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Judicial

Regina Cañas (“Tía Bubu”) dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor

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El fiscal General, Raúl Melara reveló en una entrevista con un periódico nacional, que hay una solicitud de procedimiento abreviado a través de los abogados que representan a Regina Cañas, en el proceso judicial que enfrenta; y afirmó que la “Tía Bubu”, está dispuesta a declararse culpable a cambio de que le otorguen una pena menor, pero eso sería posible, siempre y cuando ella pueda devolver los $95,000 que la Fiscalía le imputa que pudo haber lavado.

“En el caso de la señora Regina Cañas, se ha personado a través de sus abogados al proceso, obviamente se encuentra prófuga, entiendo que hay una solicitud para un proceso abreviado, el cual obviamente para tomarse en cuenta pasaría porque este dispuesta a devolver la cantidad de dinero por la cual está siendo procesada”, dijo Raúl Melara en una entrevista esta mañana con El Diario de Hoy.

Cañas, quien fue esposa del expresidente prófugo Funes, habría simulado haber recibido un préstamo de parte de Luis Antonio Flores Mancía, pero según la Fiscalía, no hay registro de que este señor haya hecho operaciones bancarias ni entregado ese dinero a la Tía Bubú.

La tesis de la Fiscalía en el caso de Cañas es que ella y el prófugo Funes trataron de “dar una apariencia legal a los fondos” usados por su hijo y “evitar de esta forma las consecuencias a nivel civil y sobre todo evitar una investigación de carácter penal”.

Los $95,000 fueron usados por Diego Roberto Funes Cañas, hijo de la Tía Bubu y el prófugo Funes, para la compra de ocho vehículos y una motocicleta, según las investigaciones fiscales.

Melara explicó que la institución a su cargo hace uso del procedimiento abreviado para poder descongestionar todo el sistema de justicia, pero “los beneficios no se están dando de gratis, las personas para ser beneficiadas de una reducción de la pena deben de devolver el dinero”.

Recordó el acuerdo que había con la exprimera dama, Ana Ligia de Saca que se sometería a un proceso abreviado, donde confesaría haber lavado $22 millones, pero en esta “administración se puso la condición de que si ella quería tener un procedimiento abreviado tenia que devolver la cantidad que le estaba siendo reclamada”.

Aseguró que en un momento ella dijo que estaba dispuesta, pero después, ella se retractó, y en el momento en el que ella se retracta, “doy la orden para que ese procedimiento abreviado sea eliminado totalmente. No vamos a otorgar ningún tipo de beneficio a quien no devuelva el dinero que se ha robado”, recalcó Melara.

Con información de: elsalvador.com

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Judicial

Condenan a 15 pandilleros de la MS-13 en San Miguel

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El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.

Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.

Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.

Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.

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Judicial

Prisión para dos miembros de la pandilla 18 por extorsión en San Salvador

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.

Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.

El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.

Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.

Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.

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Judicial

Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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