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Judicial

Jovencita es contratada para tener intimidad con un hombre sin sospechar que sería su fin

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El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres condenó a 40 años de prisión a Melvin Josué Perdomo Ramírez, acusado del delito de feminicidio agravado.

Las autoridades informaron que el asesinato por el cual fue sentenciado el imputado, ocurrió el 16 de julio de 2016 en el municipio de Quezaltepeque, La Libertad, lugar donde él residía.

Durante el fallo que emitió la jueza del caso, fue evidenciado que el criminal actuó con “odio, desprecio y discriminación hacia la joven” víctima, según expusieron las autoridades.

Las investigaciones en torno al caso revelaron que Perdomo Ramírez, de 29 años y quien fuera militar, contactó a la víctima por medio de terceros para solicitar de sus servicios sexuales.

A la joven le habrían ofrecido $60 para que supuestamente realizara este tipo de servicios, se informó que la víctima fue contactada por medios de mensajes a su WhatsApp donde le explicaron que irían por ella a Ilobasco, Cabañas.

Ese 16 de julio de 2016, cuando Perdomo Ramírez estaba con la joven demostró un comportamiento agresivo al punto de agredirla, no conforme con eso, le colocó una bolsa plástica en la cabeza hasta asfixiarla.

Un día después de este hecho la Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que en un sector de la carretera Panamericana, en Quezaltepeque, fue localizado el cadáver de una mujer, el cual estaba en una bolsa plástica negra.

Las inspecciones realizadas por las autoridades, así como el resultado de la autopista del Instituto de Medicina Legal determinaron que la joven fue violada y que había muerto por asfixia.

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La investigaciones también concluyeron que Perdomo hizo lo posible por no dejar huellas o residuos corporales en la víctima, para tal efecto se cree que tras haber asesinado a la joven lavó algunas partes del cadáver para no dejar en la víctima ninguna evidencia que lo vinculara.

Sin embargo, el criminal nunca se imaginó que sus huellas dactilares aparecerían grabadas en una tarjeta que fue encontrada en la escena del hallazgo del cadáver.

Las autoridades informaron que ya en otra ocasión el sujeto había sido condenado por el Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, a cuatro años de prisión por el delito de privación de libertad.

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Judicial

FGR solicita agrupar más de 1,800 pandilleros detenidos en el régimen en un proceso

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Las autoridades continúan trabajando en el combate contra las pandillas, esta vez la Fiscalía General de la República presentó varios escritos para solicitar el agrupamiento de 1,828 pandilleros de la MS en un solo proceso.

Todos los imputados están vinculados a 11 diferentes clicas que operaban en La Libertad y mantenían cargos de corredores de clica y de programa, paros, observaciones, encargados de base, homeboys, chequeos y colaboradores.

El ministerio público informó que «el objetivo de las peticiones es ordenar a los imputados detenidos bajo el régimen de excepción y aglutinarlos en un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita».

La petición incluye el agrupamiento de 215 pandilleros de la clica Bosques Locos Salvatruchos, 135 de la Cangrejeras Locos Salvatruchos, 301 de Chiltiupanes Locos Salvatruchos, 103 de la clica Melaras Locos Salvatruchos, 42 de la Bad Boys Criminals Locos Salvatruchos, y 77 de la City Vagos Locos Salvatruchos.

Asimismo se solicitó que en la misma causa se procese a 267 terroristas de la clica Gánster Locos Salvatruchos, 82 de Jayaques Locos Salvatruchos, 244 de Joyas de Cerén Locos Salvatruchos, 47 de Sureños Locos Salvatruchos y 416 pandilleros de la clica Arces Malditos Locos Salvatruchos.

Los terroristas son acusados de agrupaciones ilícitas, homicidio, amenazas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y de guerra, casos especiales de lavado de dinero, así como posesión y tenencia.

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Judicial

Instalan juicio contra Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero

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Hoy se instaló el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

Funes es acusado de realizar negociaciones ilícitas entre el 2012 y 2014, en la construcción del puente San Isidro, sobre el río Lempa, en Chalatenango, aceptando como dádiva una avioneta.

El ente fiscal cuenta con más de 230 documentos, 34 testigos y prueba pericial, los cuales serán aportados como prueba contra el exmandatario, a quien se le imputa el delito de casos especiales de lavado de dinero y activos, por lo que se pedirá la pena máxima.

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Judicial

FGR pretende que exfuncionario de la presidencia, José Cáceres, reintegre al Estado $3,892.095.46 dólares

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La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar por un monto total de $3,892,095.46 dólares.

El exfuncionario ocupó dicho cargo durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes entre el año 2009 y el 2014. A Cáceres se le reclama un monto de $3,541.407.87, por 44 irregularidades presentadas en depósitos en efectivo y por medio de cheques en cuentas de ahorro, por pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.

La demanda también incluye a su cónyuge, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, a quien se le señalan 11 inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85 dólares.

Y a su hija, Mariana Cáceres Flores se le ha observado una irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74 dólares.

El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.

La documentación de la demanda está conformada por 32 piezas que contiene información patrimonial de los demandados.

El proceso civil tiene como base un informe de la Corte en Pleno de la Corte Suprema de Justicia que ordenó, en el año 2024, un juicio civil contra el exfuncionario por las irregularidades presentadas en sus declaraciones patrimoniales.

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