Judicial
Establecen 6 meses para etapa de instrucción contra Paolo Luers y otros acusados de comprar votos a líderes de pandillas
El proceso judicial en contra de Paolo Luers, Arístides Valencia, otros exfuncionarios del FMLN, el actual alcalde de San Salvador y otros acusados de comprar votos a las pandillas inició a la etapa de instrucción, según indicó el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La etapa de instrucción tendrá una duración de seis meses, tiempo que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) para ampliar las investigaciones en contra del exministro de Gobernación René Arístides Valencia, exministro de Seguridad, Benito Lara; el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, el periodista Paolo Luers y los señores Raúl Mijango y William Alexander Alvarado.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los exfuncionarios de crear pactos con cabecillas de las estructuras pandilleriles a quienes les ofrecían grandes cantidades de dólares a cambio que votaran a favor de los partidos FMLN y ARENA; mientras que Luers, Mijango y Alvarado son acusados de ser los mediadores de las negociaciones.
Finalmente, el juzgado recuerda a los procesados que debido a que finalizó la suspensión de plazos deben continuar cumpliendo la medida cautelar de acudir al juzgado que conoce el caso para firmar asistencia
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
