Judicial
Juzgado realiza audiencia por accidente de rastra en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, realiza la audiencia por el caso del accidente de la rastra que dejó dos fallecidos, lesionados y daños en más de 30 vehículos.
Los procesados son: el conductor Carlos Alberto Portillo Vásquez, acusado de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa, en perjuicio de 22 personas.
La Fiscalía General de la República también acusa a Álvaro Ibáñez Ticas, quien es representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V. y el propietario de la sociedad, Raúl Antonio Andrade Hernández.
El accidente ocurrió el 14 de marzo del año 2022 en horas del mediodía entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Los Próceres de San Salvador, cuando Portillo Vásquez perdió el control por exceso de velocidad y la sobre carga de 7,9 toneladas que llevaba el trailer, llevándose a más de 30 vehículos que encontró a su paso, dos de los ocupantes de los automotores fallecieron y varias personas salieron lesionadas.
En el expediente judicializado el ministerio público le atribuye a Ibáñez Ticas, los delitos de resistencia, homicidio culposo y lesiones culposas; mientras que Andrade Hernández quien es el dueño de la empresa, es procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para ambos la representación fiscal ha pedido al juzgado que se les decrete detención provisional. En el caso de Raúl Antonio Andrade Hernández, se encuentra residiendo en Estados Unidos.
Mientras que para Carlos Alberto Portillo Vásquez, la Fiscalía ha pedido que siga con medida alternas a la detención ya que fue puesto en libertad el pasado 17 de marzo.
Varias de las personas que resultaron afectadas por el accidente acudieron a la audiencia inicial ya que el juzgado los citó para que comparecieran, algunas portan cuello ortopédico a raiź de las lesiones con las que resultaron.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
