Nacionales
Más de 3,200 emergencias han sido atendidas por las autoridades a casusa de la tormenta Julia
Un día después de que El Salvador sufriera los estragos ocasionados por la tormenta tropical Julia, las autoridades informaron que el país entró en la fase de atención de víctimas y de reconstrucción de toda la infraestructura dañada, principalmente, la relacionada a carreteras, puentes y caminos vecinales.
Los diversos equipos de la Comisión Nacional de Protección Civil han atendido, hasta ayer, más de 3,200 emergencias en todo el país para paliar o minimizar los daños dejados por la tormenta tropical Julia.
Los casos de atención más recientes fueron ayer en los cantones El Tecomatal y La Canoa, en San Miguel, debido a inundaciones provocadas por el desborde del río Grande de San Miguel, que obligó a evacuar a unas 900 personas.
De acuerdo con datos de Protección Civil, la estela de daños y emergencias atendidas comprende: 10 fallecidos, 450 rescates, 162 vías obstruidas, 256 árboles caídos, 239 derrumbes, 2,110 personas evacuadas, 2,097 personas albergadas, 193 viviendas afectadas, 10 inundaciones, 26 desbordamientos de ríos, 10 muros colapsados, 10 vehículos dañados, 17 postes caídos y 14 obstrucciones de drenajes.
En el caso de los rescates, el director de Protección Civil, Luis Amaya, dijo ayer que estas acciones se tradujeron en «un segundo chance de vida» que se les ha brindado a 450 ciudadanos.
La lluvia también provocó daños en tres puentes situados en diferentes departamentos, uno de ellos ubicado en el río Titihuapa y que deja incomunicadas a más de 15,000 pobladores residentes en Ciudad Dolores, en Cabañas y San Ildelfonso, de San Vicente.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-4093775281017058&output=html&h=280&adk=1563385518&adf=3264790055&pi=t.aa~a.2067693828~i.5~rp.4&w=617&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1665576440&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=2886069329&ad_type=text_image&format=617×280&url=https%3A%2F%2Fdiarioelsalvador.com%2Fautoridades-han-atendido-mas-de-3200-emergencias-por-la-tormenta-julia%2F283393%2F&fwr=0&pra=3&rh=154&rw=616&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTA2LjAuNTI0OS4xMDMiLFtdLGZhbHNlLG51bGwsIjY0IixbWyJDaHJvbWl1bSIsIjEwNi4wLjUyNDkuMTAzIl0sWyJHb29nbGUgQ2hyb21lIiwiMTA2LjAuNTI0OS4xMDMiXSxbIk5vdDtBPUJyYW5kIiwiOTkuMC4wLjAiXV0sZmFsc2Vd&dt=1665577857611&bpp=4&bdt=1994&idt=-M&shv=r20221005&mjsv=m202210030101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Dc4130e846956832e-2231ff95fe7e00f1%3AT%3D1665576146%3ART%3D1665576146%3AS%3DALNI_MYB7XMaZIq7Z_NYxmvZ4FLMMEWkJA&gpic=UID%3D0000097dce613319%3AT%3D1665576146%3ART%3D1665576146%3AS%3DALNI_MaJ19vSlg9fKGvdp19z407G8NIMJg&prev_fmts=0x0%2C617x280&nras=3&correlator=4640721280916&frm=20&pv=1&ga_vid=1880621280.1665576141&ga_sid=1665577857&ga_hid=591864237&ga_fc=1&ga_cid=189892239.1665576142&u_tz=-360&u_his=8&u_h=768&u_w=1280&u_ah=728&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.1&dmc=2&adx=104&ady=2118&biw=1148&bih=597&scr_x=0&scr_y=0&eid=42531705%2C31065825&oid=2&pvsid=4499680397902180&tmod=7114187&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fdiarioelsalvador.com%2F&eae=0&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C728%2C1164%2C597&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&alvm=r20221010&fu=128&bc=31&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=2eqtPBfTXq&p=https%3A//diarioelsalvador.com&dtd=370
Un segundo paso aéreo que quedó inservible estaba situado en el cantón Pasaquinita, en Santa Rosa de Lima, en La Unión. Y el tercero es el puente del cantón Villa Modelo de El Divisadero, departamento de Morazán, que sufrió daños parciales por la formación de una cárcava. El titular del MOP aseguró que podría estar habilitado hasta el próximo 17 de octubre.
El recuento de las afectaciones, así como del estado actual de las vías donde la circulación vial tuvo que ser interrumpida, fue detallado por el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, quien aseguró que la institución dispuso de más de 1,525 personas, entre empleados del MOP y del Fovial, para atender las diferentes emergencias en todo el territorio.
En el caso de la carretera a Los Chorros, las autoridades inhabilitaron un carril en sentido de San Salvador al occidente del país en el sector conocido como la Pedrera como medida de prevención para evitar tragedias, también fueron instalados dos campamentos para atender emergencias.
Ayer también, personal de la institución trabajaba para habilitar el paso en la calle El Guaje, que une Ilopango y San Marcos, donde hubo 17 derrumbes. El ministro dijo que si las condiciones lo permitían la vía será habilitada hoy.
MINISTRO AFIRMA QUE SE SALVARON MILES DE VIDAS
Por su parte, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, destacó la preparación anticipada que como Gobierno del presidente Nayib Bukele tuvieron para enfrentar las diferentes emergencias provocadas por Julia.
El funcionario lamentó la muerte de diez personas, por deslizamientos de tierra en viviendas o en otras circunstancias perdieron la vida; no obstante, afirmó que gracias al trabajo de prevención se lograron salvar muchas vidas, principalmente, de quienes habitan en condiciones de alta vulnerabilidad.
«Julia fue bastante intensa, la ventaja es que logramos sacar a muchas personas de las comunidades. Realizamos rescates en San Miguel que se vio afectado por el río Grande y también en la zona occidental, en Ahuachapán», explicó Bidegain, en el mismo espacio de entrevista donde estuvo Rodríguez.
Para dar respuesta a todas las emergencias, el Sistema Nacional de Protección cuenta con 16,000 personas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
