Judicial
Juzgado rechaza petición para liberar al principal mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango
Raúl Mijango, quien fue el principal mediador de la tregua entre pandillas y condenado a 13 años y cuatro meses por extorsión, deberá seguir en la cárcel, así resolvió este lunes el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
El abogado defensor había solicitado la audiencia especial de libertad condicional humanitaria, con la pretensión de que el condenado fuera favorecido, pero la decisión judicial fue denegarla por considerar que existe peligro de fuga y además el delito de extorsión es calificado como de crimen organizado y no entra en la gama de ilícitos por los cuales un reo puede ser beneficiado con algún tipo de libertad.
En la audiencia especial, abogado de Mijango expuso que se reunían los requisitos que la ley establece para gozar de ese beneficio: ser mayor de 60 años, haber cumplido un tercio de la pena y padecer de una enfermedad crónica degenerativa.
Mijango fue condenado por complicidad en el delito de extorsión, la pena le fue impuesta el 12 de octubre del año 2018 por el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, otros 10 pandilleros vinculados al mismo hecho recibieron condenas de 20 años de cárcel.
Mijango fue condenado en su calidad de cómplice necesario, por haber participado en la afectación a una empresa de cereales que opera a nivel nacional, a la cual le exigieron dinero en efectivo y en especies.
El exmediador de la tregua tuvo otros procesos por agrupaciones ilícitas por su participación en la tregua, por homicidio e introducción de objetos prohibidos, pero en esos tres casos fue exonerado.
La defensa ha pedido el beneficio de libertad humanitaria ya que el convicto padece de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, según consta en el expediente.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 30 años de prisión a Sifredo Norberto Martínez Corquín, quien es acusado por el delito de secuestro agravado.
En diciembre del 2010, el imputado junto a otros pandilleros de la 18, privaron de libertad a la víctima que residía en Valle Verde, distrito de Apopa, y la mantuvieron secuestrada por varios días hasta que le quitaron la vida.
«El día 3 de diciembre de 2010, la víctima clave Fernanda, fue secuestrada en la colonia Valle Verde 3, del municipio de Apoya, por sujetos pertenecientes a la pandilla 18 que operaban en el sector, entre este grupo de pandilleros se encontraba el señor Sifredo Norberto Martínez Corquín, alias el Negro, quien colaboró en el traslado desde una casa a la otra donde estuvo privada de libertad la víctima, quien el día 4 de diciembre de 2010, lastimosamente fue asesinada y enterada por dichos pandilleros en la zona», indicó el fiscal del caso.
La fuente detalló que el cuerpo de la víctima fue localizado en el sector conocido como la Arenera, Apopa.
«El cadáver de clave Fernanda fue encontrado en el sector de la Arenera mutilado y enterrado casi un año después, en el 2011», señaló el fiscal.
Agregó «en virtud de ello, el Tribunal Quinto contra el crimen organizado juez 1 de San Salvador, consideró la prueba testimonial, documental y pericial declarando al imputado responsable penalmente, condenandolo a 30 años de prisión, por el delito de secuestro agravado».
Este pandillero también es procesado por otros delitos.
