Judicial
Mujer es procesada por descuidar a su hija y encontrarla inconsciente en la calle
Una madre encontró inconsciente a su hija de dos años luego de dejarla sola mientras defecaba en medio de los pasajes de una colonia en San Salvador. Por el descuido la mujer se encuentra procesada judicialmente por un supuesto maltrato infantil.
Una fuente que conoce el caso relató que Sofia (nombre modificado por seguridad) recibió la orden de su madre de salir a la calle para hacer una de sus necesidades fisiológicas, esto debido a que no había aprendido a utilizar el sanitario de su casa.
Ayudada por su progenitora, Sofia se agachó sobre un tragante para expulsar de su cuerpo. Una vez finalizado la mujer dejó sola a su hija para buscar papel higiénico para limpiarla.
Al regresar a buscar a su hija, la mujer la encontró inconsciente en el suelo. En ese momento, también salió su compañero de vida quien le sugirió que le diera respiración boca a boca y que le apretara su abdomen.
Sin embargo, toda las acciones de la pareja fueron en vano debido a que Sofía no dada ninguna señal de regresar en sí. Su cuerpo estaba pálido y no respiraba por lo que fue necesario llevarla a un hospital.
Las lesiones extrañas
Los doctores que atendieron a Sofia determinaron que presentaba varias heridas que no eran recientes y que fueron provocadas por graves golpes en la frente, cabeza y mejías. Además de síntomas de desnutrición y anemia.
Ante los cuestionamientos de los médicos, la madre de la menor señaló que esta desde hace algunos días había estado estreñida sin mejora. También, justificó que los golpes de la menor eran producto de la hiperactividad.
De acuerdo al relato de la mujer, en diferentes meses de 2017 su hija habría sufrido una serie de incidentes que, entre otras cosas, le provocaron fiebre y vómito. Algo que dijo que contrarrestaba con medicinas caseras.
En cuanto a las laceraciones que Sofia presentaba en ambas mejías, la imputada manifestó que ella sola se las había provocado con objetos que tenía bajo de una cama y se autoflagelaba.
Sin embargo, el personal médico que atendió a la menor no creyó en lo alegado por la pareja y denunció el hecho ante las autoridades ya que Sofía podría ser víctima de maltrato infantil.
Las autoridades a cargo del caso decidieron detener a la mujer y que su hija fuera trasladada a un hospital especial para niños. A partir de ese momento, la menor quedó bajo custodia del personal del Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia (ISNA)
En tanto, el compañero de vida de la imputada aseguró que ella es una buena madre y que nunca la había golpeado. Sin embargo, personas que conocen a la mujer remarcaron que la mujer ejercía violencia en contra de su hija.
Debido a esto, la madre está siendo procesada por el delito de violencia intrafamiliar y se espera que en los próximos días un juzgado de San Salvador realice la vista pública donde se podrá determinar su responsabilidad en los hechos descritos.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
