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Plan Control Territorial prioriza su accionar en 31 municipios
Luego de más de tres años de haberse implementado la primera fase del Plan Control Territorial (PCT) -el 20 de junio de 2019- en 12 municipios que fueron priorizados debido a la incidencia criminal, las autoridades ampliaron esta cobertura de seguridad hasta ampliar su accionar en 31 municipios, según lo recoge la memoria de labores del Ministerio de Seguridad del período de junio de 2021 a mayo de 2022.
De acuerdo con los datos oficiales, los municipios que inicialmente fueron incluidos para la puesta en marcha de la fase 1 son: San Salvador, Mejicanos, Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, Santa Tecla, Colón, San Marcos, Ciudad Delgado, San Miguel y Santa Ana. Las fuerzas del orden priorizaron comunidades y los centros urbanos, principalmente, donde había actividad comercial.
Dados los resultados positivos obtenidos con la captura de miles de pandilleros y la reducción en la cifra de los homicidios, así como las extorsiones y la usurpación de viviendas, el presidente Nayib Bukele, anunció dos semanas después -2 de julio de 2019- la segunda fase de la estrategia de seguridad y la incorporación de cinco municipios más: Ahuachapán, Sonsonate, Usulután, La Unión y Cojutepeque.
El mandatario aseguró que el Estado había tomado el control de las colonias que tradicionalmente fueron asediadas por estructuras delictivas, cada vez fueron más evidentes los patrullajes en conjunto entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada.
A medida que cada una de las fases del plan se fueron desarrollando, las autoridades del Gabinete de Seguridad decidieron incluir otros municipios para llevar más presencia policial y militar, a Ayutuxtepeque, San Juan Opico, Izalco, Chalchuapa, Quezaltepeque, Jiquilisco, Armenia, Ilobasco, La Libertad, San Martín y Tonacatepeque.
Según datos del Ministerio de Defensa, hasta la fecha, hay presencia permanente de soldados en colonias como La Campanera, San Francisco y la comunidad 22 de Abril, todas ubicadas en Soyapango.
Ante el clamor de la población que bajo el anonimato solicitaba presencia de PNC y del Ejército, las autoridades decidieron dejar vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana en 22 municipios, de los cuales, 17 ya aparecen mencionados en las primeras etapas del plan. Los nuevos que fueron incorporados son: Chalatenango, Sensuntepeque, Zacatecoluca, San Vicente y San Francisco Gotera.
En cuanto a la segunda fase, el presidente Nayib Bukele explicó que debido a la importancia de su componente social sería implementada en los 262 municipios, pues conlleva desarrollo educativo, cultural, salud, deporte y sano esparcimiento para contrarrestar la violencia generada por las pandillas que crea condiciones de riesgo para cientos de jóvenes.
Las estadísticas policiales revelan que hasta antes del régimen de excepción -entre junio de 2021 al 26 de marzo de 2022- más de 4,000 pandilleros habían sido capturados; pero con la implementación del régimen de excepción las capturas subieron a 47,335 (hasta el 21 de julio), de los cuales, más de 40,000 ya han sido enviados a prisión provisional mientras dure el proceso en los Juzgados Especializados de Instrucción, según la Fiscalía.
Para garantizar la seguridad de la población, la Policía ha desarrollado 92,499 patrullajes de prevención y brindó 6,189 servicios de seguridad en los mercados municipales y más de 10,697 recorridos en los sectores de mayor afluencia de junio de 2021 a mayo de 2022.
El gobierno del presidente Bukele se ha caracterizado por lograr cifras históricas en el combate de la criminalidad, principalmente, la violencia homicida provocada por las pandillas. Muestra de ello es que de enero a junio de este año no se registran asesinatos en 137 municipios, que representan el 52 % del país.
En perspectiva, los gobiernos del FMLN registraron breves momentos sin violencia homicida y sucedió en apenas el 15 % del total de los municipios, y fue cuando avalaron una tregua que permitió fortalecer a las pandillas. El análisis de los datos oficiales revela que la violencia homicida era imparable, tanto así que el gobierno del prófugo Mauricio Funes optó por negociar con los mareros beneficios a cambio de reducir asesinatos.
En junio pasado, el presidente Bukele hizo un recuento de los logros obtenidos en su administración, entre ellos, que El Salvador salió del listado de países más violentos del mundo.
«Salir de los países más violentos del mundo en el 2021; contar con los elementos para que la guerra contra pandillas sea posible; [finalmente] garantizar que la paz sea sostenible a largo plazo», expuso el gobernante.
Las estadísticas policiales detallan que durante la gestión del mandatario existe un acumulado de 158 días de cero homicidios hasta el 21 de julio de 2022.
Por: DES.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
