Judicial
Militares capturan a salvadoreño que intentó ingresar por punto ciego con 35 cajas de cigarros
Un salvadoreño intento ingresar por punto ciego y fue descubierto por militares de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en la zona del Despoblado, cerca de la frontera de Anguiatú, del municipio de Metapán, en el departamento de Santa Ana.
Según los primeros informes, al sujeto se le encontró 35 cajas de cigarros que eran transportados en un automóvil, las cuales estaban valoradas en $49,875 y fue llevado a una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC).
El Ministro de la Defensa de El Salvador, René Francis Merino Monroy, aseguró ayer lunes en una entrevista matutina, que la FAES ha evitado el ingreso de al menos 290 personas de forma ilegal al país.
Actualmente, los soldados se mantienen en 187 pasos fronterizos no autorizados en toda la zona limítrofe de El Salvador con Guatemala y Honduras.
El Gobierno de El Salvador hace el llamado a la ciudadanía cumplir con la cuarentena domiciliar obligatoria como el distanciamiento social para prevenir casos de COVID-19 en el país.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
