Judicial
Juzgado rechaza petición para liberar al principal mediador de la tregua entre pandillas Raúl Mijango
Raúl Mijango, quien fue el principal mediador de la tregua entre pandillas y condenado a 13 años y cuatro meses por extorsión, deberá seguir en la cárcel, así resolvió este lunes el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
El abogado defensor había solicitado la audiencia especial de libertad condicional humanitaria, con la pretensión de que el condenado fuera favorecido, pero la decisión judicial fue denegarla por considerar que existe peligro de fuga y además el delito de extorsión es calificado como de crimen organizado y no entra en la gama de ilícitos por los cuales un reo puede ser beneficiado con algún tipo de libertad.
En la audiencia especial, abogado de Mijango expuso que se reunían los requisitos que la ley establece para gozar de ese beneficio: ser mayor de 60 años, haber cumplido un tercio de la pena y padecer de una enfermedad crónica degenerativa.
Mijango fue condenado por complicidad en el delito de extorsión, la pena le fue impuesta el 12 de octubre del año 2018 por el Juzgado Especializado de Sentencia B de San Salvador, otros 10 pandilleros vinculados al mismo hecho recibieron condenas de 20 años de cárcel.
Mijango fue condenado en su calidad de cómplice necesario, por haber participado en la afectación a una empresa de cereales que opera a nivel nacional, a la cual le exigieron dinero en efectivo y en especies.
El exmediador de la tregua tuvo otros procesos por agrupaciones ilícitas por su participación en la tregua, por homicidio e introducción de objetos prohibidos, pero en esos tres casos fue exonerado.
La defensa ha pedido el beneficio de libertad humanitaria ya que el convicto padece de insuficiencia renal, hipertensión y diabetes, según consta en el expediente.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
