Judicial
Salen a la luz, evidencia que fiscales ocultaron pruebas que demuestra la inocencia de Enrique Rais
De la misma forma que hace unos días, se cuestionó a la Fiscalía bajo la administración de Douglas Meléndez, por no haber investigado la posible responsabilidad penal de David Gutiérrez, en el caso penal promovido con relación al “Boulevard Diego de Olguín”; por el que según la defensa penal del licenciado Jorge Nieto, éste ha sido condenado a partir de cuestionables pruebas y de una irregular actividad procesal de la representación fiscal.
Ahora se conocen nuevos elementos que comprueban que la FGR, por órdenes de Douglas Meléndez, fabricó las acusaciones en contra del empresario Enrique Rais, sobre conductas que sabían que no eran delitos, además de sorprender a autoridad judiciales vinculándole viajes, proporcionado por otros empresarios y que el ex Fiscal escondió y generó Fraude Procesal.
El caso de la aeronave N750EL.
Los Agentes Fiscales, al momento de presentar la acusación contra el empresario Enrique Rais, con relación a las aeronaves en que viajó el Ex Fiscal General, Luis Martínez hacían ver que había un total de cuatro viajes que fueron realizados en la aeronave matrícula N750EL, de ENRIQUE RAIS y esa aeronave el fiscal Douglas Meléndez siempre supo que pertenecía al ex Primer Designado a la presidencia de la Republica del gobierno de Toni Saca, pues el monto que representaban esos vuelos a estimación de los fiscales era de un monto superior a los $60 mil dólares, el cual escapaba de la capacidad económica del Ex Fiscal, Martínez. Los vuelos a que hacían referencia fueron realizados uno con destino a Trinidad y Tobago y el otro a Costa Rica, ambos saliendo desde El Salvador.
De acuerdo a uno de los abogados del señor Rais, consultado por este medio, su cliente nunca ocultó que hubiere facilitado aeronaves con el fin de apoyar las actividades institucionales de la FGR y en protección de la integridad física del entonces Fiscal General, en virtud de su cargo, lo cual quedó demostrado por el equipo de litigantes que participó en representación del Estado de El Salvador en los arbitrajes internacionales en el CIADI.
Sin que hubiera de por medio un trasfondo o beneficio como lo reconocen los mismos Jefes y Ex Jefes de Unidades Fiscales, que jamás recibieron órdenes de las autoridades de la institución de favorecer a Rais en ningún expediente de investigación. También expresa el abogado, que ahora se conoce que la práctica de facilitar aeronaves a la FGR durante la administración de Luis Martínez, fue realizada también por otros empresarios, con el fin de apoyar a la institución. ¿Por qué esos otros empresarios no son investigados? porque en realidad no hay ninguna conducta penal en esa acción y los fiscales lo saben. A lo sumo podría evaluarse si hay una infracción ética, pero al señor Rais, ni siquiera le permitió el Tribunal de Ética defenderse, razón por la que todavía está en curso una demanda de amparo ante la Sala de lo Constituciona, acotó.
Este abogado, confirma que al revisar la matrícula de la aeronave N705EL, estaban claros que ese avión no tenía relación con Enrique Rais, sin embargo transcurría la etapa de instrucción y fiscalía mantenía esa información oculta, lo que provocó que la defensa solicitara al Juzgado de instrucción que lleva la causa, que ordenara la presentación de los manifiestos de vuelo de ambos viajes. Lo que fiscalía informó en uno de esos vuelos fue que no contaban con esos manifiestos y en otro que la aeronave había partido únicamente con los pilotos.
Sin embargo, la defensa no descansó para que se indagara la propiedad de la aeronave, lo cual finalmente fiscalía reconoció que la misma está vinculada con el señor Elías Bahaia, empresario y quien fuera Primer Designado a la Presidencia durante el Gobierno de Toni Saca. Luego, al conocer de este hecho, la defensa solicitó que se entrevistara al Piloto de la aeronave, Capitán Arturo de Jesús Soley, quien efectivamente confirmó que en ese avión transportó el día 09 de abril de 2015, al entonces Fiscal General Luis Martínez, quien iba acompañado de tres personas con destino hacia Trinidad y Tobago, partiendo del Aeropuerto de Ilopango. El piloto se refería al viaje realizado del 09 al 11 de abril de 2015. Sin embargo, los fiscales no relacionaron ese viaje, ni las personas que acompañaron al Ex Fiscal General, en el análisis de vuelo que acompañaron con la acusación contra Rais.
En su entrevista, el piloto también confirma haber llevado en el avión N750EL, al entonces Fiscal General Luis Martínez y otras personas que lo acompañaban, con destino a Costa Rica. Aunque manifestó no recordar la fecha. Sobre este vuelo, los Fiscales, únicamente detallan que se realizó del 09 al 12 de diciembre de 2013; no obstante, tampoco hay detalle en la acusación penal, de análisis sobre las personas que viajaron en la aeronave. Sin embargo, se ha podido corroborar con información adicional de resolución 147-UAIP-FGR-2014, emitida por la Unidad de Acceso a la Información que en ese viaje acompañaro al Ex Fiscal General, los señores Mauricio Antonio Yanes Morales, Edgar Márquez, Saúl Ernesto Morales, Ramón Iván García, Francisco Antonio Vides y Julio Adalberto Arriaza. ¿Por qué razón la fiscalía ocultó durante toda la instrucción esta información? Cuestiona el abogado.
