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Rolando Castro cuestiona al fiscal Melara por no aplicar sentencias contra alcalde d’Aubuisson
l ministro de Trabajo, Rolando Castro, cuestionó al fiscal general de la República, Raúl Melara, por no haber procedido en contra del alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, a pesar de que hay dos sentencias judiciales en su contra por la violación de derechos de los trabajadores.
Castro recalcó que la sentencia condenatoria contra el alcalde es “definitiva e inapelable» lo que significa que “ya no hay ninguna instancia que pueda revertir dicha resolución”, pero “lo que sorprende es que hasta este día la Fiscalía General de la República ha actuado”, afirmó el titular de Trabajo, quien ha respaldado en sus demandas a los trabajadores que han vencido en juicio al jefe de comuna.
En caso que el alcalde no cumpla los veredictos, dijo Castro, la “Fiscalía debe actuar por el delito de desobediencia judicial, y actuar de forma coercitiva por ser un claro desacato a una resolución, esto debería de ser en trámite ordinario”, afirmó.
Los tribunales dieron la razón a trabajadores municipales que demandaron al jefe edilicio y a su concejo municipal por haberlos despedido para impulsar un proyecto de privatización de lo servicios de disposición de desechos sólidos. El tribunal ordenó el reinstalo de los empleados, pero d‘Aubuisson ha dicho no puede por el momento.
“D’aubuisson y su concejo municipal tienen dos condenas judiciales, han sido condenados por dos ocasiones en los tribunales competentes, pero además estas resoluciones han sido certificadas a la Fiscalia, eso quiere decir que los tribunales le informan a Fiscalía para que esta verifique el cumplimiento (de la sentencia)”, explicó el ministro.
Castro consideró que en el país la justicia no protege a los pobres sino a los poderosos y por ello, muchos delitos quedan en la impunidad porque la justicia no actúa o porque lo hace en favor de los que tiene de su parte.
“Por eso en El Salvador seguimos denunciando que hay una justicia selectiva y hay dos tipos de personas: los que las instancias de este país corren a protegerlos y hasta esconder sus actos de corrupción y para la gente con estratificación humilde, que para ellos nunca funcionan las instituciones, tal como lo dijo San Romero. “La ley es como la serpiente, solo muerde al de pies descalzos”, lamentó el funcionario.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 16 años de prisión a Kevin Alexander Ochoa Cornejo, miembro de la MS13, por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante de San Salvador.
De acuerdo con las investigaciones, Ochoa Cornejo, junto a otros pandilleros, extorsionaba a empresarios y comerciantes de la calle Concepción, en el centro de San Salvador.
Según el expediente fiscal, a una de las víctimas le exigieron el pago mensual de $100 en concepto de extorsión, bajo la amenaza de atentar contra su vida, la de sus empleados o la de su familia si no cumplía con la exigencia.
El comerciante manifestó que no disponía del dinero al momento en que se lo solicitaron. Ante ello, los pandilleros accedieron a otorgarle más días de plazo, pero incrementaron la cantidad exigida a $200.
Las investigaciones determinaron que el 20 de junio de 2022 Ochoa Cornejo acudió al lugar acordado para cobrar los $200 producto de la extorsión.
La víctima decidió interponer la denuncia, lo que permitió la captura del imputado y su posterior sometimiento a un proceso judicial que concluyó con una condena de 16 años de prisión.
El equipo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de El Salvador participó este viernes en el rescate de una persona en el edificio Bahía Mar, ubicado en el estado de La Guaira, Venezuela, una de las zonas más afectadas por los dos terremotos registrados el pasado miércoles.
Desde tempranas horas, los rescatistas salvadoreños se desplazaron hacia la urbanización Caribe y el edificio Bahía Mar para apoyar las labores de búsqueda y rescate en una de las áreas más impactadas por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela.
La misión humanitaria cuenta además con el apoyo de la unidad canina, entre cuyos integrantes se encuentra el perro Rambo, con amplia experiencia en la localización y rescate de víctimas en escenarios de terremotos.
El líder de la misión humanitaria El Salvador-Venezuela, Roberto Giovanni Cortez, destacó la preparación del personal desplegado. «Todo el personal tiene la capacidad y la experiencia para la búsqueda y rescate urbano, en contextos de estructuras colapsadas como el que estamos viviendo en el panorama aquí en Venezuela», expresó.
En un acto de solidaridad, el presidente Nayib Bukele informó sobre el envío de 300 rescatistas y 150 toneladas de equipos, medicamentos y alimentos para apoyar al pueblo venezolano. La ayuda humanitaria ha sido trasladada a ese país mediante seis aviones.
Hasta las últimas horas, las autoridades de Venezuela reportan un saldo de 586 víctimas mortales a causa de los terremotos, más de 2,900 personas heridas y miles de desaparecidos.
