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Ministro de Gobernación: «Más de 450 personas están albergadas a causa de las lluvias»
Las intensas lluvias en El Salvador, que afectan desde el fin de semana, han dejado a más de 450 personas albergadas, informó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain.
El funcionario explicó que, hasta hoy, hay 13 albergues activos de los 170 que el Gobierno mantiene preequipados a escala nacional.
Entre los albergues activos están dos en Usulután, tres en La Unión, dos en La Paz, en La Libertad hay dos centros y en Sonsonate cuatro. En total hay 456 personas refugiadas bajo un protocolo integral.
En los albergues se les entrega a las familias alimentación, kits de limpieza, se les brinda atención psicológica, sala de atención materna y otros.
«Se montan guarderías por ley en cada albergue, se les da alimentación, atención médica, es una serie de trabajos que se hacen para atender a la población», mencionó el funcionario.
Bidegain añadió que hoy «se atiende de una forma diferente a como antes cuando se utilizaban solo las escuelas como albergues, por eso se creó la Dirección Nacional de Albergues y ahora se le da atención digna a las personas», dijo.
Entre las últimas evacuaciones está la de 12 familias en la playa El Tamarindo, quienes fueron trasladadas al albergue habilitado en el cantón Las Tunas, distrito de Conchagua, La Unión Sur, donde recibirán atención integral. También otras 21 personas en el caserío El Jocotal, cantón Metalío, distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste fueron llevadas a un albergue.
«La zona costera ha sido la más afectada por lluvias, pero también en otras afectó la saturación de suelos. Los lugares más afectados han sido La Unión, Usulután, Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad», explicó el titular de Gobernación.
El último balance detalla que las intensas lluvias en El Salvador provocaron hasta hoy 41 árboles caídos, 40 vías obstruidas, 10 desbordamientos de ríos, 10 inundaciones urbanas, 107 viviendas anegadas, 26 viviendas con daños y 12 derrumbes.
El personal que conforma la Comisión Nacional de Protección Civil se mantiene a nivel nacional trabajando de manera coordinada para atender inmediatamente las emergencias que se hayan reportado.
Durante la madrugada de este martes, personal de Protección Civil en conjunto con la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han trabajado en la remoción de árboles caídos, en la evacuación de familias y otros.
Bidegain añadió también que este día se inicia la entrega de paquetes de víveres que anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, el pasado domingo para ayudar a la población afectada por lluvias.
«Los agricultores son los principales beneficiados, la entrega de víveres así como los bonos se hacen en coordinación con el ministerio de Agricultura», dijo Bidegain.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
