Judicial
Denuncia públicamente a la FGR ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Eduardo Vásquez Bécker realizó una denuncia pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Además hizo extenso su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y a la señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, Jean Manes.
Dicha denuncia fue publicada tal cual por el diario Colatino, en la cual expresa una serie de “atropellos a la libertad de Prensa y Libre Expresión” por parte del titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
Este es el escrito íntegro, tomado del portal web de dicho medio informativo:
Señora Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez
Presente.
Por este medio me dirijo a usted como máxima representante de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, de la cual honrosamente ha sido elegida su nueva presidenta, para exponer el atropello a la libertad de Prensa y Libre Expresión por parte del señor Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez.
Antecedentes: Soy Eduardo Vázquez Bécker, de 83 años de edad, de los cuales 60 los he dedicado al difícil ejercicio del periodismo en sus diversas ramas.
Premio “Periodismo Educativo, Científico Y Cultural” 1976. Corresponsal de la agencia noticiosa The Asociated Press (AP), durante el conflicto armado en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Corresponsal para el periódico “La Prensa”, de México, durante dicho conflicto; Corresponsal de la agencia Notimex, Corresponsal de WXTV, New York, Director del periódico Cultura y Pueblo, Presidente del Círculo de Periodismo Científico y presidente de la Asociación de Periodistas de Centroamérica y Panamá (1972-1975) y actualmente Director Propietario del periódico digital Diario Latino (diariolatino.net) y Editor Jefe del periódico digital LaGaceta503.com. Analista y asesor de imagen en el ejercicio particular de la profesión de comunicólogo.
Es el caso, Honorable Señora Presidenta, que desde hace aproximadamente dos años, la defensa técnica de los imputados en un caso sobre averiguar corrupción, denominado Rais-Martínez, hizo pública una denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual denunciaban una supuesta “fabricación” de pruebas judiciales por parte de empleados y funcionarios de la FGR, citando elementos concretos y nombres precisos de los responsables. Enrique Rais es un reconocido empresario salvadoreño y Luis Martínez ha sido Fiscal General de la República.
Dada la aparente veracidad de los denunciantes y la indiferencia del Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, nuestros medios electrónicos, diariolatino.net y LaGaceta503.com, se dieron a la tarea de investigar y divulgar las denuncias de los abogados del caso Rais-Martínez, seguros de que con ello contribuimos al fortalecimiento del debido proceso y al Estado de Derecho Constitucional de Derecho de la República de El Salvador.
Nuestra línea editorial ha sido una permanente exhortación al Fiscal Meléndez para que diga públicamente, si los hechos que le atribuyen los abogados del caso Rais-Martínez carecen o no, de veracidad; es decir, si son o no falsos. El titular solo se refiere al caso para lanzar improperios a diestro y siniestro.
El ex fiscal Luis Antonio Martínez, se encuentra detenido desde hace más de dos años sin ser juzgado y ante la posibilidad de que pudiese obtener su libertad, la Fiscalía General “fabricó”, y esto es una afirmación de su servidor, un nuevo caso contra el ex fiscal Martínez, acusándole de una serie de delitos, suficientes para mantener encarcelado indefinidamente al ex funcionario Martínez, mientras el actual titular del ramo busca ser reelecto por un nuevo periodo.
El “hallazgo” de un contrato suscrito por la FGR y este servidor, para prestar servicios profesionales de asesoría de imagen al ex fiscal Martínez, fue pretexto para que el Fiscal Meléndez me vinculara al nuevo proceso con carácter de cómplice necesario en el delito de Peculado, atribuido al ex funcionario Martínez.
Para ser sujeto activo de dicho delito, en cualquiera de sus formas, se requiere indispensablemente ser funcionario o empleado, sometido a una relación de obediencia y dependencia del Estado. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.
Ese fue el pretexto, pero la razón principal y la causa real para “armar” un caso en mi contra, ha sido la línea editorial que he mantenido por más de dos años y la publicación de “campos pagados” con críticas y denuncias graves contra el actual Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez.
Durante la Audiencia preliminar, efectuada el pasado sábado 20 de octubre, la honorable juez cuarto de paz, licenciada Nelly Posada, consideró que los argumentos con los que se me vinculó al caso eran “incongruentes” y faltos de justificación jurídica, por lo que ordenó mi inmediata libertad, de manera irrestricta; es decir, sin medidas sustitutivas de ninguna naturaleza a la detención. Esto fue luego de mantenerme bajo prisión por siete días.
Coincidentemente en el momento que era puesto en libertad, el periódico DiarioLatino.net del que, además de propietario soy director general, y LaGaceta503.com han sido saboteados y sacados de la nube, causándome agravios de incalculable importancia por no poder cumplir mis compromisos con la sociedad salvadoreña como con los miles de mis seguidores en distintos lugares del mundo.
Señora Presidenta: las actitudes del Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, son un flagrante atropello a la Libertad de Prensa y al libre ejercicio de la libre expresión; razón por la que, de la manera más respetuosa, le solicito:
1º. Solicitar al Fiscal General de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez, que investigue quién y por orden de quién, realizó el sabotaje y paralización de los medios electrónicos diariolatino.net y que cese todo tipo de persecución política en mi contra.
2º. Hacer del conocimiento de la comunidad periodística interamericana, el atropello del que estoy siendo víctima y de la supresión de los medios digitales de los que soy director editorial.
4º. Prevenir al Fiscal General de la República, señor Douglas Arquímedes Meléndez, en el sentido de que sus acciones en mi contra constituyen una violación a la Libertad de Prensa Continental y la libre expresión contenida en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Respetuosamente: Eduardo Vázquez Bécker, con identificación Documento Personal de Identificación, DPI 2931 990350101. República de Guatemala, Centroamérica.
Cito para oír notificaciones mi dirección electrónica: evazquezbecker@diariolatino.biz.
San Salvador, El Salvador, 24 de octubre de 2018
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
Judicial
Capturan en Morazán a presunto pandillero de la MS-13 buscado por homicidio agravado y otros delitos
La Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), capturó a Marvin Esaú González Cruz, alias “Skate”, señalado por las autoridades como integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13). El procedimiento se desarrolló en el distrito de San Francisco Gotera, municipio de Morazán Sur, como parte de las operaciones de seguridad realizadas en la zona oriental del país.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, González Cruz era requerido por la justicia debido a órdenes de captura relacionadas con los delitos de homicidio agravado y pertenencia a organizaciones terroristas. Su detención permitió ponerlo a disposición de las instancias judiciales que lo reclamaban para continuar con el proceso correspondiente.
La intervención fue ejecutada mediante la coordinación entre agentes policiales y efectivos militares, quienes localizaron al sospechoso en San Francisco Gotera. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias del homicidio que se le atribuye ni sobre la fecha en que habrían ocurrido los hechos investigados.
El caso se suma a los procedimientos realizados recientemente en Morazán contra personas señaladas de pertenecer a estructuras criminales. El pasado 8 de octubre también se reportó la captura de José Ubaldo Colindres Robles en el distrito de Sociedad, Morazán Sur, quien, según la PNC, posee antecedentes por homicidio desde 2017 y presuntos vínculos con la MS-13.
Tras su arresto, González Cruz será remitido al juzgado que emitió el requerimiento judicial, donde deberá responder por los delitos que se le atribuyen. Su situación jurídica será determinada durante el proceso correspondiente, conforme a las pruebas presentadas por las autoridades competentes.
