Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio continuaron este martes con la incautación de los bienes a nombre de Luis Alfonso Amaya Pineda y su grupo familiar, procesados por tráfico ilícito de droga, desde octubre de 2022.

Los bienes y cuentas bancaria que en su totalidad ascienden a $4 millones comenzaron a ser decomisados el pasado lunes y está previsto que el procedimiento culmine el miércoles.

La Fiscalía General de la República confirmó que en el segundo día de diligencias incautaron 13 vehículos a nombre de Amaya Pineda y su familia, los automotores están valuados en $130,000.

«Entre estos hay 3 pickup del año, con un valor estimado de $29,000 cada uno», destacó el ministerio público. Luis Alfonso Amaya y su esposa Zaida Lisseth Candel Osorio, son procesados en el Tribunal Tercero contra Crimen Organizado de San Salvador.

Fueron arrestados por orden de la Fiscalía el 22 de febrero de 2023 en residencial Bosques de Santa Elena Sur, Antiguo Cuscatlán, en ese domicilio les hallaron siete kilos de cocaína y otras 10 porciones de diferente tamaño, con un precio de $197,449.90.

Ambos tienen el proceso penal por los delitos de tráfico ilícito y tenencia ilegal de arma de fuego.

Fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Narcotráfico han perfilado a Luis Alfonso Amaya, como jefe de una estructura de narcotráfico que transporta droga desde Costa Rica y Panamá, y que tiene nexos con la Mara Salvatrucha.

Además, Alfredo Amaya Pineda, hermano de Alfonso Amaya, tiene causa penal por los mismos delitos tras ser detenido el 5 de octubre del 2022 en la colonia Santa Clara de Cojutepeque, le hallaron enterrados en su casa de habitación 39 de kilos de cocaína.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad, condenó a cuatro soldados a seis años y ocho meses por haber asesinado a un ingeniero.

Los condenados son: Darwin Remberto Martínez López, Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos, quienes en la vista pública fueron declarados responsables de homicidio simple.

El expediente fue judicializado como homicidio agravado, pero en la calificación final que hizo el tribunal consideró necesario modificarlo a homicidio simple ya que no se reunían los requisitos para condenar con agravante.

En el juicio, la Fiscalía General de la República acreditó que la noche del 12 de agosto de 2021, en la colonia San José, de Santa Tecla, un grupo de soldados que patrullaban la zona le ordenó al ingeniero Manuel Antonio Escalante Palomo que detuviera la marcha y le dispararon, acción que desencadenó en la muerte del profesional.

Por ese hecho los saldados fueron detenidos y procesados en los tribunales de Santa Tecla. En el juicio se resolvió que los imputados decidieron disparar al verse en el supuesto peligro de un ataque ilegítimo por parte de la víctima y no agotaron el uso de técnicas no letales, pues la conducta de la víctima no representó un motivo para disparar.

Bajo ese argumento y aplicando las reglas de la sana crítica se modificó el delito y se les impuso la pena. Darwin Remberto Martínez López, seguirá en detención mientras que Isaías Adalberto Sandoval Gómez, Daniel Carrillo Sánchez y Edgardo Alexander Damián Ramos gozarán de medidas, hasta que la sentencia quede en firme.

La Fiscalía o defensa todavía tienen la opción de presentar un recurso de apelación y mientras la sentencia no esté ejecutoriada, los imputados seguirán con las medidas que tenían hasta el día de la vista pública.

Una de las líneas de investigación contra el expresidente del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), Juan Pablo Durán Escobar, detalla que habría sobornado para facilitar el otorgamiento de préstamo a un empresario del transporte, informó ayer el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Ante el cuestionamiento al funcionario, en la entrevista televisiva de Frente a Frente, sobre si Durán estaba vinculado con un caso de otorgamiento de crédito a un empresario de autobuses, Villatoro respondió que «ese es uno de los casos, quita un «crédito chatarra» a otra institución financiera y se lo trae ese crédito a Bandesal donde hay dinero de salvadoreños, que precisamente era para promover el desarrollo».

Sobre cuáles eran los beneficios que recibía Durán ante estos procedimientos, Villatoro detalló que «todas esas son parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía, pero con solo el hecho que haya puesto no solo el delito de actos arbitrarios sino de cohecho impropio, hay dinero de por medio», afirmó.

Durán fue capturado el pasado 30 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Salvador y se le acusa de los delitos de actos arbitrarios y de cohecho impropio (dar o pedir sobornos).

«Cuando se le informa que ya no sería presidente de BANDESAL a raíz de unas anormalidades, que se comunican a la Fiscalía, él sale de BANDESALL con una investigación abierta, se van detectando otra cantidad de anormalidades y eso al final es lo que da pie para la Fiscalía para emitir esa orden administrativa de captura», dijo Villatoro.

Durán, separado de su cargo en marzo de 2022. El pasado sábado tras su captura, el presidente de la República, Nayib Bukele dijo: «En marzo pasado, destituí a Juan Pablo Durán como resultado de una investigación interna que se realizó en Bandesal, sin embargo, en lugar de engavetarla como hacían antes, se la entregamos a la Fiscalía para que ellos redujeran responsabilidades».

El mandatario reiteró su compromiso de cero impunida al tiempo que advirtió a actuales y anteriores funcionarios que todo el peso de la ley les caerá si participan de actos de corrupción.

El pasado 30 de septiembre, tras la captura de Durán, Bukele posteó: «A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno».