Judicial
Guatemalteco estafa a salvadoreña con $1,460 tras falsa venta de vehículo
La ilusión de poder obtener un vehículo con el que podría movilizarse hacia su trabajo y lograr tener una manera para retornar a su vivienda, debido a que sale a altas horas de la noche por laborar en un supermercado capitalino, hizo que Joseline (nombre cambiado por protección a la víctima) entregara $1,460 al novio de una de sus compañeras: un sujeto de origen guatemalteco.
En agosto de 2014, Olga U. decidió presentarle su novio, Walter Arnoldo Mendoza, a Joseline. Se trataba de un “chapín” que en ese momento se dedicaba a importar vehículos al territorio salvadoreño.
Olga sabía que su amiga necesitaba un automotor, por lo que le indicó a esta que Walter podía ayudarle en ese tema.
Como propuesta, vía WhatsApp, el sujeto le envió diversas fotografías de los vehículos a los que podría optar, por lo que Joseline fue seducida a elegir un Toyota color blanco año 2009, un carro con tan solo cinco años de uso.
Walter le notificó que el costo era de $6,000, pero a ella se lo dejaría en $4,500. Además, le dejaría una cuota de $60 mensuales hasta llegar a la cifra estipulada. Esto emocionó más a la mujer. El único requisito que ella debía cumplir era entregar por adelantado $1,000 por gastos de importación.
Por ello, el 5 de septiembre de ese 2014 Joseline se dirigió a Soyapango, una de las sucursales de la cooperativa Cactiussa de R.L., en donde obtuvo el dinero requerido. Una vez hecho ese paso, contactó a Walter y le entregó el dinero.
Al reunirse, Olga le comentó a su novio que Joseline tenía a la venta dos teléfonos celulares, un Samsung S4, valorado en $250; y un Black Berry Z10, con un costo de $210.
Ambos aparatos fueron tomados por Walter y el valor sería descontado a la cuota del vehículo que prometió entregar aproximadamente en dos meses, pero le dio como fecha límite el 24 de noviembre.
Se llegó el día y al no recibir lo prometido la mujer llamó al guatemalteco para consultarle sobre la compra a medias que había logrado hacer.
“El carro se encuentra en aduana, porque he tenido un contratiempo en el pago de los impuestos”, le dijo Walter, minutos después de esa excusa la afectada escuchó algo que medianamente la tranquilizó: “El 5 de diciembre se lo entrego por la tarde”.
Nuevamente, llegó el día acordado, pasó la tarde y Walter nunca apareció. La ilusión de Joseline se desvaneció y con ello los $1,460 que había entregado.
Ante esto, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo acusó por el delito de estafa.
Acusado de homicidio y otros delitos
El novio de Olga, el mismo guatemalteco que había estafado a su compañera de labores, fue capturado en el bulevar del Ejército, a la altura del municipio de Soyapango, por el delito de conducción temeraria. En las bartolinas fue intimado por el delito cometido en contra de Joseline.
Durante el proceso judicial en torno al caso de la empleada del supermercado se conoció que en la base de datos de la Dirección General de Centros Penales (DFCP) Walter tiene un vasto cuadro delictivo.
El sujeto está a la orden del Juzgado 4° de Instrucción por uso de documentos falsos; en el Juzgado 9° de Paz, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de José Roberto Castro Bran (quien había desaparecido y este portaba su licencia de conducir); en el Tribunal 4° de Sentencia, por el delito de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas; en el Tribunal 4° de Sentencia, por estafa; y por el Juzgado de Paz de Santa Ana, también por estafa.
Un acuerdo conciliatorio de $800
El Tribunal 3° de Sentencia instaló la vista pública en contra de Walter, luego de que el Juzgado de Instrucción de San Marcos ordenara la apertura a juicio por estafa. Este sería el sexto caso delictivo que se le suma al guatemalteco en tierras salvadoreñas.
El pasado 31 de julio se instaló la audiencia especial de verificación de acuerdo conciliatorio, en donde el imputado le entregó $400 a Joseline y otra cantidad similar sería completada en el recién pasado mes de agosto.
Mientras tanto, Walter continuará detenido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, hasta esclarecer el resto de faltas cometidas, siendo la más grave el caso de homicidio.
Por: El Salvador Times.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
