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PNC a efectuado capturas bajo el respeto de los derechos humanos, afirma director de la Policía
El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriza Chicas, aseguró que su institución cumple el mandato dado por el presidente Nayib Bukele de respeto a los derechos humanos y que el trabajo que se inició desde junio de 2019 en esta materia se ha reflejado desde la implementación del régimen de excepción.
«A pesar de que se oyen voces de organismos internacionales e inclusive en El Salvador, la actuación policial está clara, tenemos protocolos de actuación que están escritos, están firmados y están ahí para que puedan ser explotados y la individualización de cada miembro de estructura criminal ha sido documentada, está apegada a Derecho, a la ley, y bueno, son puestos a disposición de la justicia, no son puestos a disposición de ninguna otra persona, nada más que al sistema de Justicia penal salvadoreño».
Arriaza Chicas explicó que las actuaciones de la Policía están basadas en la Constitución de la República y que el régimen de excepción, está amparado en el artículo 29 de la Constitución, además es una medida aprobada en la Asamblea. Agrega que con la metodología del régimen de excepción también tienen leyes que cumplir y toda la actuación de los integrantes de la corporación está basada en la ley, «no hay ningún invento de ningún miembro de la institución policial ni de la Fuerza Armada y sabemos que tenemos que hacerlo con el debido respeto de los derechos humanos».
El funcionario manifestó que con la llegada de la administración Bukele se enfocaron en tener una Policía preparada, entrenada y capacitada especialmente en el respeto a los derechos humanos y la doctrina del uso de la fuerza.
«Si una policía se prepara para eso, el resultado que usted va a tener es una mejor administración del uso de la fuerza, del uso racional de las armas a emplear a la hora de una intervención La Policía Nacional Civil constantemente se ha venido profesionalizando en una formación continua, en cursos de intervenciones policiales o de actuaciones policiales para las fuerzas especiales de la Policía», indicó el jefe policial.
Arriaza Chicas enfatizó en las metodologías que tiene su institución en salud ocupacional, acondicionamiento físico y otras áreas de soporte, las cuales han venido a ayudar al policía para evitar caer en algunas arbitrariedades que se pudieron cometer anteriormente, las cuales eran por falta de entrenamiento de cómo abordar y resolver una intervención o una agresión ilegítima que las estructuras terroristas ejecutan contra los agentes.
«La verdad es que se está haciendo un trabajo arduo, un trabajo en la cual nos sentimos muy contentos, muy confiados y hoy podemos decirle a la población que cualquier equipo de fuerzas especiales que intervenga grupos criminales, nosotros ya sabemos hasta dónde están nuestros límites, en lo que es la doctrina del uso de la fuerza», enfatizó el funcionario.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
