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Ministerio de educación impulsa desarrollo innovador de tecnología
El presupuesto del Ministerio de Educación para el próximo año, que tienen en sus manos los diputados de la Asamblea Legislativa, es el reflejo de una de las prioridades del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
La propuesta para 2021 es invertir $1,320.4 millones en la educación, esto significa $281.1 millones más (al comparar con el actual presupuesto) y el equivalente al 5.0 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Desde el 2001 hasta el 2019 la asignación del presupuesto para educación que los pasados gobiernos destinaron nunca llegó ni al 4.0% del PIB. Ese es el reflejo de la herencia que dejaron, un sistema educativo deprimido con infraestructura deteriorada y con una serie de necesidades.
Con la llegada al poder del Presidente Nayib Bukele, el primer año hubo un incremento a Educación que pasó del 3.71% del PIB que dejó la pasada administración presidencial a contar con el 4.14% en relación porcentual del PIB y para el próximo año sube al 5.0 %.
Este Gobierno pasa a un nuevo nivel la educación equiparándose a países desarrollados como México y Estados Unidos con una intachable tradición de impulsar el desarrollo de los programas educativos.
La nueva plataforma multimodal de educación será la puerta de entrada a una nueva dinámica de aprendizaje y preparación de las futuras generaciones de salvadoreños.
El cuerpo de docentes del Ministerio de Educación sacará el máximo provecho a las actuales herramientas tecnológicas de enseñanza, pero para esto se requiere de inversión en conectividad, adquisición de equipos, el desarrollo de la plataforma Google Classroom y capacitación de docentes.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció para el próximo año la entrega de una computadora para cada alumno. En el caso de los maestros a la mayoría se le ha entregado un equipo para que pueda impartir los contenidos de los programas académicos a sus alumnos.
La inversión en la nueva dinámica del proceso de enseñanza y aprendizaje no supone debilitar otros programas que se mantendrán y que han dado buenos resultados.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
