Judicial
Más de $280,000 adeuda Jorge Hernández al Ministerio de Hacienda
Transcendió que el acusado no pudo pagar la deuda debido al congelamiento de todos sus fondos a petición de la FGR.
El expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, se comprometió, en septiembre del 2022, ante el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador a cancelar la deuda de $280,981.89 en un plazo de 15 días.
Sin embargo, hasta este momento el pago no se realizó al fisco, en consecuencia, el proceso penal fue reactivado.
La audiencia preliminar estaba prevista para este 1 de marzo, pero fue aplazada debido a que la defensa solicitó por escrito la suspensión de la misma.
Hernández Meléndez, de 51 años de edad, ha sido acusado por el ministerio público de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuestos en perjuicio de la hacienda pública.
El imputado que se había comprometido a cancelar el monto evadido para dar por culminada la causa penal está bajo arresto domiciliar y bajo la custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), por la resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019, cuando fue la primera audiencia del proceso.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que en 2014, Jorge Hernández, evadió los impuestos sobre la renta por un monto de $280,981.89 en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
En septiembre de 2020, el Juzgado Octavo de Instrucción juramentó a dos peritos de la defensa y uno propuesto por la FGR procedente del Ministerio de Hacienda, para que realizaran un análisis financiero contable para determinar el monto evadido.
A Hernández, en su momento la Fiscalía lo acusó de lavar $8.1 millones erogados de la Presidencia de la República, en la gestión de Elías Antonio Saca, quien fue condenado a 10 años de cárcel por lavado de dinero y peculado (apropiarse de bienes del Estado), delitos que admitió en un procedimiento abreviado en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
