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Presidente Nayib Bukele inaugura seis nuevos CUBO para el desarrollo de las comunidades
El presidente de la República, Nayib Bukele, presidió el acto de inauguración de los seis nuevos Centros de Bienestar y Oportunidades (CUBO), que vendrán a consolidar el trabajo de seguridad en las comunidades históricamente estigmatizadas, entregando espacios para la convivencia y la generación de oportunidades para la niñez y la juventud salvadoreña.
Los nuevos CUBO se encuentran en Valle Verde, en Apopa; San Luis Talpa, La Paz; Panchimalco, San Salvador; reparto Santa Lucía, Mejicanos; en el cantón El Tamarindo, en Conchagua, La Unión; y la colonia San José, en Soyapango.
En Mejicanos, el presidente Bukele destacó la importancia de estos espacios, que suman al esfuerzo del Gobierno en el marco de la segunda fase del Plan Control Territorial, denominada “Oportunidades”.
“En este municipio y en esta comunidad asesinaron a un joven conocido como “Luigi Doze”, un artista y emprendedor que fue asesinado por no pagar la renta. Ahora, eso ya no pasa más. Los jóvenes ya no son arrancados de sus familia”, dijo el mandatario.
El primer CUBO fue inaugurado en enero de 2021 en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Luego, fueron construidos cuatro más: Comunidad Emanuel, Santa Ana; colonia Zacamil, Mejicanos, San Salvador; en Milagro de la Paz, en San Miguel; y la colonia IVU, en San Salvador.
Los CUBO forman parte de la fase II del Plan Control Territorial (PCT) para brindar oportunidades a los niños y jóvenes de contar con espacios donde pueden aprender en los diferentes cursos que son impartidos, así como la práctica de deportes para fomentar el sano esparcimiento en las comunidades.
Cada CUBO implementa diferentes actividades para todas las edades, estos espacios cuentan con biblioteca, señal de internet, talleres, videojuegos, entre otras herramientas para que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades; además, son un punto de inicio para la generación de oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes.
“Se ha dicho mucho que en El Salvador hay mucha represión a la juventud; y yo lo que digo es que realmente este es el Gobierno, por lo menos de El Salvador, que más ha invertido en la juventud. Ustedes lo pueden decir así. ¿Qué otro gobierno invirtió así?”, expresó el presidente Bukele ante la población.
De igual manera, los CUBO son administrados por organizaciones de jóvenes de cada comunidad, con el respaldo de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social y el apoyo de instituciones internacionales, que brindan las herramientas necesarias para la implementación de la estrategia.
“Es importante que no solo entre la seguridad (a las comunidades), sino que también entre el Estado resolviendo los problemas estructurales que causaron la delincuencia, que causaron que se crearan las pandillas. Lastimosamente no fue nuestra culpa, fueron gobiernos anteriores que abandonaron al país”, agregó el mandatario.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
