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Judicial

Fiscalía solicita prisión para pandilleros que traficaban droga en Morazán

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La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado instrucción formal con detención provisional contra los tres sujetos, por los delitos de posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con el registro fiscal, Raúl Antonio E. S., José de Jesús U. A. y Mirna Estrella M. fueron detenidos en las afueras de Corinto, departamento de Morazán, donde se les decomisó droga y dos vehículos (una motocicleta y un pick up) en los cuales se movilizaban en la zona.

En este mismo procedimiento, a Umaña también se le decomisó una pistola y un cargador con munición para la misma. En el caso de Escobar Saravia se verificó que éste tiene vigente una orden de captura por el delito de agrupaciones ilícitas en un Juzgado de San Miguel.

Los tres sujetos fueron presentados en el Juzgado de Paz de Corinto A Umaña se le agrega el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

La Fiscalía ha solicitado instrucción formal con detención contra los tres sujetos, cuya audiencia inicial se realizará el lunes venidero.

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Judicial

61 años de cárcer para hombre que producía pornografía infantil en El Salvador

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.

Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.

La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

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Judicial

FGR logra que procesados en Caso SITRAMSS sean enviados a juicio

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Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.

En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.

Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.

Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.

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Judicial

Autoridades piden seis años de cárcel para diputado desaforado Erick García

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En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.

Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.

García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.

Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.

Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.

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