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Más de 1.6 millones de llamadas al 911 terminan siendo falsas
Una llamada al Sistema 911 de la Policía Nacional Civil (PNC) puede ser clave para salvar la vida de una persona; sin embargo, el mal uso que algunos ciudadanos hacen de este servicio puede significar la muerte de otro que sí necesita pronta atención.
Según las estadísticas policiales, durante el 2021 el reporte de llamadas falsas [denominadas por las autoridades como de mal uso] representaron el 76.22 %, es decir, más de 1.6 millones de llamadas.
El restante 23.78 %, es decir, 504,748 llamadas constituyeron reportes reales de emergencias que fueron catalogadas por la Policía como efectivas. El total general efectuadas durante el año pasado al Sistema de Emergencia 911 fueron 2,122,666.
Los registros de la Policía indican que el promedio diario de llamadas registradas en 2021 fue de 5,816, de las cuales 1,245 eran verdaderas emergencias, mientras que 4,570 no lo fueron.
Para el 2020, durante lo más fuerte de la pandemia del Covid-19, el promedio de llamadas fue de 6,935, de las cuales 5,324 fueron falsas emergencias y a penas 1,611 eran reales. El mayor pico se registró en 2019 cuando todos los días hubo, en promedio, 9,578 llamadas, de las cuales 7,850 fueron falsas y 1,728 verdaderas.
Los datos oficiales revelan que enero de 2021 fue el mes con más reportes de llamadas: 196,402, recibidas por las autoridades, de las cuales 154,712 fueron de mal uso o falsas y 41,690 fueron catalogadas reales.
Al realizar el análisis de las falsas llamadas, la Policía las ha clasificado de la siguiente manera: mal uso por niños y adultos; en estas, lamentablemente, se formulan bromas e insultos a los telefonistas del 911 que atienden las llamadas de emergencias.
En segundo lugar están las falsas, estas son relacionadas a personas con aparentes problemas mentales; en tercer lugar están las llamadas abandonadas, en las que el operador no tiene ninguna interacción o respuesta por parte de la persona que hace la llamada.
Mientras las llamadas verdaderas reciben la categoría de «llamadas efectivas», que se dividen en varios grupos, por ejemplo, las llamadas de orientación que no necesariamente representan una emergencia, pues la intención del ciudadano es solicitar del operador apoyo informativo.
También están las llamadas de transferencia, son realizadas por personal policial para coordinar alguna situación de trabajo. Finalmente, están las denominadas de «evento», las cuales derivan de una atención o emergencia real que fue atendida por la PNC u otra institución estatal.
EN 2018 LAS FALSAS LLAMADAS REPRESENTARON EL 80%
Los registros policiales revelan que durante el 2018 el promedio diario de llamadas al Sistema 911 fue de 17,000, de las que se constató que 14,000 eran falsas. En los primeros cuatro meses de ese mismo año las falsas emergencias representaron el 80 % de los reportes atendidos por la PNC.
«Este es un llamado a las personas que hacen mal uso del Sistema de Emergencias 911 para que nos permitan hacer nuestro trabajo (…) Recordemos que no solo atendemos llamadas sobre hechos delictivos, sino que van desde aquella mujer que está a punto de dar a luz, desastres, presencia de culebras, hasta llegar a bajar gatos de los techos de las viviendas», comunicó la institución para concientizar a la población de todo lo que está en juego cuando se hace mal uso del sistema de emergencia.
Sin embargo, en 2019 los ciudadanos siguieron haciendo mal uso del servicio de llamadas del 911, pues las estadísticas de la PNC volvieron a reflejar un uso inadecuado y las falsas llamadas representaron cerca del 82 %, es decir, 2.8 millones versus 630,637 llamadas que sí fueron reales.
Una de las estrategias que las autoridades comenzaron a implementar para evitar los inconvenientes en la red de atención de emergencias es la de visitar centros educativos con el objetivo de fomentar desde la niñez el buen uso del 911, así como de concientizar a los adolescentes respecto a las consecuencias de hacer mal uso del sistema.
¿CÓMO HACER BUEN USO DEL SISTEMA 911?
Las autoridades policiales piden a los ciudadanos que están en situación de emergencia que, ante todo, guarden la calma y que, posteriormente la información sea brindada al operador con toda claridad.
Una vez los datos son procesados por el operador en cabina es enviada a las unidades policiales que están más cercanas al lugar de la emergencia, previamente la dirección debe ser detallada por el ciudadano, pues la mayoría de las llamadas son recibidas en la base central en San Salvador.
Una de las sugerencias que hace la PNC es que «Si el operador le indica que transferirá la llamada con otra unidad o entidad de servicio estatal manténgase en línea». El ciudadano nunca debe dar por sentado que no lo quisieron atender.
Este servicio es gratuito y en muchos de los casos se les ha brindado a las víctimas atención prehospitalaria, accidentes de tránsito, lesiones, traslado de embarazadas y cualquier afectación por incidencia delictiva, entre otras actividades que pudieran constituir una emergencia.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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