Judicial
Sujeto se refugió en un Hospedaje luego de asesinar a su esposa y hoy fue condenado a 30 años en prisión
La Unidad de Delitos Relativos a la Niñez, Adolescencia y la Mujer en su Relación Familiar de la oficina fiscal de Apopa logró la condena de Juan Antonio Arévalo, a cumplir una pena de 30 años de cárcel por el delito de feminicidio agravado.
Hecho ocurrido en residencial Altavista II, Tonacatepeque, San Salvador, el 28 de junio de 2017.
Según la relación de los hechos el hoy condenado se encontraba en el interior del hospedaje La Mansión, ubicado al costado oriente de parque Centenario, de San Salvador, quien solicitó a un empleados del lugar que llamara a la Policía. Cuando los agentes policiales llegaron al llegar, Arévalo les manifestó que horas antes había asesinado a su esposa con su arma de fuego, en Residencial Altavista II.
Las autoridades a cargo de la investigación coordinaron la inspección en la vivienda donde el sujeto aseguro que había disparado en contra de su esposa.
La víctima fue encontrada lesionada de bala en la vivienda de la residencial Alta Vista, y trasladada para recibir asistencia médica en Hospital Nacional de San Bartolo, Ilopango, posteriormente fue ingresada de gravedad en el Hospital General del Instituto del Salvadoreño del Seguro Social, donde falleció el 15 de julio de 2017.
Al imputado le fue incautada un arma de fuego, tipo pistola, calibre nueve milímetros, y un cargador con siete cartuchos, evidencia que cotejada con los casquillos encontrados en la escena, lo que determinaron la participación del sujeto en los hechos antes mencionados.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, San Salvador, en audiencia de vista pública, sentenció a 30 años de prisión a Juan Antonio Arévalo.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS LOURDES COLÓN
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
