Judicial
Tribunal ordena a alcaldía de Santa Tecla reinstalar y pagar salarios a empleados despedidos para otorgar contrato de Teclaseo
Un tribunal superior ordenó el reinstalo de unos 154 empleados que la alcaldía de Santa Tecla, despidió el 31 de julio del 2018 por orden del alcalde Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, luego que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, el juez ordena el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados y que además se les debe de cancelar los salarios no percibidos.
Los despedidos y que en un principio fueron 154, deben ser instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en otros puestos de igual o de mayor jerarquía.
De igual forma, el juez da un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos.
Debe de cumplirse la presente orden que ya no tiene recurso alguno de apelación y de no ser cumplida, se impondrá una multa que debe ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales, reza el documento.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se activó en su cuenta de Twitter y escribió que era una resolución sin derecho a apelación para el concejo y el alcalde de Santa Tecla. De este último dijo que ya está en delito de desobediencia del artículo 322 del Código Penal, por lo que hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, a que la institución que dirige actúe por las demandas que hay en contra de estos infractores, “porque urge la aplicación de la Ley”.
“En caso de no actuar de forma diligente debido a qué hay repercusiones económicas y de toda índole en perjuicio de los trabajadores, acudiré personalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe de inmediato y llegue la justicia en favor de los trabajadores”.
En total fueron 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de Santa Tecla, que fueron despedidos el 31 de julio del 2018. Algunos tenían más de 20 años de ser empleados de la municipalidad.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años y puso reserva total al documento firmado para que nadie pueda leerlo hasta dentro de tres años.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
Judicial
Capturan a joven de 20 años en Acajutla por amenazar a su propia madre: ella misma lo denunció
Carlos Mauricio Durán Flores, de 20 años, fue capturado este sábado en Acajutla, Sonsonate Oeste, acusado de amenazar a su madre. La detención se produjo luego de que la propia mujer llamara a la Policía Nacional Civil para denunciar a su hijo.
Según la información disponible, el joven habría realizado amenazas durante una llamada telefónica. La madre manifestó a las autoridades que no se trataba de la primera ocasión en que enfrentaba agresiones y maltrato por parte de su hijo.
Los agentes de la PNC localizaron a Durán Flores en la calle principal del barrio La Playa, en Acajutla, y procedieron a su captura. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se continúe con el proceso legal.
El caso se da en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar que las autoridades atienden de forma prioritaria. La madre de la víctima decidió interponer la denuncia para frenar las amenazas que venía recibiendo.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido exacto de las amenazas ni sobre el historial previo de incidentes entre ambos.
Judicial
Envían a prisión a hombre de 44 años por rociar kerosene a su pareja con intención de quemarla en Santa Ana
Un hombre identificado solo por las iniciales A. V. C. M., de 44 años, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, acusado del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su pareja sentimental.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en una colonia ubicada al noroeste del distrito de Santa Ana. La mujer sufría violencia en la relación y, cuando intentó abandonar la vivienda que compartían, el imputado le roció kerosene sobre la ropa y el maletín que llevaba, presuntamente con la intención de prenderle fuego.
La víctima logró escapar con ayuda de vecinos del sector e interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que capturó al hombre en flagrancia. El kerosene es un líquido inflamable derivado del petróleo, comúnmente usado como combustible.
El Juzgado decretó instrucción formal con detención provisional y otorgó un plazo de siete meses para la etapa de investigación. Durante este período se continuarán las diligencias correspondientes.
El caso se enmarca en las acciones judiciales contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en grado de tentativa, delitos que las autoridades han priorizado en los últimos años.
