Judicial
Guatemalteco estafa a salvadoreña con $1,460 tras falsa venta de vehículo
La ilusión de poder obtener un vehículo con el que podría movilizarse hacia su trabajo y lograr tener una manera para retornar a su vivienda, debido a que sale a altas horas de la noche por laborar en un supermercado capitalino, hizo que Joseline (nombre cambiado por protección a la víctima) entregara $1,460 al novio de una de sus compañeras: un sujeto de origen guatemalteco.
En agosto de 2014, Olga U. decidió presentarle su novio, Walter Arnoldo Mendoza, a Joseline. Se trataba de un “chapín” que en ese momento se dedicaba a importar vehículos al territorio salvadoreño.
Olga sabía que su amiga necesitaba un automotor, por lo que le indicó a esta que Walter podía ayudarle en ese tema.
Como propuesta, vía WhatsApp, el sujeto le envió diversas fotografías de los vehículos a los que podría optar, por lo que Joseline fue seducida a elegir un Toyota color blanco año 2009, un carro con tan solo cinco años de uso.
Walter le notificó que el costo era de $6,000, pero a ella se lo dejaría en $4,500. Además, le dejaría una cuota de $60 mensuales hasta llegar a la cifra estipulada. Esto emocionó más a la mujer. El único requisito que ella debía cumplir era entregar por adelantado $1,000 por gastos de importación.
Por ello, el 5 de septiembre de ese 2014 Joseline se dirigió a Soyapango, una de las sucursales de la cooperativa Cactiussa de R.L., en donde obtuvo el dinero requerido. Una vez hecho ese paso, contactó a Walter y le entregó el dinero.
Al reunirse, Olga le comentó a su novio que Joseline tenía a la venta dos teléfonos celulares, un Samsung S4, valorado en $250; y un Black Berry Z10, con un costo de $210.
Ambos aparatos fueron tomados por Walter y el valor sería descontado a la cuota del vehículo que prometió entregar aproximadamente en dos meses, pero le dio como fecha límite el 24 de noviembre.
Se llegó el día y al no recibir lo prometido la mujer llamó al guatemalteco para consultarle sobre la compra a medias que había logrado hacer.
“El carro se encuentra en aduana, porque he tenido un contratiempo en el pago de los impuestos”, le dijo Walter, minutos después de esa excusa la afectada escuchó algo que medianamente la tranquilizó: “El 5 de diciembre se lo entrego por la tarde”.
Nuevamente, llegó el día acordado, pasó la tarde y Walter nunca apareció. La ilusión de Joseline se desvaneció y con ello los $1,460 que había entregado.
Ante esto, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo acusó por el delito de estafa.
Acusado de homicidio y otros delitos
El novio de Olga, el mismo guatemalteco que había estafado a su compañera de labores, fue capturado en el bulevar del Ejército, a la altura del municipio de Soyapango, por el delito de conducción temeraria. En las bartolinas fue intimado por el delito cometido en contra de Joseline.
Durante el proceso judicial en torno al caso de la empleada del supermercado se conoció que en la base de datos de la Dirección General de Centros Penales (DFCP) Walter tiene un vasto cuadro delictivo.
El sujeto está a la orden del Juzgado 4° de Instrucción por uso de documentos falsos; en el Juzgado 9° de Paz, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de José Roberto Castro Bran (quien había desaparecido y este portaba su licencia de conducir); en el Tribunal 4° de Sentencia, por el delito de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas; en el Tribunal 4° de Sentencia, por estafa; y por el Juzgado de Paz de Santa Ana, también por estafa.
Un acuerdo conciliatorio de $800
El Tribunal 3° de Sentencia instaló la vista pública en contra de Walter, luego de que el Juzgado de Instrucción de San Marcos ordenara la apertura a juicio por estafa. Este sería el sexto caso delictivo que se le suma al guatemalteco en tierras salvadoreñas.
El pasado 31 de julio se instaló la audiencia especial de verificación de acuerdo conciliatorio, en donde el imputado le entregó $400 a Joseline y otra cantidad similar sería completada en el recién pasado mes de agosto.
Mientras tanto, Walter continuará detenido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, hasta esclarecer el resto de faltas cometidas, siendo la más grave el caso de homicidio.
Por: El Salvador Times.
Judicial
Ordenan captura de mujer acusada de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ordenó la captura de Olinda Madai Claros Rivera, a quien se le acusa de agredir sexualmente a menores de edad y grabar material pornográfico infantil.
