Judicial
Juzgado rechaza petición para liberar al principal mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango
Raúl Mijango, quien fue el principal mediador de la tregua entre pandillas y condenado a 13 años y cuatro meses por extorsión, deberá seguir en la cárcel, así resolvió este lunes el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
El abogado defensor había solicitado la audiencia especial de libertad condicional humanitaria, con la pretensión de que el condenado fuera favorecido, pero la decisión judicial fue denegarla por considerar que existe peligro de fuga y además el delito de extorsión es calificado como de crimen organizado y no entra en la gama de ilícitos por los cuales un reo puede ser beneficiado con algún tipo de libertad.
En la audiencia especial, abogado de Mijango expuso que se reunían los requisitos que la ley establece para gozar de ese beneficio: ser mayor de 60 años, haber cumplido un tercio de la pena y padecer de una enfermedad crónica degenerativa.
Mijango fue condenado por complicidad en el delito de extorsión, la pena le fue impuesta el 12 de octubre del año 2018 por el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, otros 10 pandilleros vinculados al mismo hecho recibieron condenas de 20 años de cárcel.
Mijango fue condenado en su calidad de cómplice necesario, por haber participado en la afectación a una empresa de cereales que opera a nivel nacional, a la cual le exigieron dinero en efectivo y en especies.
El exmediador de la tregua tuvo otros procesos por agrupaciones ilícitas por su participación en la tregua, por homicidio e introducción de objetos prohibidos, pero en esos tres casos fue exonerado.
La defensa ha pedido el beneficio de libertad humanitaria ya que el convicto padece de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, según consta en el expediente.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
