La medida de internamiento de 20 años fue la resolución dictada luego que la Fiscalía General República (FGR) comprobara que un menor de edad estaba vinculado a una estructura terrorista y que se dedicaba a extorsionar a comerciantes en la jurisdicción de San Martín.

De acuerdo a la información fiscal, en septiembre de 2002, el adolescente en conflicto con la ley participó activamente en el cobro de diferentes exigencias de dinero. La denuncia de la víctima protegida aseguró que le entregó distintas cantidades en varias fechas.

Los investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) establecieron, con la víctima, un punto de entrega y al darle seguimiento al menor lograron intervenirlo cerca del Cementerio Municipal de San Martín y tras ser registrado le encontraron el dinero de la renta.

La Fiscalía demostró con abundante prueba que el menor consumó las extorsiones en repetidas ocasiones y que es integrante de la “Pandilla 18 sureños”, con el nivel de colaborador y función de extorsionista.

Por tal motivo, el Juez de Menores de Soyapango lo declaró responsable por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Extorsión Agravada Continuada, imponiéndole la medida de 10 años de internamiento por cada uno.