El piloto en su entrevista, expresa que no tiene idea de por qué en esas fechas viajó en la Aeronave N750EL, el Ex Fiscal Martínez, pues el mismo se utiliza normalmente para vuelos del personal de la empresa dueña del avión o familiares de ellos, entre los que menciona a los señores Simán.
Las otras aeronaves en que viajó el Ex Fiscal.
Para los abogados de Enrique Rais, queda claro que las imputaciones penales contra su representado son ilegales, ya que se sostienen únicamente en declaraciones efectuadas por personas que han confirmado que fueron coaccionados para suscribir tales confesiones y que durante el proceso penal que se les instruye también han corroborado que siempre actuaron conforme a derecho; por lo que se ha criminalizado en contra del señor Rais, una acción que se constituía una práctica realizada también por otros empresarios que brindaban apoyo institucional y personal al Ex Fiscal General, Martínez, facilitándole sus aeronaves para el desplazamiento en territorio nacional o al extranjero. De manera que para dejar esto claro han solicitado al juzgado que también requiera información sobre estos otros aviones y helicópteros, entre ellos uno vinculado al señor Tomás Regalado Dueñas.
Antecedentes. El caso corruptela.
El 18 de octubre de 2018, y después de una amplia conferencia realizada por Douglas Meléndez, se judicializó el que denominó “Caso Corruptela”, el cual se basaba en una supuesta estructura administrativa dirigida por el entonces Fiscal General, Luis Martínez, quien ha cambio de dádivas recibidas del Ex Presidente de la República, Mauricio Funes; así como de particulares como Aldo Parducci y Enrique Rais había omitido la realización de investigaciones y favorecido en otros casos de interés de este último.
En el requerimiento fiscal, que contaba con la referencia 28-UIF-2016, los agentes fiscales David Ramírez, Héctor Martínez, Sergio Paredes, Harold Córdiva y Santos Inocente Segura, acusaban a Enrique Rais, de haber cometido dos delitos de Cohecho Activo, consistentes en la entrega de dádivas por medio de faciltarle vuelos en aeronaves privadas, al Ex Fiscal General Luis Martínez. Precisamente en la acusación detallaban una serie de viajes realizados por el Ex Fiscal General, generalmente acompañado por sus asesores o fiscales auxiliares; también relacionaban como evidencia las “confesiones extrajudiciales” brindadas por cuatro agentes fiscales, con los que afirmaban que se constataba la forma en que se habían manipulado expedientes según el señor Rais fuere víctima o imputado.
Sin embargo, no se tomaba en cuenta que se habían realizado distintas entrevistas a Ex Directores, Jefes y Ex Jefes de Unidades Especializadas, quienes reconocían haber volado por efectos institucionales en aeronaves relacionadas con Enrique Rais; sin embargo, en ningún momento habían recibido órdenes o instrucciones para actuar de forma contraria a la ley o para favorecer a Rais. Entre los entrevistados estaban el entonces Director de la Zona Oriental de la FGR, German Arriaza, el actual fiscal adjunto, Allan Hernández, el entonces Jefe UIF, Jorge Cortez y el entonces Asesor del Fiscal General y actual Magistrado de Cámara Ramón Iván García.
Los fiscales que renunciaron al criterio de oportunidad.
En enero del presente año, con la toma de posesión material en el cargo, por parte del Fiscal General, Raúl Melara, se conoció que seis de los sujetos que aparecían como testigos criteriados en el caso corruptela, habían procedido a interponer sendas denuncias ante la PDDH y ante Auditoría Fiscal, siendo el motivo el hecho de haber sido coaccionados por otros agentes fiscales que llevaban la investigación del caso corruptela, obligándolos a suscribir confesiones que ya les tenían preparadas y que no coincidían con la verdad de los hechos.
En el mes de julio de este año, la Jueza 7o de Paz aceptó la renuncia del criterio de oportunidad. Y a la fecha se encuentran procesados en virtud que la fiscalía les presentó requerimiento fiscal por delitos de falsedad documental agravada, atentado contra el derecho de libertad y peculado, en el expediente 13-UECLA-2019. Sin embargo sus confesiones que a criterio de distintos abogados defensores consultados constituyen prueba prohibida con la que se dio origen al caso, siguen estando incorporadas en el caso corruptela como prueba y base para la orden de captura existente contra Rais.
Una persecución penal selectiva y fabricada.
Los abogados de Rais, concluyen afirmando que todo este proceso penal es un montaje, que fue ordenado por Douglas Meléndez, con la intención de perjudicar a su cliente y de buscar la reelección en el cargo; por lo que han solicitado reiteradamente a la FGR que actúe con imparcialidad y transparencia para que se dilucide la realidad sobre las falsas acusaciones contra el empresario, las cuales han tenido grandes repercusiones en sus derechos fundamentales, lo que ha motivado que a la fecha se hayan presentado denuncias a nivel internacional para que se esclarezcan los hechos y se confirme la inocencia que su cliente siempre ha sostenido.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
