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Rolando Castro cuestiona al fiscal Melara por no aplicar sentencias contra alcalde d’Aubuisson
l ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuestionó al fiscal general de la República, Raúl Melara, por no haber procedido en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, a pesar de que hay dos sentencias judiciales en su contra por la violación de derechos de los trabajadores.
Castro recalcó que la sentencia condenatoria contra el alcalde es “definitiva e inapelable» lo que significa que “ya no hay ninguna instancia que pueda revertir dicha resolución”, pero “lo que sorprende es que hasta este día la Fiscalía General de la República ha actuado”, afirmó el titular de Trabajo, quien ha respaldado en sus demandas a los trabajadores que han vencido en juicio al jefe de comuna.
En caso que el alcalde no cumpla los veredictos, dijo Castro, la “Fiscalía debe actuar por el delito de desobediencia judicial, y actuar de forma coercitiva por ser un claro desacato a una resolución, esto debería de ser en trámite ordinario”, afirmó.
Los tribunales dieron la razón a trabajadores municipales que demandaron al jefe edilicio y a su concejo municipal por haberlos despedido para impulsar un proyecto de privatización de lo servicios de disposición de desechos sólidos. El tribunal ordenó el reinstalo de los empleados, pero d‘Aubuisson ha dicho no puede por el momento.
“D’aubuisson y su concejo municipal tienen dos condenas judiciales, han sido condenados por dos ocasiones en los tribunales competentes, pero además estas resoluciones han sido certificadas a la Fiscalia, eso quiere decir que los tribunales le informan a Fiscalía para que esta verifique el cumplimiento (de la sentencia)”, explicó el ministro.
Castro consideró que en el país la justicia no protege a los pobres sino a los poderosos y por ello, muchos delitos quedan en la impunidad porque la justicia no actúa o porque lo hace en favor de los que tiene de su parte.
“Por eso en El Salvador seguimos denunciando que hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas: los que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde, que para ellos nunca funcionan las instituciones, tal como lo dijo San Romero. “La ley es como la serpiente, solo muerde al de pies descalzos”, lamentó el funcionario.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
