Judicial
Jueza dará a conocer resolución contra Munguía Payés este miércoles
Este martes fue desarrollada la audiencia de imposición de medidas en contra del General, David Victoriano Munguía Payés, a quien la Fiscalía General de la República (FGR), acusa de varios delitos relacionados a la tregua entre pandillas.
Aunque las partes aportaron elementos de prueba de cargo y descargo, la juzgadora aseguró que la resolución la dará a conocer mañana, tras conocer el resultado de un examen respecto a su condición de salud.
Según los fiscales de la Dirección contra la corrupción y la impunidad, al imputado se le procesa por su condición de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, a partir de noviembre de 2011. Enfrenta los delitos de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
“Para este proceso se han ofrecido a tres personas que se les brindó criterio de oportunidad y quienes describen la actividad específica que ejerció el señor Munguía Payés”, explicó uno de los fiscales asignados al caso. Y es que a criterio del fiscal especializado a la Juzgadora le quedó claro que el imputado propició, promovió y facilitó diversos actos dentro de la denominada “Tregua entre pandillas” o “proceso de pacificación”.
“Por su función de Ministro de Justicia y Seguridad Pública, emitió órdenes a sus subalternos en la Dirección General de Centros Penales y la Policía Nacional Civil para que se les permitiera que cometieran diversos ilícitos, entre otras personas a los denominados ‘Facilitadores de la tregua’”, aseguró el fiscal.
En este proceso existe abundante elemento de prueba de tipo documental, pericial y testimonial con lo cual se espera obtener un resultado favorable en cuanto a que se espera a que el involucrado se le decrete la instrucción formal del proceso con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional.
Por su parte, la jueza admitió en audiencia que estaba lista para emitir esta misma tarde la resolución, pero debido a que la parte defensora presentó un dictamen del Hospital Militar, en el que se dice que el acusado padece de hipertensión, fue enviado al Instituto de Medicina Legal para que fuese evaluado y que se confirme o descarte dicho padecimiento.
Es así como las partes procesales volverán este 29 de los corrientes, a partir de las 10 de la mañana para ser notificados sobre la resolución de la aplicadora de justicia.
Judicial
Prisión para sujeto que asesinó al esposo de su amante en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.

Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.

La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
Judicial
Condenan a 15 años de prisión a hombre por extorsionar a un comerciante en Apopa
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Judicial
44 años de prisión para agresores y asaltantes de mujeres
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.






