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Pese a pérdida millonaria por cierre de espacios culturales, ministra pide no convocar a actividades en vacaciones
La ministra de Cultura, Suecy Callejas, brindó este día, una conferencia de prensa en el auditorio del Museo Nacional de Antropología “Dr. David J. Guzmán” para brindar detalles sobre la crisis del COVID-19 y sus afectaciones en el tema cultural y artístico.
En primera instancia, la ministra detalló que debido a la pandemia, son entre $1.5 y $1.8 millones los que se han dejado de percibir en la cartera de estado que representa, debido al cierre de espacios culturales; y que han suspendido el pago que reciben de los arrendarios. «A ninguno se les ha cobrado por la situación (el coronavirus)», detalló.
Sin embargo, la ministra también explicó que pese a la pandemia, se están realizando algunas actividades virtuales a fin de no perder la participación y conocimiento cultural en la sociedad salvadoreña.
Detalló que actualmente cuentan con más de 180 recursos culturales en línea, y que siguen atendiendo en línea a los alumnos del CENAR, el Sistema de Coro y Orquestas, la Escuela Nacional de Danza y el Coro Patrimonial.
La ministra también reveló que tienen recorridos virtuales del Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán, de parques arqueológicos y teatros y otros «con aportes del ITCA y de la Universidad Andrés Bello, en San Miguel.
Y agregó que han dispuesto recursos culturales y virtuales y una programación cultural transmitida a través de Canal 10. «El programa «Cine Libertad» será transmitido el 8.8.2020 a las 8 p.m., un documental de Roque Dalton.
Asimismo, la funcionaria hizo el llamado a la población salvadoreña a quedarse en casa durante las vacaciones de agosto, para evitar aumentar los contagios por coronavirus en El Salvador.
«Al inicio de la cuarentena tuvimos visitantes (en sitios culturales), pero hoy ya no. Llamo a ser responsables y no convocar actividades (culturales o recreativas). No es responsable convocar actividades turísticas», reiteró.
La titular de cultura hizo un llamamiento a gestores culturales y artísticos, así como a empresarios del rubro turístico a abstenerse de realizar eventos, puesto que sería irresponsable congregar personas debido al riesgo de propagar el virus.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
