Judicial
Mauricio Arrieta presenta denuncia ante la Fiscalía contra notario, Karla Ivette Escamilla, a quien acusa de falsead documental agravada en poder usado para acusarlo
Este miércoles 11 de septiembre se ha presentado una nueva denuncia contra la abogada y notario, Karla Ivette Escamilla López, quien actualmente está siendo procesada por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Juzgado Cuarto de Instrucción por el delito de Peculado.
La nueva denunciada, relaciona que Karla Ivette Escamilla López con la intención de involucrar falsamente al arquitecto Mauricio Arrieta, ante sus oficios, relacionó falsamente las credenciales con que actúa para otorgar un poder al licenciado René Medrano en nombre de una sociedad en Barbados, poder dado al abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, el día 3 de mayo 2019 y nuevamente al día siguiente, intentó sorprender al magistrado Antonio Durán de la Cámara Tercera de lo Penal, vuelve a sustituir, ante sus propios oficios de notario, y regresa el mismo poder nuevamente a René Medrano.
Según la denuncia es tan falso y notorio dicho poder, que la notario afirma haber tenido a la vista el documento original, traducida al español la personería de la junta directiva y relata a los seis directores por sus nombres propios y sus cargos, pero “es tan burda la falsedad que dicha sociedad por ley de creación tiene un mínimo de un director y un máximo de 5 directores, cuando ella relaciona 6 directores, con lo cual se comprueba el delito”.
El abogado René Alberto Medrano, presentó una solicitud para constituirse Querellante, el cual hizo acompañar de un Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado ante los oficios notariales de la licenciada Karla Ivette Escamilla López, correspondiente a escritura número cincuenta y tres del Libro de Protocolo número quince, de la referida notario, resultando que en tal instrumento consta que fue otorgado: “En la ciudad de San Salvador a las quince horas del día tres de mayo de dos mil diecinueve, por René Alberto Medrano, quien manifestó actuar en nombre y representación de la Sociedad TRADESAL INC., una sociedad de nacionalidad Barbadense, del domicilio de San Michel, Barbados, quien en esa supuesta calidad le otorga poder especial para querellar, amplio y suficiente en cuanto a derecho fuere procedente, a los abogados Carlos Daniel Ayala Turcios, José Carlos Barrientos Díaz y Jesús Edgardo Ventura Ayala”.
Posteriormente, mediante acta notarial otorgada en la ciudad de San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrita ante sí y por sí, el abogado Jesús Edgardo Ventura Ayala, sustituye en todas y cada una de sus partes el poder que le había sido conferido, en el mismo licenciado René Alberto Medrano, es decir quien lo otorgó en supuesta representación de TRADESAL INC, según se desprende de la denuncia.
“Es por tal motivo, que corresponden al verificar la relación de la personería que la notario autorizante efectuó al momento del otorgamiento del relacionado poder, establece que el licenciado René Alberto Medrano contaba con amplias y suficientes credenciales para comparecer y conferir las potestades relacionadas en el poder especial para querellar, lo cual no coincidía con la realidad.
Precisamente, la notario autorizante y hoy denunciada, en el instrumento público señalado expresa dar fe de ser legítima y suficiente la personería con la cual actuó René Alberto Medrano, con lo cual sorprende como acostumbra hacer a los magistrados de la Cámara Tercera de lo penal y le otorgan ilegalmente la calidad de querellante”, comentó el abogado del denunciante.
Esta no es la primera vez que el abogado Medrano acredita ilegalmente una calidad, ya que también intentó hacerlo en otro proceso penal, aludiendo tener la calidad de apoderado de Tradesal. Lo que fue descartado por la Cámara 2a de San Salvador, mencionada el abogado.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
