Judicial
Guatemalteco estafa a salvadoreña con $1,460 tras falsa venta de vehículo
La ilusión de poder obtener un vehículo con el que podría movilizarse hacia su trabajo y lograr tener una manera para retornar a su vivienda, debido a que sale a altas horas de la noche por laborar en un supermercado capitalino, hizo que Joseline (nombre cambiado por protección a la víctima) entregara $1,460 al novio de una de sus compañeras: un sujeto de origen guatemalteco.
En agosto de 2014, Olga U. decidió presentarle su novio, Walter Arnoldo Mendoza, a Joseline. Se trataba de un “chapín” que en ese momento se dedicaba a importar vehículos al territorio salvadoreño.
Olga sabía que su amiga necesitaba un automotor, por lo que le indicó a esta que Walter podía ayudarle en ese tema.
Como propuesta, vía WhatsApp, el sujeto le envió diversas fotografías de los vehículos a los que podría optar, por lo que Joseline fue seducida a elegir un Toyota color blanco año 2009, un carro con tan solo cinco años de uso.
Walter le notificó que el costo era de $6,000, pero a ella se lo dejaría en $4,500. Además, le dejaría una cuota de $60 mensuales hasta llegar a la cifra estipulada. Esto emocionó más a la mujer. El único requisito que ella debía cumplir era entregar por adelantado $1,000 por gastos de importación.
Por ello, el 5 de septiembre de ese 2014 Joseline se dirigió a Soyapango, una de las sucursales de la cooperativa Cactiussa de R.L., en donde obtuvo el dinero requerido. Una vez hecho ese paso, contactó a Walter y le entregó el dinero.
Al reunirse, Olga le comentó a su novio que Joseline tenía a la venta dos teléfonos celulares, un Samsung S4, valorado en $250; y un Black Berry Z10, con un costo de $210.
Ambos aparatos fueron tomados por Walter y el valor sería descontado a la cuota del vehículo que prometió entregar aproximadamente en dos meses, pero le dio como fecha límite el 24 de noviembre.
Se llegó el día y al no recibir lo prometido la mujer llamó al guatemalteco para consultarle sobre la compra a medias que había logrado hacer.
“El carro se encuentra en aduana, porque he tenido un contratiempo en el pago de los impuestos”, le dijo Walter, minutos después de esa excusa la afectada escuchó algo que medianamente la tranquilizó: “El 5 de diciembre se lo entrego por la tarde”.
Nuevamente, llegó el día acordado, pasó la tarde y Walter nunca apareció. La ilusión de Joseline se desvaneció y con ello los $1,460 que había entregado.
Ante esto, la víctima decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), institución que lo acusó por el delito de estafa.
Acusado de homicidio y otros delitos
El novio de Olga, el mismo guatemalteco que había estafado a su compañera de labores, fue capturado en el bulevar del Ejército, a la altura del municipio de Soyapango, por el delito de conducción temeraria. En las bartolinas fue intimado por el delito cometido en contra de Joseline.
Durante el proceso judicial en torno al caso de la empleada del supermercado se conoció que en la base de datos de la Dirección General de Centros Penales (DFCP) Walter tiene un vasto cuadro delictivo.
El sujeto está a la orden del Juzgado 4° de Instrucción por uso de documentos falsos; en el Juzgado 9° de Paz, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de José Roberto Castro Bran (quien había desaparecido y este portaba su licencia de conducir); en el Tribunal 4° de Sentencia, por el delito de estafa agravada en perjuicio de tres víctimas; en el Tribunal 4° de Sentencia, por estafa; y por el Juzgado de Paz de Santa Ana, también por estafa.
Un acuerdo conciliatorio de $800
El Tribunal 3° de Sentencia instaló la vista pública en contra de Walter, luego de que el Juzgado de Instrucción de San Marcos ordenara la apertura a juicio por estafa. Este sería el sexto caso delictivo que se le suma al guatemalteco en tierras salvadoreñas.
El pasado 31 de julio se instaló la audiencia especial de verificación de acuerdo conciliatorio, en donde el imputado le entregó $400 a Joseline y otra cantidad similar sería completada en el recién pasado mes de agosto.
Mientras tanto, Walter continuará detenido en el Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, hasta esclarecer el resto de faltas cometidas, siendo la más grave el caso de homicidio.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
