Judicial
Pandilleros reciben condena por exigir dinero a cambio de no atentar contra sus víctimas
Fiscales de la Unidad de Patrimonio de la oficina de San Francisco Gotera, Morazán, confirmaron que dos sujetos pertenecientes a una pandilla, pasarán sus próximos 15 años tras las rejas, tras ser condenados por exigir dinero a las personas bajo amenazas.
En el juicio en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, la representación Fiscal demostró con diferentes pruebas que Roberto Alexander Chicas y Oscar Geovanny Vigil, demandados de la víctima con clave de protección 69-12, les entregó $50.00 en los meses de octubre y noviembre del año 2012.
Por temor, la víctima que reside en el municipio de Jocoaitique, accedió a darles esa cantidad por temor a las amenazas a muerte que recibía constantemente.
Además, en otro proceso penal, tres integrantes de grupos terroristas aceptaron voluntariamente haber extorsionado a una persona en reiteradas ocasiones.
Nelson Alexander Arriaza Amaya, Melvis Isabel Molina y Oscar Santana Martínez Sáenz, decidieron someterse a un procedimiento abreviado en el que aceptaron su participación en tres entregas de $100 y $400 en los meses de febrero y diciembre del año 2014.
En el juicio los Fiscales de San Francisco Gotera, en el Juzgado de Sentencia de dicha ciudad, tras la declaración de los mareros comprobó con otras pruebas su participación en la acción delictiva.
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El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
