Judicial
Denuncia públicamente a la FGR ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)
Eduardo Vásquez Bécker realizó una denuncia pública de la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Además hizo extenso su llamado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte Europea de Derechos Humanos, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), y a la señora Embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica en El Salvador, Jean Manes.
Dicha denuncia fue publicada tal cual por el diario Colatino, en la cual expresa una serie de “atropellos a la libertad de Prensa y Libre Expresión” por parte del titular del Ministerio Público, Douglas Meléndez.
Este es el escrito íntegro, tomado del portal web de dicho medio informativo:
Señora Presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, María Elvira Domínguez
Presente.
Por este medio me dirijo a usted como máxima representante de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, de la cual honrosamente ha sido elegida su nueva presidenta, para exponer el atropello a la libertad de Prensa y Libre Expresión por parte del señor Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez.
Antecedentes: Soy Eduardo Vázquez Bécker, de 83 años de edad, de los cuales 60 los he dedicado al difícil ejercicio del periodismo en sus diversas ramas.
Premio “Periodismo Educativo, Científico Y Cultural” 1976. Corresponsal de la agencia noticiosa The Asociated Press (AP), durante el conflicto armado en Centroamérica y particularmente en El Salvador. Corresponsal para el periódico “La Prensa”, de México, durante dicho conflicto; Corresponsal de la agencia Notimex, Corresponsal de WXTV, New York, Director del periódico Cultura y Pueblo, Presidente del Círculo de Periodismo Científico y presidente de la Asociación de Periodistas de Centroamérica y Panamá (1972-1975) y actualmente Director Propietario del periódico digital Diario Latino (diariolatino.net) y Editor Jefe del periódico digital LaGaceta503.com. Analista y asesor de imagen en el ejercicio particular de la profesión de comunicólogo.
Es el caso, Honorable Señora Presidenta, que desde hace aproximadamente dos años, la defensa técnica de los imputados en un caso sobre averiguar corrupción, denominado Rais-Martínez, hizo pública una denuncia contra la Fiscalía General de la República (FGR), en la cual denunciaban una supuesta “fabricación” de pruebas judiciales por parte de empleados y funcionarios de la FGR, citando elementos concretos y nombres precisos de los responsables. Enrique Rais es un reconocido empresario salvadoreño y Luis Martínez ha sido Fiscal General de la República.
Dada la aparente veracidad de los denunciantes y la indiferencia del Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez, nuestros medios electrónicos, diariolatino.net y LaGaceta503.com, se dieron a la tarea de investigar y divulgar las denuncias de los abogados del caso Rais-Martínez, seguros de que con ello contribuimos al fortalecimiento del debido proceso y al Estado de Derecho Constitucional de Derecho de la República de El Salvador.
Nuestra línea editorial ha sido una permanente exhortación al Fiscal Meléndez para que diga públicamente, si los hechos que le atribuyen los abogados del caso Rais-Martínez carecen o no, de veracidad; es decir, si son o no falsos. El titular solo se refiere al caso para lanzar improperios a diestro y siniestro.
El ex fiscal Luis Antonio Martínez, se encuentra detenido desde hace más de dos años sin ser juzgado y ante la posibilidad de que pudiese obtener su libertad, la Fiscalía General “fabricó”, y esto es una afirmación de su servidor, un nuevo caso contra el ex fiscal Martínez, acusándole de una serie de delitos, suficientes para mantener encarcelado indefinidamente al ex funcionario Martínez, mientras el actual titular del ramo busca ser reelecto por un nuevo periodo.
El “hallazgo” de un contrato suscrito por la FGR y este servidor, para prestar servicios profesionales de asesoría de imagen al ex fiscal Martínez, fue pretexto para que el Fiscal Meléndez me vinculara al nuevo proceso con carácter de cómplice necesario en el delito de Peculado, atribuido al ex funcionario Martínez.
Para ser sujeto activo de dicho delito, en cualquiera de sus formas, se requiere indispensablemente ser funcionario o empleado, sometido a una relación de obediencia y dependencia del Estado. Yo no soy ni lo uno ni lo otro.
Ese fue el pretexto, pero la razón principal y la causa real para “armar” un caso en mi contra, ha sido la línea editorial que he mantenido por más de dos años y la publicación de “campos pagados” con críticas y denuncias graves contra el actual Fiscal General de la República, Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez.
Durante la Audiencia preliminar, efectuada el pasado sábado 20 de octubre, la honorable juez cuarto de paz, licenciada Nelly Posada, consideró que los argumentos con los que se me vinculó al caso eran “incongruentes” y faltos de justificación jurídica, por lo que ordenó mi inmediata libertad, de manera irrestricta; es decir, sin medidas sustitutivas de ninguna naturaleza a la detención. Esto fue luego de mantenerme bajo prisión por siete días.
Coincidentemente en el momento que era puesto en libertad, el periódico DiarioLatino.net del que, además de propietario soy director general, y LaGaceta503.com han sido saboteados y sacados de la nube, causándome agravios de incalculable importancia por no poder cumplir mis compromisos con la sociedad salvadoreña como con los miles de mis seguidores en distintos lugares del mundo.
Señora Presidenta: las actitudes del Fiscal General de la República de El Salvador, Douglas Meléndez, son un flagrante atropello a la Libertad de Prensa y al libre ejercicio de la libre expresión; razón por la que, de la manera más respetuosa, le solicito:
1º. Solicitar al Fiscal General de El Salvador, Douglas Arquímedes Meléndez, que investigue quién y por orden de quién, realizó el sabotaje y paralización de los medios electrónicos diariolatino.net y que cese todo tipo de persecución política en mi contra.
2º. Hacer del conocimiento de la comunidad periodística interamericana, el atropello del que estoy siendo víctima y de la supresión de los medios digitales de los que soy director editorial.
4º. Prevenir al Fiscal General de la República, señor Douglas Arquímedes Meléndez, en el sentido de que sus acciones en mi contra constituyen una violación a la Libertad de Prensa Continental y la libre expresión contenida en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
Respetuosamente: Eduardo Vázquez Bécker, con identificación Documento Personal de Identificación, DPI 2931 990350101. República de Guatemala, Centroamérica.
Cito para oír notificaciones mi dirección electrónica: evazquezbecker@diariolatino.biz.
San Salvador, El Salvador, 24 de octubre de 2018
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
