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Fiscalía de México afirma que tiene pruebas de un presunto soborno de «varios millones de pesos» entregado al juzgado que liberó a ‘el Mochomo’
La Fiscalía General de la República (FGR) de México, aseguró este jueves que tiene pruebas de un presunto soborno millonario que fue entregado al personal del juzgado que ordenó la liberación de José Ángel Casarrubias Salgado, ‘el Mochomo’, implicado en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
En un comunicado publicado este día, la dependencia informó que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tiene «intervenciones» autorizadas por un juez, sobre un soborno «por varios millones de pesos», realizado por allegados a ‘el Mochomo’, y que habría sido entregado «a personal del juzgado» que decretó la libertad de Casarrubias Salgado.
La FGR señaló al Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México de desechar 21 pruebas que fueron admitidas en la investigación iniciada en 2014 contra ‘el Mochomo’, pese a que eran «válidas».
El martes de esta semana, una jueza federal ordenó la liberación de ‘el Mochomo’, quien había sido detenido el pasado miércoles 24 de junio en Metepec, Estado de México, y encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de El Altiplano, en Almoloya de Juárez.
Al día siguiente, ‘el Mochomo’ salió del penal tras el fallo judicial, pero fue reaprehendido minutos después por personal de la FGR, que presentó una nueva orden de captura contra Casarrubias, ahora por delincuencia organizada.
Mientras ‘el Mochomo’ enfrenta un proceso judicial por su presunta participación en el cártel Guerreros Unidos, la FGR ha informado que solicitará una nueva orden de captura contra él, por hechos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, que fue la principal acusación que llevó a su detención hace una semana.
Combate a la corrupción
La orden de liberación de ‘el Mochomo’, dictada por una jueza federal, causó un gran impacto al interior del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante su conferencia matutina, López Obrador explicó que la corrupción alcanzó todos los sectores de la administración pública, por lo cual, se ha iniciado un proceso de «limpia» tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Judicial.
Horas después, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y vigilancia del Poder Judicial, informó en un comunicado que presentó una denuncia interna sobre «posibles actos de corrupción y vicios jurídicos» en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México.
«Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente», señaló el CJF, tras el escándalo por la orden de liberación de ‘el Mochomo’.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
