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Definen pruebas y fecha de juicio a exalcalde Apopa, Elías Hernández y otras siete personas

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Escuchas telefónicas, 33 testigos y seis peritos fueron ofrecidos como prueba en contra del exalcalde Apopa, Elías Hernández, en una audiencia especial que realizó este miércoles el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

El juez que presidió la diligencia de selección de prueba acordó con fiscales y defensores que la vista pública será el próximo 11 de septiembre.

La causa penal es promovida en contra del exfuncionario municipal, su esposa Evelinda Serrano de Hernández, su hijo Darwin Hernández y otros cinco imputados.

El exalcalde y cuatro de los procesados enfrentarán un proceso ordinario, una fuente cercana al proceso confirmó que Elías Hernández se habían planteado confesar los hechos y someterse al proceso abreviado, pero desistió al final porque la Fiscalía pedía como requisito que pagara en concepto de responsabilidad civil los $591,000 que supuestamente se apropió.

Solo se irán con proceso abreviado Evelinda Serrano de Hernández y otra acusada, mientras que Darwin Hernández se someterá a una suspensión condicional del procedimiento bajo el pago de una responsabilidad civil, este último beneficio no fue autorizado por la Fiscalía a los cuatro imputados que junto a Elías Hernández enfrentarán el juicio ordinario.

El exalcalde de Apopa, es acusado de negociaciones ilícitas y peculado (apropiarse de fondos públicos), su esposa e hijo, por el delito de cohecho (soborno), que cometieron cuando contactaron a testigos y ofrecieron dinero para que no llegaran a declarar en un juicio en contra del exfuncionario.

El expediente certifica la existencia de una red creada para desviar fondos públicos y cometer una serie de delitos. Según la acusación, Elías Hernández se apropió junto a los miembros de la estructura de $591,000.

Los hechos ocurrieron entre los años 2013 al 2016, una de las formas de apropiación de fondos fue cuando Hernández supuestamente ordenó que las compras de insumos de la alcaldía de Apopa se le hicieran a su esposa.

Después cambió la modalidad y Evelinda de Serrano ya no entregaba los suministros, sino que se falsificaba las órdenes de compras en procesos de libre gestión para justificar la erogación de fondos que recibía su esposa.

El ministerio público dice que fueron entregados $350,000 en facturas a cambio de suministros, mientras que en los otros $291,000 no se otorgaron productos ya que se alteraron las facturas haciendo ver que se entregó el material requerido.

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Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego

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Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.

Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.

Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.

El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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