos, que Arzú supiera de antemano que no podían utilizarse o que existiera un esquema comprobado de fraude. Tampoco se encontró respaldo independiente suficiente para afirmar como hecho que un supuesto intermediario identificado como “Pablo Santos” formara parte de una trama de sobornos con una televisora.
En los multiples audios Roberto habla abiertamente de un señor Pablo y la conexión directa que existe es entre Pablo Santos que es el personaje que conecta a los políticos con una famosa televisora, lo cual evidencia no solo su vínculo directo con Los “Cara dura”, si no también sobornos y corrupción en la industria televisiva, que al final esos certificados jamás sus víctimas pudieron monetizar y esos mismos certificados los usaba para salir de sus múltiplos deudas, lo que constuía una gran estafa porque la televisora siempre ponía excusas para no dar nada, poniendo restricciones según fuentes que ayudaron a la investigación periodística.
En los mismos audios Roberto Arzú admite que en una de sus crisis económicas, desesperadamente fue con «Los Caradura» a “venderles” los cerficados publicitarios que él desde ya sabía, que jamás los iban a poder utilizar y lo usa como estrategia para sacarles dinero en efectivo.
El llamado «Junior» por sus amigos ya compitió por la Presidencia en 2019 mediante la coalición PAN-Podemos, cuando obtuvo 267,049 votos, equivalentes al 6.09 % de los sufragios válidos, según los resultados recogidos por la misión electoral de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral mantiene además disponibles los informes financieros correspondientes a PAN y Podemos de aquella campaña. De cara a 2027, los audios, las relaciones comerciales reconocidas y las investigaciones periodísticas forman parte de los antecedentes que rodean su regreso a la actividad política; establecer si alguna de esas operaciones derivó en delitos corresponde, en todo caso, a las autoridades competentes y no puede darse por probado únicamente a partir de grabaciones difundidas en redes sociales.
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