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Rolando Castro cuestiona al fiscal Melara por no aplicar sentencias contra alcalde d’Aubuisson
l ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuestionó al fiscal general de la República, Raúl Melara, por no haber procedido en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, a pesar de que hay dos sentencias judiciales en su contra por la violación de derechos de los trabajadores.
Castro recalcó que la sentencia condenatoria contra el alcalde es “definitiva e inapelable» lo que significa que “ya no hay ninguna instancia que pueda revertir dicha resolución”, pero “lo que sorprende es que hasta este día la Fiscalía General de la República ha actuado”, afirmó el titular de Trabajo, quien ha respaldado en sus demandas a los trabajadores que han vencido en juicio al jefe de comuna.
En caso que el alcalde no cumpla los veredictos, dijo Castro, la “Fiscalía debe actuar por el delito de desobediencia judicial, y actuar de forma coercitiva por ser un claro desacato a una resolución, esto debería de ser en trámite ordinario”, afirmó.
Los tribunales dieron la razón a trabajadores municipales que demandaron al jefe edilicio y a su concejo municipal por haberlos despedido para impulsar un proyecto de privatización de lo servicios de disposición de desechos sólidos. El tribunal ordenó el reinstalo de los empleados, pero d‘Aubuisson ha dicho no puede por el momento.
“D’aubuisson y su concejo municipal tienen dos condenas judiciales, han sido condenados por dos ocasiones en los tribunales competentes, pero además estas resoluciones han sido certificadas a la Fiscalia, eso quiere decir que los tribunales le informan a Fiscalía para que esta verifique el cumplimiento (de la sentencia)”, explicó el ministro.
Castro consideró que en el país la justicia no protege a los pobres sino a los poderosos y por ello, muchos delitos quedan en la impunidad porque la justicia no actúa o porque lo hace en favor de los que tiene de su parte.
“Por eso en El Salvador seguimos denunciando que hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas: los que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde, que para ellos nunca funcionan las instituciones, tal como lo dijo San Romero. “La ley es como la serpiente, solo muerde al de pies descalzos”, lamentó el funcionario.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
