Judicial
Terminó el juicio contra los últimos diez delincuentes en el caso «Tecana»
La Fiscalía General de la República (FGR) terminó con sus exposiciones en contra de los 88 imputados presentes, 66 con detención provisional y 22 con medidas alternativas, involucrados en la denominada operación “Tecana”, cuya audiencia preliminar es desarrollada por el Juzgado Especializado de Instrucción “A”
Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los últimos diez solo por organizaciones terroristas. Estos supuestamente solo se dedicaban a mover droga, armas y dinero para la estructura y eran parte de la jerarquía de la misma.
Antes de finalizar, el ministerio público fiscal pasó a describir minuciosamente cómo estaba conformada la clica. Mencionó que los colaboradores y administradores de bienes, ocupaban el dinero para ejecutar hechos criminales. El fundador de la pandilla es César Antonio Larios, alias “El Greñas”, quien permaneció recluido en el penal de Zacatecoluca, desde 2002 a 2009; una vez que cumplió la pena retoma el mando de la mara en el año de 2010 y 2011; sin embargo, al llegar 2012 se da el fenómeno de la tregua, fue cuando el imputado y los demás terroristas se percatan que no siempre van a vivir del dinero proveniente de la extorsión, por lo que deciden poner a trabajar el dinero en diferentes talleres, comedores, restaurantes, taxis, mototaxis y otros; también adquirían terrenos y otros inmuebles por medio de testaferros.
Para ello se investigó el patrimonio de la pandilla en 2012 “El Greñas” viaja ilegalmente hacia Los Estados Unidos y deja a otros tres al frente de la pandilla, fue cuando decidieron poner a trabajar el dinero proveniente de las extorsiones, ventas de armas y drogas, para “blanquearlo”, ya que El Estado había iniciado una ofensiva para capturar pandilleros. El 11 de noviembre de 2016, la FGR obtuvo la autorización para las escuchas telefónicas y comenzaron a definirse las relaciones entre todos los imputados.
En el caso del abogado, involucrado en la estructura, defendía a los que ya habían sido capturados anteriormente por otros ilícitos penales. Fue cuando él comenzó a jactarse de obtener datos sobre testigos criteriados y mostraba supuestas actas del centro judicial de Santa Ana, lo cual fue desvirtuado, cuando la FGR indagó que esos documentos eran falsos.
Dentro de las pruebas, la Fiscalía ha presentado también fotos de la red de mensajería rápida como WhatsApp, en las cuales aparecen dinero, drogas y las armas que luego eran utilizadas por los terroristas en diferentes hechos. Asimismo, se le hicieron estudios a la flotilla de vehículos y se encontraron rastros de drogas como éxtasis, marihuana y cocaína. Con ello se pretende comprobar la venta de droga que realizaban con cierta frecuencia; además de la territorialidad en donde ellos actuaban.
Asimismo, hubo seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) por espacio de casi dos años hasta el día de la captura. En resumen, la FGR solicitó a la administradora de justicia admitir la totalidad de la prueba y que pase a juicio el caso en un juzgado especializado de sentencia especializado. Hubo dos peticiones concretas. La primera fue sobre la acción civil, que sea un juzgado superior el que se pronuncie y, la otra, se trató al respecto de los imputados ausentes, ya fueron citados oportunamente y no se presentaron, ni tampoco hay abogados que les defiendan.
Datos de las indagaciones señalan que, los justiciables fueron aprehendidos el 7 de septiembre del año pasado en un operativo realizado en el casco urbano de Santa Ana y sus alrededores. Dentro del proceso, hay mareros que se involucraron con empresarios y pusieron a trabajar el dinero de las extorsiones en sus negocios. Se informó que un aproximado de $2 millones de dólares fueron lavados como parte de las acciones ilícitas financieras
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
