Judicial
Jovencita es contratada para tener intimidad con un hombre sin sospechar que sería su fin
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a 40 años de prisión a Melvin Josué Perdomo Ramírez, acusado del delito de feminicidio agravado.
Las autoridades informaron que el asesinato por el cual fue sentenciado el imputado, ocurrió el 16 de julio de 2016 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, lugar donde él residía.
Durante el fallo que emitió la jueza del caso, fue evidenciado que el criminal actuó con “odio, desprecio y discriminación hacia la joven” víctima, según expusieron las autoridades.
Las investigaciones en torno al caso revelaron que Perdomo Ramírez, de 29 años y quien fuera militar, contactó a la víctima por medio de terceros para solicitar de sus servicios sexuales.
A la joven le habrían ofrecido $60 para que supuestamente realizara este tipo de servicios, se informó que la víctima fue contactada por medios de mensajes a su WhatsApp donde le explicaron que irían por ella a Ilobasco, Cabañas.
Ese 16 de julio de 2016, cuando Perdomo Ramírez estaba con la joven demostró un comportamiento agresivo al punto de agredirla, no conforme con eso, le colocó una bolsa plástica en la cabeza hasta asfixiarla.
Un día después de este hecho la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que en un sector de la carretera Panamericana, en Quezaltepeque, fue localizado el cadáver de una mujer, el cual estaba en una bolsa plástica negra.
Las inspecciones realizadas por las autoridades, así como el resultado de la autopista del Instituto de Medicina Legal determinaron que la joven fue violada y que había muerto por asfixia.
La investigaciones también concluyeron que Perdomo hizo lo posible por no dejar huellas o residuos corporales en la víctima, para tal efecto se cree que tras haber asesinado a la joven lavó algunas partes del cadáver para no dejar en la víctima ninguna evidencia que lo vinculara.
Sin embargo, el criminal nunca se imaginó que sus huellas dactilares aparecerían grabadas en una tarjeta que fue encontrada en la escena del hallazgo del cadáver.
Las autoridades informaron que ya en otra ocasión el sujeto había sido condenado por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, a cuatro años de prisión por el delito de privación de libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
