Judicial
Nueva resolución avaló proceso penal contra Sigfrido Reyes por lavado de dinero y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR), dio a conocer una nueva resolución, esta vez pronunciada por la Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, con sede en San Salvador y en relación al recurso de apelación presentado a favor del expresidente de la Asamblea Legislativa, Othon Sigfrido Reyes Morales. Con esta resolución, los magistrados dan paso al proceso penal y rechazaron la petición de la defensa que pretendía que se anulara la causa penal.
El Grupo Contra la Impunidad de la FGR, dio a conocer que ante dicha Cámara, fue promovido el recurso de apelación por los abogados defensores Pedro Cruz y Lourdes Hernández, quienes mediante escrito adversaron la resolución del Juez Sexto de Instrucción de esta jurisdicción, quien resolvió bajo la figura jurídica: “Declarar sin lugar la excepción dilatoria por falta de acción solicitada”. Y a su vez, el Juzgador autorizaba continuar con la fase de instrucción del proceso.
Sin embargo, los defensores inconformes con la decisión del Aplicador de Justicia recurrieron la resolución y al final, tras una evaluación exhaustiva del tema impugnado, los magistrados resolvieron declarar sin lugar la solicitud de la defensa.
Los defensores intentaron que se anulara el proceso penal, argumentando la doble persecución en contra de su defendido, ya que actualmente se le sigue otra causa por la vía civil por Enriquecimiento ilícito. Por su parte, la Cámara Tercera, al rechazar la petición defensora les dejó en claro que el proceso penal es independiente al civil.
Además, los magistrados concedieron la razón a Fiscalía, en el sentido que el proceso penal emprendido es conforme a un procedimiento legal y fundamentado; por lo tanto, no existe doble persecución y avaló que el mismo continúe en la etapa de instrucción.
Reyes Morales, está acusado judicialmente desde enero pasado, por los delitos de Lavado de dinero, Peculado y Estafa, junto a otras 13 personas, entre familiares y amigos.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
