Nacionales
Sancionarán a empresas que induzcan el voto a sus trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.
En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.
También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.
«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.
Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.
El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.
Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
