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Rolando Castro cuestiona al fiscal Melara por no aplicar sentencias contra alcalde d’Aubuisson
l ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuestionó al fiscal general de la República, Raúl Melara, por no haber procedido en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, a pesar de que hay dos sentencias judiciales en su contra por la violación de derechos de los trabajadores.
Castro recalcó que la sentencia condenatoria contra el alcalde es “definitiva e inapelable» lo que significa que “ya no hay ninguna instancia que pueda revertir dicha resolución”, pero “lo que sorprende es que hasta este día la Fiscalía General de la República ha actuado”, afirmó el titular de Trabajo, quien ha respaldado en sus demandas a los trabajadores que han vencido en juicio al jefe de comuna.
En caso que el alcalde no cumpla los veredictos, dijo Castro, la “Fiscalía debe actuar por el delito de desobediencia judicial, y actuar de forma coercitiva por ser un claro desacato a una resolución, esto debería de ser en trámite ordinario”, afirmó.
Los tribunales dieron la razón a trabajadores municipales que demandaron al jefe edilicio y a su concejo municipal por haberlos despedido para impulsar un proyecto de privatización de lo servicios de disposición de desechos sólidos. El tribunal ordenó el reinstalo de los empleados, pero d‘Aubuisson ha dicho no puede por el momento.
“D’aubuisson y su concejo municipal tienen dos condenas judiciales, han sido condenados por dos ocasiones en los tribunales competentes, pero además estas resoluciones han sido certificadas a la Fiscalia, eso quiere decir que los tribunales le informan a Fiscalía para que esta verifique el cumplimiento (de la sentencia)”, explicó el ministro.
Castro consideró que en el país la justicia no protege a los pobres sino a los poderosos y por ello, muchos delitos quedan en la impunidad porque la justicia no actúa o porque lo hace en favor de los que tiene de su parte.
“Por eso en El Salvador seguimos denunciando que hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas: los que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde, que para ellos nunca funcionan las instituciones, tal como lo dijo San Romero. “La ley es como la serpiente, solo muerde al de pies descalzos”, lamentó el funcionario.
El Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) pronostica un breve ingreso de vientos nortes en El Salvador este jueves, que solamente durará este día con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.
En el transcurso del día se esperan vientos acelerados con cielos despejados durante la mañana, sin embargo, a mediodía se prevé la llegada de lluvias puntuales en la parte central del país y se extenderán hacia la zona oriental.
En la tarde, aumentará la nubosidad en la zona montañosa y la franja volcánica, con lluvias puntuales y actividad eléctrica en sectores del norte, centro y occidente.
En horas de la tarde también se mantendrán las altas temperaturas que alcanzarán entre 32 y 38 grados Celsius en el sector oriental del territorio salvadoreño, mientras que en la zona central las máximas alcanzarán entre los 30º y 32º.
En la noche se mantienen las posibilidades de lluvias en el Área Metropolitana de San Salvador, Cuscatlán y algunos sectores del oriente del país.
Durante la madrugada del jueves habrá nubosidad en la zona costera del oriente del país.
Los integrantes de una estructura de la pandilla 18 que fueron condenados a altas penas carcelarias cometieron al menos tres feminicidios en Ilopango y diversos asesinatos al interior del Penal de Izalco, reveló la Fiscalía General de la República.
Fueron 61 pandilleros procesados por diversos casos de feminicidio, homicidio agravado, agrupaciones ilícitas y otros actos de violencia, en perjuicio de varias víctimas. El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador les impuso penas carcelarias de hasta 408 años.
La Fiscalía explicó que entre los crímenes por los que fueron condenados está un triple feminicidio, ocurrido en el 2010, en Ilopango. Los imputados privaron de libertad a tres víctimas, las atacaron con arma blanca y finalmente mutilaron sus cuerpos.
Además, a los pandilleros se les declaró culpables por el asesinato de un activista, en el 2015. También participaron en dos asesinatos múltiples perpetrados en el 2015 y 2016, al interior del Centro Penal de Izalco. En este ataque, fueron asesinadas 8 víctimas, detalló el ministerio público.
Los pandilleros condenados son Alejandro Ernesto Rodríguez, con pena de 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, 205 años de prisión; Celestino Vásquez Benítez, 195 años de prisión; Douglas Alirio Alfaro Amaya, 105 años de prisión.
También el cabecilla a nivel nacional del Barrio 18, Erick Saúl Villalobos, quien fue capturado en el 2020, en la residencial Villa Galicia 2 del municipio de San Martín, deberá cumplir condena de 144 años de cárcel.
Otros condenados son Mauricio Arnoldo Peña Miranda y Salomón Eleazar Romero Sigüenza, quienes recibieron penas de 114 años de prisión; Francisco Alberto Eduardo Cabrera, Carlos Salvador Campos León, Tomás Meléndez López y Elguin Alexander Pérez Fabián deben cumplir condena de 105 años de prisión.
Mientras que, Miguel Jerónimo Maravilla Cruz, 114 años de prisión; Félix Antonio García Guardado, 165 años de prisión; José Luis Antonio Martínez Bolaños, 44 años de prisión, entre otros condenados
Una pena de 14 años de cárcel recibió Vicente Antonio Tobías Alberto, alias Demon, cabecilla de la pandilla 18. La condena fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Tobías Alberto fue procesado por agrupaciones ilícitas. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, el criminal ostentaba el rango de palabrero de la cancha Tynis Locos Revolucionarios, de la pandilla 18 y delinquía en los distritos de El Paisnal y Aguilares y alrededores, todos del municipio de San Salvador Norte junto a otros delincuentes.
Junto a Tobías fueron procesados otros seis miembros de la pandilla -todos ausentes- quienes recibieron una condena de cinco años de cárcel, debido a su rango de homeboys.
«Las investigaciones, iniciadas en 2016, determinaron que los sujetos amedrentaban a estudiantes de la zona para impedirles asistir a los centros escolares. Asimismo, mantenían bajo amenaza a empleados de un ingenio local, a quienes intimidaban para forzar el pago de extorsiones por parte de sus patronos», detalló el ministerio público.
