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Sancionarán a empresas que induzcan el voto a sus trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.
En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.
También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.
«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.
Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.
El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.
Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.
A 26 años y ocho meses de cárcel fue condenado el violador R. E. R. V., quien fue encontrado responsable de abusar de forma continuada de una adolescente a quien embarazó.
La pena se la impuso el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, en la vista pública realizada por el delito de violación en menor o incapaz agravada.
Según la acusación que presentó la Fiscalía General de la República, el hombre quien convivía en la misma vivienda de la adolescente, aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola para consumar los abusos sexuales.
El ministerio público plasmó en el expediente judicial que las constantes violaciones se dieron entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 en el municipio de La Libertad Centro.
El caso comenzó a ser investigado cuando la madre llevó a la adolescente a pasar consulta a un centro asistencial, el personal que la atendió informó que estaba embarazada, por lo que el hecho fue denunciado ante las autoridades.
Por el tipo de delito y tratarse de una menor de edad, el expediente llegó hasta la fase de vista pública con reserva total del proceso.
Penas de hasta 81 años de prisión fueron impuestas a 23 terroristas homicidas de la Mara Salvatrucha, que delinquieron entre el 2015 y 2016 en la jurisdicción de Nejapa.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República probó a la jueza dos, del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, que como miembros activos de la célula territorial Nejapa Locos Salvatruchos, consumaron los delitos siguiendo órdenes de cabecillas del Programa Libertad [estructura jerárquica superior].
La mayor condena de 81 años de cárcel fue para William Alexander Castillo Zaldaña, alias «Saiper» y Daniel Adonías Ochoa Carranza, alias «Callejero», por tres casos de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
La jueza también encontró responsables de dos homicidios a Jonathan Alexander Huezo Molina y a Jonathan Alexander Sánchez Farfán, alias «Tigre de Nejapa», quienes recibieron 56 años de prisión, además fueron sentenciados por su pertenencia a la Mara Salvatrucha.
El fallo judicial también ordena prisión de 31 años para Edwin Ernesto Ramírez, alias «Snoopy»; Jonathan Alexander Díaz Osuna, alias «Chonta»; Mauricio Alberto Sánchez Mesa, alias «Mystic» y Rodrigo Ernesto Nerio Aragón, alias «Ángel Black», por un caso de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.
Otros 15 pandilleros fueron condenados a diversas penas aplicándoles el Código Penal anterior, recibieron cinco años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas y proposición y conspiración en homicidio agravado.
Ciro Alberto Alfaro Campos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por intentar asesinar a su hijo de 17 años, con un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la colonia San Juan Buena Vista, jurisdicción de Colón, de La Libertad Oeste, al momento de realizar la verificación del atentado las autoridades encontraron un arma de fuego tipo revólver.
«Según las investigaciones, el detenido llegó en estado de ebriedad a su vivienda con un arma de fuego y amenazó de muerte a su compañera de vida, luego disparó contra el menor de edad», publicó la Policía Nacional Civil luego de arrestar al imputado.
Tras el hecho la PNC fue alertada y acudió de inmediato para atender la emergencia y auxiliar al adolescente quien fue trasladado a un centro asistencial con una lesión de gravedad.
Según la Policía, Alfaro Campos será remitido ante la Fiscalía General de la República por los delitos de intento de homicidio, amenazas agravadas, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego.
El caso será judicializado en el Juzgado de Paz de Colón, sede que definirá la situación jurídica del agresor y el ministerio público definirá si inicia el proceso por los tres delitos o modifica la acusación por otros ilícitos.
