Judicial
Juzgado realiza audiencia por accidente de rastra en bulevar Los Próceres
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, realiza la audiencia por el caso del accidente de la rastra que dejó dos fallecidos, lesionados y daños en más de 30 vehículos.
Los procesados son: el conductor Carlos Alberto Portillo Vásquez, acusado de homicidio culposo, lesiones y conducción peligrosa, en perjuicio de 22 personas.
La Fiscalía General de la República también acusa a Álvaro Ibáñez Ticas, quien es representante legal de la empresa Andrade S.A. de C.V. y el propietario de la sociedad, Raúl Antonio Andrade Hernández.
El accidente ocurrió el 14 de marzo del año 2022 en horas del mediodía entre el bulevar Monseñor Romero y el bulevar Los Próceres de San Salvador, cuando Portillo Vásquez perdió el control por exceso de velocidad y la sobre carga de 7,9 toneladas que llevaba el trailer, llevándose a más de 30 vehículos que encontró a su paso, dos de los ocupantes de los automotores fallecieron y varias personas salieron lesionadas.
En el expediente judicializado el ministerio público le atribuye a Ibáñez Ticas, los delitos de resistencia, homicidio culposo y lesiones culposas; mientras que Andrade Hernández quien es el dueño de la empresa, es procesado por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Para ambos la representación fiscal ha pedido al juzgado que se les decrete detención provisional. En el caso de Raúl Antonio Andrade Hernández, se encuentra residiendo en Estados Unidos.
Mientras que para Carlos Alberto Portillo Vásquez, la Fiscalía ha pedido que siga con medida alternas a la detención ya que fue puesto en libertad el pasado 17 de marzo.
Varias de las personas que resultaron afectadas por el accidente acudieron a la audiencia inicial ya que el juzgado los citó para que comparecieran, algunas portan cuello ortopédico a raiź de las lesiones con las que resultaron.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
