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Pandilleros recluidos en el CECOT son vigilados con alta tecnología, soldados, policías y custodios
Los 4,000 pandilleros que están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el municipio de Tecoluca, del departamento de San Vicente, son vigilados las 24 horas del día a través de dos métodos: Por medio de un sistema de cámaras de video que están instaladas por todo el complejo, y, además, presencialmente por el personal de la Dirección General de Centros Penales, soldados y policías ubicados en áreas estratégicas.
El Gobierno administra el centro penitenciario más grande de Latinoamérica, con una capacidad instalada para 40,000 reos. En menos de un mes ha habido dos traslados de terroristas, 2,000 por grupo, y continuarán llegando para su confinamiento.
De las 236 manzanas que adquirió el Gobierno en el terreno de Tecoluca, el área de construcción del centro de confinamiento alcanza 33 manzanas. La seguridad interna está conformada por siete anillos, es extremadamente difícil un escape de alguno de los pandilleros.
El centro está amurallado (11 metros de altura y electrificado), hay 19 torres de vigilancia, cámaras térmicas y portones de acero con cierre eléctricos a distancia.
Al ingresar en el recinto, cada pandillero pasa por un escáner corporal y detector de metales. Son registrados con sus identidades y designados a las celdas donde pasarán cumpliendo las penas impuestas por los jueces.
Un salón de armas con equipo antimotines está listo para enfrentar el mínimo incidente que genere alguno de los reclusos. Hay celdas de castigo, que al cerrar la puerta el recluso queda en la oscuridad.
El CECOT tiene un régimen especial de disciplina, las visitas no son permitidas ni las salidas a audiencias judiciales, estas son desarrolladas a distancia a través de un sistema de televisión.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
