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Sancionarán a empresas que induzcan el voto a sus trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social desplegará inspectores antes, durante y después del día de las elecciones legislativas y municipales del próximo 28 de febrero, para que los trabajadores ejerzan el sufragio con garantías en sus derechos laborales.
En primer lugar, se verificará que los salvadoreños voten con libertad electoral sin que se les induzca a votar por partidos políticos impuestos por sus empleadores, según los artículos 29 y 30 del Código de Trabajo.
También el equipo constatará que los trabajadores obtengan el permiso remunerado para ejercer el sufragio y participar de otros eventos relacionados con las elecciones, acorde al artículo 113 del Código Electoral.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que se aplicarán sanciones administrativas en caso de constatar este abuso de autoridad en las empresas. «Vamos a aplicar una serie de sanciones, administrativas, muy fuertes, pero también si nuestro equipo jurídico dice que aplica el término penal, lo vamos a llevar a las instancias penales también», dijo el titular del ministerio, Rolando Castro.
«No vamos a permitir que obliguen a un trabajador chantajearlo con su trabajo, sus ingresos, a cambio de una inducción al voto», añadió Castro en una conferencia de prensa.
Restituyen derechos a más de 50 mil trabajadores
La restitución de derechos laborales a más de 50 mil empleados derivó en la recuperación de $12 millones en concepto de prestaciones que no habían sido entregadas a los trabajadores, entre junio del 2019 y diciembre del 2020.
El jefe de la Dirección General de Inspecciones, Jorge Bolaños, dijo que el pago de salarios, vacaciones, aguinaldo y horas extra significó la recuperación de $8,949,916.37 para los trabajadores.
Se suma $960,872.04 en sanciones impuestas a empresas que no respetan el Código de Trabajo, así como $801,813.48 en concepto de sanciones impuestas que fue enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, el ministerio aportó ayuda a 8,706 empleados a través de conciliaciones por despidos, despido por renuncia voluntaria, terminación de contrato, entre otras causas, con un valor de $3,781,279.86 retornados a este sector.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
