Judicial
Una joven hizo el peor viaje de su vida al ser abusada sexualmente por dos sujetos
Como de costumbre, Brenda (nombre cambiado por protección a la víctima) tomó una unidad del transporte colectivo de la ruta 3-A para desplazarse, por lo que a las 7:00 de la mañana del 23 de enero de 2017 un encuentro con un descocido en un bus le cambió la vida por completo.
La joven abordó el bus en una estación situada en las cercanías de la colonia Atlacatl. Más adelante, José Adrián López, de aproximadamente 40 años de edad, también abordó el mismo medio de transporte.
Según el testimonio de la joven. el sujeto vio a Brenda, por lo que se sentó cerca de ella, pero a la menor oportunidad este se logró pasar a un asiento que lo dejó frente a la mujer.
La joven escuchó por parte de López una inusual pregunta que la dejó nerviosa: “¿Pertenecés a la MS?”.
El sujeto le indicó que él pertenecía a la pandilla 18 y le preguntó por qué se había puesto tan intranquila. De repente, López la tomó bruscamente del brazo y le ordenó que se bajara del bus, que hiciera como que lo conocía, porque de lo contrario la mataría.
En ese momento, Brenda recordó que nueve meses atrás vio a este mismo sujeto en otro bus, de la ruta 7-C, y portaba un arma de fuego. Por lo que sintió más temor y decidió obedecer sus órdenes al pie de la letra.
López le silbó al conductor de la 3-A para que detuviera la marcha, por lo que logró bajar a su víctima en las cercanías del Hospital Nacional de la Mujer. En ese sitio, había una camioneta color gris esperando por ambos.
“Es una chera”, dijo López a José Martín Alvarado, el sujeto que condujo el automotor en donde Brenda fue ingresada a la fuerza.
El recorrido no pudo ser observado por la afectada, debido a las constantes amenazas que López ejercía en ella, aunado a las agresiones físicas a las que fue sometida durante el trayecto en el que solo pudo reconocer el parque Centenario, situado en la calle Juan Pablo II, en San Salvador.
El incómodo viaje culminó en un hospedaje, sitio en donde la mujer fue ingresada a una habitación, en donde ambos hombres procedieron a violarla.
Tras cometer los delitos por los que la Fiscalía General de la República (FGR) los acusa –violación agravada y otras agresiones sexuales agravadas- amenazaron a Brenda con matarla a ella y a su familia si interponía una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC), pues tenían los datos de su Documento Único de Identidad (DUI).
Luego de culminado el delito, la mujer fue ingresada nuevamente al vehículo y cinco minutos después fue bajada en la avenida Independencia para que retomara su camino.
El proceso judicial
Los dos sujetos fueron detenidos por las autoridades policiales. Ambos fueron procesados judicialmente, por lo que el Tribunal 6° de Sentencia fue el que desarrolló el juicio, donde se conocieron los hechos y el testimonio de la víctima.
Tras un acuerdo entre las partes, Alvarado y López fueron juzgados bajo un procedimiento abreviado, por lo que tuvieron que declarar los hechos y aceptar cada uno su culpabilidad con los delitos.
Ante esto, el juez indicó que los dos imputados recibirían un total de seis años de prisión; tres años y 11 meses por el delito de violación agravada y dos años y un mes por el delito de otras agresiones sexuales agravadas.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
