Judicial
Juzgado rechaza petición para liberar al principal mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango
Raúl Mijango, quien fue el principal mediador de la tregua entre pandillas y condenado a 13 años y cuatro meses por extorsión, deberá seguir en la cárcel, así resolvió este lunes el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
El abogado defensor había solicitado la audiencia especial de libertad condicional humanitaria, con la pretensión de que el condenado fuera favorecido, pero la decisión judicial fue denegarla por considerar que existe peligro de fuga y además el delito de extorsión es calificado como de crimen organizado y no entra en la gama de ilícitos por los cuales un reo puede ser beneficiado con algún tipo de libertad.
En la audiencia especial, abogado de Mijango expuso que se reunían los requisitos que la ley establece para gozar de ese beneficio: ser mayor de 60 años, haber cumplido un tercio de la pena y padecer de una enfermedad crónica degenerativa.
Mijango fue condenado por complicidad en el delito de extorsión, la pena le fue impuesta el 12 de octubre del año 2018 por el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, otros 10 pandilleros vinculados al mismo hecho recibieron condenas de 20 años de cárcel.
Mijango fue condenado en su calidad de cómplice necesario, por haber participado en la afectación a una empresa de cereales que opera a nivel nacional, a la cual le exigieron dinero en efectivo y en especies.
El exmediador de la tregua tuvo otros procesos por agrupaciones ilícitas por su participación en la tregua, por homicidio e introducción de objetos prohibidos, pero en esos tres casos fue exonerado.
La defensa ha pedido el beneficio de libertad humanitaria ya que el convicto padece de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, según consta en el expediente.
El Tribunal de Sentencia de Cojutepeque condenó a Nefthaly Adonay Muñoz Pérez y Fredy Antonio Hidalgo Azucena a 20 años de cárcel por el delito de extorsión agravada contra un comerciante en el departamento de Cuscatlán.
Según informó la Fiscalía General de la República, los imputados amenazaban de muerte a la víctima para obligarla a entregar dinero de forma mensual, además de mercadería que comercializaba. “La coacción en la entrega de dinero y productos, así como la falta de utilidades en su negocio, obligaron a la víctima a cerrar su única fuente de ingresos”, explicó el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Santa Cruz Michapa entre diciembre de 2022 y 2023. Las investigaciones establecieron que ambos sujetos exigían pagos regulares como parte de su actividad delictiva.
Esta es la segunda condena por extorsión que enfrentan los acusados. En febrero de este mismo año, ya habían sido sentenciados a 15 años de prisión por extorsionar a otra víctima.
Durante el juicio, el Ministerio Público presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron al tribunal declarar culpables a los dos acusados.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
