Judicial
Exsecretario de Comunicaciones en periodo de Funes y cinco más seguirán proceso en libertad
El exsecretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, David Rivas y cinco más de la gestión del expresidente, Mauricio Funes Cartagena, seguirá su proceso en libertad por orden del juez Séptimo de Instrucción de San Salvador, debido a que pasaron más de dos años en la cárcel sin ser condenados.
Se conoció esta tarde, que en audiencia especial cesó la detención provisional por el caso que la Fiscalía General de la República (FGR) denominó como “Saqueo Público”, los imputados Luis Miguel Ángel García, Ana Elizabeth Coto, Jorge Alberto Herrera Castellano, Rigoberto Palacios Panameño, Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza y David Marciano Rivas, este último exsecretario de Comunicaciones, cumplieron dos años de estar presos este 11 de junio y basado en el artículo 8 del Código Procesal Penal, todos recuperan su libertad.
Los imputados que recuperaron la libertad estarán bajo la supervisión de una persona que se haga responsable para hacerlos comparecer al proceso, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad penal en caso que ellos no se presenten a un requerimiento.
No obstante, antes de emitir la orden de libertad, el juzgado va a verificar quienes son las personas que se harán responsables de los procesados, el lugar donde se encontrará una vez se cumplan las medidas acordó el juez.
En el caso de los señores Francisco Rodríguez Artiaga, Pablo Gómez y el empresario José Miguel Meléndez Avelar, mejor conocido como Mecafé, el juez cesó la detención provisional por estar a la orden de otras sedes judiciales.
Por este caso, la fiscalía acusó a un total de 31 personas entre ellos al expresidente, Mauricio Funes Cartagena sus colaboradores más cercanos, familiares y otros.
Todos son acusados por el delito de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
Estas personas tenían la calidad de imputados presentes por tal razón el Juzgado Quinto de Paz les decretó detención provisional el 11 de junio del 2018.
Según la investigación de las autoridades, Funes Cartagena, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos y programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos a proveedores ficticios, en gastos operativos de la presidencia de la República y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Los imputados supuestamente dispusieron del dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos, así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según requerimiento fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
