Judicial
Terminó el juicio contra los últimos diez delincuentes en el caso «Tecana»
La Fiscalía General de la República (FGR) terminó con sus exposiciones en contra de los 88 imputados presentes, 66 con detención provisional y 22 con medidas alternativas, involucrados en la denominada operación “Tecana”, cuya audiencia preliminar es desarrollada por el Juzgado Especializado de Instrucción “A”
Esta mañana la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los últimos diez solo por organizaciones terroristas. Estos supuestamente solo se dedicaban a mover droga, armas y dinero para la estructura y eran parte de la jerarquía de la misma.
Antes de finalizar, el ministerio público fiscal pasó a describir minuciosamente cómo estaba conformada la clica. Mencionó que los colaboradores y administradores de bienes, ocupaban el dinero para ejecutar hechos criminales. El fundador de la pandilla es César Antonio Larios, alias “El Greñas”, quien permaneció recluido en el penal de Zacatecoluca, desde 2002 a 2009; una vez que cumplió la pena retoma el mando de la mara en el año de 2010 y 2011; sin embargo, al llegar 2012 se da el fenómeno de la tregua, fue cuando el imputado y los demás terroristas se percatan que no siempre van a vivir del dinero proveniente de la extorsión, por lo que deciden poner a trabajar el dinero en diferentes talleres, comedores, restaurantes, taxis, mototaxis y otros; también adquirían terrenos y otros inmuebles por medio de testaferros.
Para ello se investigó el patrimonio de la pandilla en 2012 “El Greñas” viaja ilegalmente hacia Los Estados Unidos y deja a otros tres al frente de la pandilla, fue cuando decidieron poner a trabajar el dinero proveniente de las extorsiones, ventas de armas y drogas, para “blanquearlo”, ya que El Estado había iniciado una ofensiva para capturar pandilleros. El 11 de noviembre de 2016, la FGR obtuvo la autorización para las escuchas telefónicas y comenzaron a definirse las relaciones entre todos los imputados.
En el caso del abogado, involucrado en la estructura, defendía a los que ya habían sido capturados anteriormente por otros ilícitos penales. Fue cuando él comenzó a jactarse de obtener datos sobre testigos criteriados y mostraba supuestas actas del centro judicial de Santa Ana, lo cual fue desvirtuado, cuando la FGR indagó que esos documentos eran falsos.
Dentro de las pruebas, la Fiscalía ha presentado también fotos de la red de mensajería rápida como WhatsApp, en las cuales aparecen dinero, drogas y las armas que luego eran utilizadas por los terroristas en diferentes hechos. Asimismo, se le hicieron estudios a la flotilla de vehículos y se encontraron rastros de drogas como éxtasis, marihuana y cocaína. Con ello se pretende comprobar la venta de droga que realizaban con cierta frecuencia; además de la territorialidad en donde ellos actuaban.
Asimismo, hubo seguimiento y vigilancia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) por espacio de casi dos años hasta el día de la captura. En resumen, la FGR solicitó a la administradora de justicia admitir la totalidad de la prueba y que pase a juicio el caso en un juzgado especializado de sentencia especializado. Hubo dos peticiones concretas. La primera fue sobre la acción civil, que sea un juzgado superior el que se pronuncie y, la otra, se trató al respecto de los imputados ausentes, ya fueron citados oportunamente y no se presentaron, ni tampoco hay abogados que les defiendan.
Datos de las indagaciones señalan que, los justiciables fueron aprehendidos el 7 de septiembre del año pasado en un operativo realizado en el casco urbano de Santa Ana y sus alrededores. Dentro del proceso, hay mareros que se involucraron con empresarios y pusieron a trabajar el dinero de las extorsiones en sus negocios. Se informó que un aproximado de $2 millones de dólares fueron lavados como parte de las acciones ilícitas financieras
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
El Tribunal de Sentencia de Usulután condenó a 25 años de cárcel a cinco integrantes de la clica Criminal Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13 por el homicidio agravado de un hombre al que atacaron cuando descansaba en su casa.
De acuerdo con el informe oficial, el crimen se cometió el 16 de enero de 2019, cuando la víctima, de 74 años, descansaba en su casa, en el caserío Nuevo Puente, en el cantón San Marcos Lempa, del distrito de Jiquilisco, en el municipio de Usulután Oeste.
Según el reporte fiscal, los cinco terroristas llegaron a la casa de la víctima y la atacaron con arma blanca, por lo que le provocaron lesiones graves en la cabeza y el cuello que le causaron la muerte. Por este hecho han sido sentenciados Gabriel Alberto Iraheta Orellana, alias Turis; Jaime Balmore Beltrán Abarca, alias Domba; Rubén Ernesto Mejía Roque, alias Carmelo; Oswaldo Antonio Castillo, alias Pico; y Milagro del Carmen Mejía Roque.
De momento, los cinco criminales están prófugos de la justicia; sin embargo, el Tribunal de Sentencia de Usulután los procesó gracias a la reforma del Código Procesal Penal que permite decretar sentencia firme contra delincuentes que han sido declarados en rebeldía.
El 89 % [71,356] de los más de 80,000 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción se encuentran guardando prisión como medida emitida por un juez mientras continúan los procesos judiciales en su contra, así lo explicó, recientemente, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado.
«De los 80,095 pandilleros capturados durante dos años del régimen de excepción, 71,356 están detenidos con medidas [es decir guardan prisión por orden de un juez, mientras continúan los procesos judiciales en su contra]», señaló el fiscal.
Delgado detalló que las ordenes de detención han sido logradas gracias a las más de 4,000 solicitudes de imposición de medidas que la Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado ante los tribunales y juzgados correspondientes para que los mareros sean procesados de forma grupal (como estructuras) y no individual.
«Hemos presentado un total de 4,452 solicitudes de imposición de medidas en estos dos años de régimen, esto ha servido para la imposición de la detención provisional en contra de 71,356 pandilleros. Ahorita, en la etapa en la que estamos, es agrupar a todas estas personas para ser procesado por organización criminal, posterior a eso ya vendrán los juicios, es decir, ya la exposición ante cada uno de los jueces de las diferentes evidencias que hemos recolectado», indicó el fiscal.
Delgado también aclaró que hay pandilleros que ya han sido condenados por delitos y proceso judiciales cometidos e iniciados previo a la aplicación del estado de excepción.
«Lo que sí ha sucedido es que algunos de estos pandilleros tenían cuentas pendientes en otros tribunales por otros cargos, por hechos sucedidos antes de la aplicación del régimen de excepción, entonces en contra de esas personas también se ha continuado con los procesos y a cada uno se le ha impuesto la pena correspondiente», explicó.
Según las estadísticas de la Fiscalía, de los 80,095 mareros capturados, un total de 55,114 pertenecen a la MS; 24,450 forman parte de la pandilla 18 [10,258 a los revolucionarios y 14,192 a los sureños]; y 531 pertenecen a otras estructuras criminales como la Mao Mao y la Máquina.
El departamento que presenta mayor cantidad de pandilleros detenidos es San Salvador con 22,210, de estos, 10,793 son de la MS, 11,159 de la 18 y 258 a otras pandillas; a San Salvador le sigue el departamento de Sonsonate con 9,780 capturados, de los cuales, 7,224 son de la MS, 2,547 pertenecen a la 18, y 9 a otras estructuras terroristas.
