Nacionales
Sala de lo Constitucional convoca a audiencia al presidente Bukele y al presidente de la Asamblea por Ley de Amnistía
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia reprogramó para el próximo 30 de Octubre una audiencia oral y pública, convocando al Presidentes de la República, Nayib Bukele; Presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, Abogados del Idhuca; Director del Idhuca, ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; fiscal General, Raul Melara, ministro de la Defensa, Merino Monroy y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humano, Apolonio Tobar.
La resolución de la Sala fue emitida la tarde de este miércoles con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia emitida en el proceso que inició en 2016 cuando ese tribunal declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993.
Cabe mencionar que la audiencia, estaba programada para el pasado 15 de abril, pero no fue realizada por la emergencia del CVID-19.
«De ahí que: (i) la Asamblea Legislativa deberá justificar por qué el decreto legislativo que contiene la «Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional» cumple con los elementos básicos de justicia transicional o, en su defecto, por qué hasta esta fecha no ha superado el veto; (ji) el Presidente de la República deberá exponer las razones jurídicas por las cuales considera que el decreto legislativo en referencia no satisface las exigencias que la Constitución, la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia interamericana imponen en esta materia y qué políticas públicas ha implementado de manera concreta; (iii) los demandantes, los amigos del tribunal, el director del IDHUCA, el Fiscal General de la República y el Procurador para la Defensa de Derechos Humanos deberán expresar su posición sobre la constitucionalidad del Decreto Legislativo n° 575″, dice la resolución de la Sala.
Según la Sala, en el desarrollo de la etapa de ejecución de la sentencia, constató el incumplimiento de la sentencia por parte de la Asamblea Legislativa y del Órgano Ejecutivo.
«El primero (Asamblea) no había promulgado una nueva ley de reconciliación nacional y de asistencia a víctimas que tuviere en cuenta sus derechos y todas aquellas medidas que estuvieren relacionadas con la conservación y fomento de la memoria histórica; mientras que el segundo (Ejecutivo) no había diseñado ni ejecutado un programa integral de reparación material y simbólica enfocado en todas las víctimas del conflicto armado, más allá de esfuerzos aislados derivados de compromisos internacionales del Estado salvadoreño; ni había realizado gestiones para incorporar una partida para tal fin en los diversos ejercicios presupuestarios que han tenido lugar luego de haberse pronunciado la sentencia definitiva», sostiene la resolución.
El Viceministerio de Transporte (VMT) reportó la detección de múltiples conductores que fueron sancionados mediante el sistema de fotomultas por circular a excesiva velocidad en dos de las principales vías del país: la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad.
En la autopista a Comalapa se identificaron varios casos de conducción a velocidades superiores a las permitidas, entre ellos vehículos que circulaban a 125, 130, 136 e incluso 164 kilómetros por hora, según el registro de las autoridades.
Las placas sancionadas en este tramo son M 963 702, P 792 074, P 90 BAF y P 54 B68, todos detectados excediendo los límites establecidos en la vía, lo que representa un alto riesgo para la seguridad vial.
En la carretera al Puerto de La Libertad, específicamente en el sector de la curva del Papaturro, también se registraron infracciones similares. Entre las velocidades figuran 100, 103, 104, 119 y hasta 134 kilómetros por hora.
Las placas multadas en este punto incluyen P 113 FB5, P 37 E2D, P 26 79A, M 394 308, M 21 0AC y P 111 B1C, de acuerdo con el sistema de control automatizado implementado en la zona.
Las autoridades reiteraron que la excesiva velocidad constituye la segunda causa de fallecidos por siniestros viales en El Salvador, por lo que hicieron un llamado a respetar los límites establecidos.
Más del 75 % de los estudiantes de último año de bachillerato de institutos públicos se han inscrito en el Proceso Formativo que impulsa el Gobierno de El Salvador a través de la Dirección de Integración, con el objetivo de acceder a becas de educación superior y continuar su formación en universidades o escuelas técnicas del país.
Para 2026, la matrícula de alumnos de último año de bachillerato asciende a aproximadamente 49,000 jóvenes, de los cuales el 75.83 % se ha registrado en el programa, lo que equivale a 36,869 aspirantes a una beca universitaria.
«De alrededor de 49,000 jóvenes que están estudiando el último año de bachillerato en las 679 escuelas públicas, más del 70 % de los jóvenes se han inscrito, y esto significa más de 35,000 bachilleres y todavía falta una semana más para que se terminen de anotar aquellos interesados», afirmó Alejandro Gutman, presidente «ad honorem» de la Dirección de Integración, en entrevista con «Diario El Salvador».
El funcionario destacó además el incremento en la participación comparado con 2025, cuando de 42,000 estudiantes matriculados 19,000 se incorporaron al Proceso Formativo, equivalente al 45 %. En comparación, este año la cifra casi se duplica en términos de cobertura e interés estudiantil.
Los mayores niveles de inscripción se registran en los departamentos de Cabañas, con el 84.91 %; Chalatenango, con el 80.64 %; y La Unión, con el 80.34 % del total de su estudiantado de último año de bachillerato.
«Los lugares que más abandonados estuvieron históricamente en el país, como Chalatenango, La Unión y Cabañas, son los que reportan más jóvenes interesados en el Proceso Formativo para continuar sus estudios universitarios. Esta cifra está mostrando una nueva forma de hacer política pública con la participación del pueblo», señaló Gutman.
Asimismo, explicó que el programa incluye un trabajo de acompañamiento territorial para motivar a estudiantes, docentes, directores y familias, con el fin de fortalecer la continuidad educativa y ampliar el acceso a oportunidades de formación.
«Actualmente hay más de 16,000 jóvenes en las 37 universidades y escuelas técnicas de El Salvador que hoy están estudiando, con nombre, apellido, escuela, carrera, todo en la Dirección de Integración. Yo espero que para el año que viene [2027] alrededor de 20,000, o tal vez hasta 25,000, hayan cumplido con los requisitos para ingresar», expresó. Finalmente, Gutman indicó que se analiza la incorporación de carreras virtuales en el programa, para ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la participación de jóvenes que residen en zonas alejadas del país.
La Fiscalía General de la República informó la captura de Caleb Isaac Díaz Mejía, quien es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos sexuales que cometió en perjuicio de una menor de edad.
De acuerdo al expediente fiscal, Díaz Mejía retornó a El Salvador, después de cometer los delitos en la nación norteamericana, pero, luego de un proceso investigativo, fue ubicado el pasado 28 de abril en la final avenida Don Bosco del centro urbano Libertad, en el distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oste, departamento de San Salvador.
En el estado de Texas, en Estados Unidos, al imputado se le atribuyen los delitos de agresión sexual agravada infantil e indecencia con un menor, tipos penales previstos y sancionados en las secciones 22.021 y 22.11 del Código Penal de este estado.
Según la Fiscalía, estos delitos son equiparables con el tipo penal de violación en menor o incapaz del Código Penal de El Salvador.
Los hechos delictivos fueron cometidos entre el 22 y el 23 de enero de 2022, cuando la menor tenía 12 años, informó la Fiscalía. En el proceso de ubicación y captura participó la Policía Internacional (Interpol) y el acusado será extraditado a Estados Unidos.
«El extraditable tenía rutinas estrictas para no ser detectado por la justicia requirente (Estados Unidos). El extraditable será presentado ante las autoridades judiciales para seguir los trámites de extradición», informó la Fiscalía.
