Judicial
Extorsionista es condenado a 15 años seis meses de cárcel en Chalatenango
La Fiscalía General de la República (FGR), informó que se logró la condena de 15 años seis meses de prisión contra Óscar Humberto Diaz Girón, por el delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de la víctima que goza de medidas de protección con clave “Zeta 2019”.
En la audiencia realizada en el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, y después del desfile probatorio realizado la representación fiscal tales de tipo documental, pericial y testimonial de la víctima. El juzgador resolvió imponer a Óscar Humberto Diaz Girón, la pena de 15 años seis meses de prisión.
De acuerdo a la relación de los hechos el 2 de agosto de 2019, el imputado le salió al paso a la víctima portando un arma de fuego con la cual amenazó con matarlo junto con su familia, si no le entregaba US$300.00, a lo que la víctima por el miedo le manifestó que le iba a entregar solo US$150.00, que era lo que en ese momento llevaba y que el resto se los daría en otra ocasión, a lo que el imputado le dijo que se los depositara en una cuenta que proporcionaría posteriormente y dentro de tres días tendría que depositarle.
Luego en horas de la tarde de ese mismo día, la víctima encontró una hoja de papel con número de una cuenta bancaria donde decía que a ese número le depositara el dinero, lo cual accedió la víctima en depositar los restantes US$150.00.
Posteriormente le dan seguimiento al imputado, quien fue detenido en flagrancia, realizándole una requisa personal, encontrándose en su poder el dinero producto del delito de Extorsión, es identificado como Óscar Humberto Diaz Girón, los agentes proceden a leerle sus derechos y es llevado ante los tribunales para enfrentar a la justicia.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
