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Preguntas sin responder tras el asesinato del motociclista que paralizo Carretera Los Chorros
Los familiares del joven que fue asesinado en la tarde del martes en la carretera hacia Los Chorros, La Libertad, manifestaron no tener pistas sobre cuál sería el móvil del homicidio que conmocionó al país, al quedar tendido su cadáver en plena carretera tras ser atacado a balazos cuando iba en su motocicleta.
Sobre la muerte Carlos Geovanny Sorto Gutiérrez, de 25 años, dijo una familiar que lo único que saben es lo que ha salido divulgado en unas páginas digitales en las que se detalla que el joven fue asesinado en un acto de intolerancia cuando se conducía en su motocicleta en la carretera y discutió con un automovilista.
Este último le habría disparado, ya que supuestamente lo agredió verbalmente al no cederle el paso vehicular, aunque es solo una hipótesis a comprobar.
Según los informes, el hecho ocurrió específicamente en el kilómetro 16.5 de la carretera hacia Colón, en carril de oriente a poniente por la zona de la ex Báscula.
El Salvador Times habló con la Policía Nacional Civil (PNC), pero manifestaron no tener un móvil del hecho y que serán las investigaciones en los próximos días las que arrojen alguna línea de investigación. También se llamó a la Fiscalía para tener su posición entorno al caso, pero no respondieron llamadas
Según el reporte policial, Sorto Gutiérrez conducía una moto marca Honda placas M 273-771 color negro. Su cuerpo quedó tirado como a tres metros de distancia en la carretera y se encontraron casquillos de pistola
El supuesto hechor, quien iba en el vehículo, huyó del lugar y la Policía de momento no ha reportado ninguna detención.
Debido a esa situación, se originó un fuerte congestionamiento vehicular por lo que la Policía recomendó utilizar vías alternas como la calle hacia El Volcán o Quezaltepeque y fue hasta las 9:35 de la noche que el paso fue habilitado hacia el Occidente por carretera a Los Chorros.
Era joyero y servía en una iglesia
La familiar relató que la víctima tenía un negocios de joyas en Santa Tecla, con la que pagaba todas sus necesidades.
Al mismo tiempo, dijo que este vestía de payaso en algunas actividades religiosas temporales para divertir a los niños en una iglesia evangélica en Lourdes hace un par de años.
Además, lo describe como una persona bromista, a quien le gustaba mucho el fútbol. «No era casado, ni tenía hijos pero sí una novia», sostuvo.
Manifiesta que era bien divertido, bailarín, cariñoso y todas las semanas iba a la cancha a jugar fútbol de donde residía.
Entre sus sueños o anhelos, sostuvo que Sorto tenía la visión de hacer crecer su negocio de joyería el cual lo tenía en Santa Tecla, asimismo formar una familia con su novia en el futuro.
«Pido a las autoridades de la Policía y Fiscalía, que esclarezcan el crimen, que revisen las cámaras de seguridad del lugar desde donde salió. Deben investigar y que capturen a los responsables», demandó la familiar.
Por: El Salvador Times
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
