Migración
Gobierno de Estados Unidos reconoce que causó daños mentales a niños inmigrantes separados de sus padres
El Gobierno de Estados Unidos reconoció este miércoles que los menores inmigrantes separados de sus familiares en la frontera en año pasado sufrieron problemas mentales, como estrés postraumático, durante el periodo que estuvieron alejados de sus padres.
La Oficina del Inspector General del Departamento de Servicios de Salud y Humanos (HHS, en inglés), que se encarga de supervisar la labor de esta agencia, reveló en un informe, con fecha de ayer pero dado a conocer este miércoles, que los menores padecieron problemas graves de salud mental.
En ese sentido, el comité supervisor recomendó al Ejecutivo que contrate más personal especializado en cuidados mentales.
El informe señala que los cambios en la política migratoria del país en 2018, principalmente las medidas de «tolerancia cero» promulgadas por el presidente estadounidense, Donald Trumpp, “exacerbaron estas preocupaciones”.
Dichas medidas resultaron en estancias más largas de los menores bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y en un rápido aumento en el número de niños más pequeños, muchos de ellos separados de sus padres.
Washington puso en práctica el año pasado una política de “tolerancia cero” respecto a la inmigración, que supuso el alejamiento de miles de menores de sus padres tras su llegada a la frontera.
Dicha estrategia incluía “enjuiciar” al 100 % de los indocumentados arrestados al cruzar la frontera ilegalmente y separarlos de sus hijos en caso de viajar con ellos.
Trump puso fin a esa política en junio de 2018, tras la decisión de un juez federal, y ordenó que su Gobierno mantuviera juntos a los niños con sus padres o familiares en centros de detención.
Tras entrevistar a 100 médicos expertos en salud mental que trabajaron con los menores separados, el comité encontró que la “gran cantidad de casos” registrados limitó la efectividad de los facultativos para abordar las necesidades de los menores.
“La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) debe desarrollar estrategias para superar los obstáculos para contratar y retener a médicos calificados en salud mental y considerar la carga máxima de casos”, dijo el comité en sus conclusiones.
Asimismo, el órgano supervisor señaló que la ORR “debe proporcionar a los establecimientos una guía para abordar el trauma en la terapia a corto plazo” con el objetivo de mitigar las consecuencias de los problemas mentales en el futuro.
Este análisis es el primer informe sustancial de una agencia gubernamental sobre cómo la separación familiar bajo la política de “tolerancia cero” de la Administración Trump ha afectado la salud mental de los niños.
Para elaborarlo, los investigadores acudieron a 45 instalaciones de diez estados durante agosto y septiembre de 2018 y entrevistaron a unos 100 médicos de salud mental que tuvieron interacciones regulares con los niños y el personal.
En el periodo de las entrevistas, había cerca de 9,000 menores en los refugios del Gobierno. De acuerdo con datos oficiales, casi el 85 % tenían entre 13 y 17 años, el 13% tenían entre 6 y 12 años y el 2% eran pequeños de hasta 5 años.
Según un informe divulgado en julio por el Congreso de EEUU, al menos 18 bebés menores de dos años de edad fueron separados de sus padres en la frontera con México entre 20 días y 6 meses durante la aplicación de la política de “tolerancia cero”.
Esa medida impulsada por el entonces fiscal general, Jeff Sessiionss, fue ampliamente criticada, no solo a nivel nacional, sino también internacional.
Las autoridades migratorias de EE.UU. anunciaron este jueves la renovación automática de los permisos de trabajo para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta marzo de 2025.
El anuncio del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) favorecerá a más de 300.000 inmigrantes de estos países que tienen el alivio migratorio, que incluyen también a inmigrantes de Nepal y Sudán que se benefician del auxilio.
En junio del año pasado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) anunció que extendía el amparo para estas, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) intentara retirarles el beneficio migratorio.
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El Gobierno de Estados Unidos tiene la potestad de conceder el TPS a los inmigrantes de países que sufren un conflicto armado, un desastre natural o alguna circunstancia extraordinaria que no les permite volver a sus hogares.
La Administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, incluyendo a las que se le extendió el permiso hoy, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes y logró mantener el amparo.
USCIS recordó a los beneficiarios que todavía no han renovado el amparo que aún pueden hacerlo.
Precisó que, si bien los periodos de reinscripción finalizan en fechas diferentes dependiendo el país, todos los permisos de trabajo se extienden hasta la misma fecha: 9 de marzo de 2025.
Desde que los diputados de la nueva Asamblea Legislativa asumieron sus cargos, el tema de los compatriotas en el exterior ha sido retomado para compensar el tiempo en el que las legislaturas anteriores los tuvieron abandonados, ya que solo eran vistos como “remeseros”.
Por eso, en la sesión plenaria número 125, los parlamentarios aprobaron, con 64 votos, la creación de la Ley de Integración de Funciones del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (CONMIGRANTES) al Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Se han saldado deudas históricas que se tenía con esa tercera parte de la población. Ellos son salvadoreños y por ende son sujetos de derechos”, expresó la legisladora Ana Figueroa.
Con esta normativa, que consta de nueve artículos, se unificarán esfuerzos, se trabajará con eficiencia y se garantizará el cumplimiento de los derechos de los migrantes, a través del Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana.
“El fenómeno social de la migración es algo de categoría mundial y esta Asamblea Legislativa ha trabajado para apoyar y acompañar a nuestros migrantes con proyectos que se han fortalecido a beneficio de ellos”, aseguró el parlamentario Raúl Chamagua.
Con la aplicación de esta normativa se trasladarán las funciones de CONMIGRANTES a la dependencia de Cancillería, debido a que –además de tener dentro de sus funciones la promoción y protección de los derechos de los migrantes- poseen asignaturas similares.
Desde la creación de CONMIGRANTES este ente no ha brindado los frutos que se esperaban, por lo que será el viceministerio el que continúe respaldado los programas a favor de los compatriotas que residen en el exterior.
Con la disposición aprobada se emiten los fondos del consejo al Ministerio de Hacienda, para que sea esta cartera de Estado la que decida en qué otro rubro se invertirá ese dinero, debido a que el viceministerio ya cuenta con sus propios recursos.
Según los reportes de Cancillería, la tasa de migración se ha reducido a un 43 % y eso ha permitido que El Salvador salga de los primeros 10 países que sufren migración en la región.
El Viceministerio de Diáspora y Movilidad Humana tiene dentro de sus atribuciones coordinar y articular políticas públicas, asistencia humanitaria, reintegración y desarrollo para la población que está en movilidad.
Dicha institución se creó apegada a las presentes necesidades, bajo una visión más estratégica y englobando todas las áreas del ciclo migratorio. Además, busca incentivar una atracción de inversiones con los salvadoreños que residen en el exterior.
La institución en donde recaerá el CONMIGRANTES ha desarrollado diferentes proyectos a beneficio de los salvadoreños que retornan al país.
Entre ellos, el plan de desarrollo económico y turístico para la reintegración de mujeres migrantes retornadas; el proyecto de contribución a la atención, seguridad y recuperación psicosocial para mujeres migrantes retornadas y sus hijos; una formación para empleabilidad del sector femenino, migrantes en Centroamérica; proyectos de reintegración productiva con atención psicosocial para los migrantes retornados; campañas de prevención de la movilidad irregular, entre otros.
La Dirección General de Aduanas de El Salvador firmó un acuerdo de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el compromiso con la protección de los derechos de las personas en situación de movilidad.
Esta iniciativa que busca proteger a los derechos de las personas en situación de movilidad se desarrolla con el apoyo de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas (UNHCR, por sus siglas en inglés).
El acuerdo fue firmado por la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, y el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga.
«Este instrumento busca oficializar la utilización de las instalaciones de Aduanas, en los diferentes puntos fronterizos para atender a personas en condición de refugio», detalló la viceministra Portal.
La Dirección General de Aduanas de El Salvador dispone sus instalaciones para implementar iniciativas que beneficien a la comunidad internacional, a fin de ejecutar acciones como compromiso de país, según indicó Mayorga.
