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Reos en fase de confianza distribuyen 12,000 paquetes alimentarios en comunidades de San Juan Opico, La Libertad
El apoyo de los reos en fase de confianza en los trabajos de logística y reparto de los paquetes alimentarios como parte del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) a las familias afectadas por la pandemia de COVID-19 continúa.
Este día, en cumplimiento con los lineamientos del Presidente Nayib Bukele, 100 reclusos de diferentes centros penales se encuentran entregando los alimentos a familias que residen en San Juan Opico, departamento de La Libertad.
En la jornada se distribuirán 12 mil paquetes alimentarios. El propósito es llevar la ayuda a quienes más lo necesitan a la puerta de su casa, señaló el director de Centros Penales, Osiris Luna.
Esta es una muestra de la articulación que mantienen las instituciones del Gobierno del Presidente Bukele para el beneficio de la población salvadoreña.
Desde el inicio de la gestión, el Presidente Bukele encomendó a la Dirección General de Centros Penales fortalecer los procesos de reinserción a la sociedad por parte de la población reclusa. Ante ello, las autoridades penitenciarias han diseñado planes de apoyo de los internos en diferentes proyectos de beneficio de los salvadoreños.
Con el trabajo coordinado con diferentes instituciones del Gobierno, los reclusos tienen la oportunidad de mostrar su genuino deseo de cambiar, participar y apoyar a las comunidades del país, y resarcir su deuda con la sociedad.
Entre los trabajos que realizan los privados de libertad en fase de confianza está la construcción de viviendas en comunidades de los municipios de Nuevo Cuscatlán y Antiguo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad.
Otro grupo trabaja en la construcción de la subdelegación policial situada en la colonia Escalón, al poniente de San Salvador. También laboran en la limpieza y ornato de calles y redondeles del Área Metropolitana de San Salvador.
Centros Penales pone su mayor esfuerzo en la búsqueda de las herramientas para que los internos puedan desarrollarse, a través de una rehabilitación efectiva e integral. Entregando a la sociedad a una persona nueva y productiva.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