La mujer fue detenida este miércoles en su casa de habitación en San Miguel Centro, San Miguel. En el mismo lugar se encontraron a las dos víctimas menores de edad, quienes fueron rescatados y a quienes la Fiscalía les garantizará la debida atención sicológica.
Esta investigación inició en mayo de 2026, cuando se recibió una denuncia y se indicaba que Claros Rivera generaba material pornográfico infantil.
Durante el operativo se incautaron dos dispositivos celulares que ayudarán a robustecer la investigación en curso.
Rivera es acusada de los delitos de utilización de niños/as y adolescentes a través de las tecnologías de la información y la comunicación y agresión sexual en menor en incapaz continuada en perjuicio de los menores identificados. La mujer será presentada ante las autoridades competentes en los próximos días.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura dedicada a almacenar, distribuir y vender crack, cocaína y marihuana en los distritos de San Francisco Gotera, Lolotiquillo, Cacaopera, Chilanga y El Divisadero, todos del departamento de Morazán, y en el distrito de Santa Rosa de Lima, La Unión.
La FGR realizó 22 registros y ordenó la captura de 16 sujetos perfilados como distribuidores, intermediarios, transportistas y vendedores de droga.
El fiscal del caso explicó que la investigación se realizó entre el 26 de mayo de 2025 y el 20 de mayo de 2026, tiempo en el que se efectuaron 18 detenciones en flagrancia y se identificaron aproximadamente 453 transacciones de droga, logrando individualizar a los miembros de las estructura de narcomenudeo.
La investigación determinó que esta estructura estaba conformada por tres células, donde Irma del Rosario Villatoro Hernández (capturada), era la distribuidora principal de dos estructuras que vendían crack y marihuana.
Villatoro Hernández le vendía la droga a Luis Antonio Gómez (primera célula). Este, a su vez, coordinaban a cuatro colaboradores que vigilaban, vendían, distribuían y buscaban compradores para la droga en los distritos de Lolotiquillo, Cacaopera y Delicias de Concepción, todos de Morazán.
Los colaboradores de esta célula fueron identificados como: José Santos Lucio Romero, Rigoberto Luna Romero Granados, Antonio del Cid Chicas y Ricardo Antonio Ganuza Ramos.
Además, Villatoro Hernández le distribuía droga a su hijo José Omar Rosales Villatoro, a Edwin Jeovanny Rosales Cruz y a Zoila Esperanza Ordóñez, los tres fueron capturados. Estos sujetos vendían y suministraban la droga en distintos sectores de Santa Rosa de Lima, La Unión (segunda célula).
La tercera célula vendía marihuana en la colonia La Paz, de San Francisco Gotera, y en Delicias de Concepción, y por eso hechos la FGR capturó a Rolando Wilber Medrano, James Douglas Sorto Castro y los hermanos Edwin Javier Escobar Claros y Douglas Alexander Escobar Claros.
También capturaron a Ruben Ernesto Álvarez Gómez, y José Nextalí Sorto, por vender droga en Santa Rosa de Lima.
Asimismo, fue capturado Mario Enrique Hernández Coca, quien utilizaba como fachada la comercialización de cuadros de pinturas para vender marihuana en Delicias de Concepción y en San Francisco Gotera.
Al momento de las capturas a los imputados se les decomisaron celulares, dinero en efectivo, una báscula electrónica, porciones pequeñas de marihuna y un vehículo (el cual, al realizarle las pruebas respectivas dio positivo a cocaína).
Todos los detenidos serán procesados por siembra y cultivo; agrupaciones ilícitas; tráfico ilícito; actos preparatorios, proposición, conspiración, y asociaciones delictivas.
Por el delito de tráfico ilegal de personas, Alejandro Pascual Rivera fue condenado a ocho años de prisión.
El fiscal del caso dijo que Rivera engañó a cuatro personas de nacionalidad ecuatoriana y les cobró $1,000 dólares para llevarlos de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El imputado les dijo que los pasaría por puntos ciegos (puntos fronterizos no autorizados)
La investigación indica que el día ocho de octubre del 2022, agentes policiales hacían un control vehicular a la altura de la carretera que de Santa Ana conduce a Candelaria de la Frontera y al intervenir el autobús donde viajaban las víctimas con el imputado, les localizaron y Rivera fue capturado.
